La escalada de irregularidades financieras en el Ministerio de Agricultura afectaron también fondos destinados a la Seguridad Social de empleados por la suma de RD$ 95,697,558, en la gestión Luis Ramón Rodríguez Peña.
Así lo revela una experticia financiera realizada por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) a los ingresos y gastos del Ministerio de Agricultura durante el periodo 2013-2015; y en la cual se hallaron múltiples operaciones financieras no transparentadas.
La investigación detalla en su informe, que las autoridades de la entidad gubernamental dejaron de retener fondos destinados al Seguro Familiar de Salud (SFS); Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) durante el periodo auditado, que afectó a una parte del personal de la institución.
Las fiscalización indican que el Ministerio de Agricultura no ejecutó los descuentos pertinentes a los empleados de servicios especiales y contratados, por concepto del Seguro Familiar de Salud y la Administradora Fondo de Pensiones, por el monto de RD$ 25,879,724.
Asimismo, las autoridades de agricultura dejaron de descontar a los empleados igualados y de servicios especiales los montos correspondientes a la Seguridad Social (AFP, ARL y SFS) por la suma de RD$ 66,904,629.
Los auditores cuestionan en su informe, que tampoco fueron descuidos de las nóminas de jornaleros la partida de RD$2,913,205, correspondiente al Seguro Familiar de Salud y la Administradora de Fondos de pensiones, en violación a la Ley 87-01 que crea Sistema Dominicana de Seguridad Social y sus modificaciones.
El artículo 28 de la normativa refiere: “a) Administrar el sistema único de información y mantener registros actualizados sobre los empleadores y sus afiliados, y sobre los beneficiarios de los tres regímenes de financiamiento; b) Recaudar, distribuir y asignar los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS); c) Ejecutar por cuenta del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) el pago a todas las instituciones participantes, públicas y privadas, garantizando regularidad, transparencia, seguridad, eficiencia e igualdad.”
La mala práctica de las autoridades del Ministerio de Agricultura dejó desprotegidos a cientos de empleados y jornaleros de la institución, que no tuvieron acceso a los beneficios de la Seguridad Social durante los años 2013 hasta 2015.
La CCRD señala que el artículo 144 de la referida ley 87-01 expresa que ‘’El empleador público o privado es responsable de inscribir al afiliado, notificar los salarios efectivos o los cambios de estos, retener los aportes y remitir las contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social en el tiempo establecido por la presente ley y sus normas complementarias […]”.
En una comunicación enviada a los auditores de la CCRD, la señora Joelina Del Socorro Marte, directora de Nóminas del Ministerio de Agricultura, señala que el personal contratado e igualado presta servicios sin relación de dependencia, y que de acuerdo con el artículo 267, párrafo 11, del apartado b, solo se le retira 10$ sobre su remuneración.
“El personal registrado en las nóminas de Servicios Especiales, son obreros cuyos pagos o remuneraciones no son objeto de ningún tipo de deducción, por dicha razón es que durante el período auditado 2013-2015, no se ejecutaron retenciones ni aportes para la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en las nóminas citadas", segura la exfuncionario del institución oficial.
En respuesta a la señora Joelina del Socorro Marte, la Cámara de Cuentas recomienda a las autoridades de agricultura que al ministro le corresponde a través de Recursos Humano y Nóminas que se apliquen las retenciones y pagos a la TSS correspondiente el personal contratado e igualado, “ya que esto tienen un impacto negativo sobre los fondos acumulados del personal al momento de su retiro.”