El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) declaró que garantiza el correcto funcionamiento del sistema de semáforos de Santo Domingo.
A través de un comunicado, la institución manifestó que “como órgano responsable de la gestión y regulación del tránsito y del transporte terrestre, aseguramos que las operaciones cotidianas de la red semafórica continuarán como de costumbre en las calles y avenidas de la ciudad, a través del Centro de Gestión y Control”.
Asimismo, el comunicado expresa que la Ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, le confiere al Intrant la atribución de supervisar la correcta señalización horizontal y vertical, así como la adecuada colocación de los dispositivos de control de tráfico en la red de comunicación vial, colocadas acordes con las especificaciones de los manuales nacionales e internacionales.
El anuncio del Intrant se produce luego que la jueza Diana Moreno Rodríguez, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, rechazara por improcedente el habeas corpus preventivo sometido por Pedro Vinicio Padovani Báez, propietario de la empresa Transcore Latam, SRL. contra la Dirección Nacional de Investigación (DNI) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El abogado de la parte demandante, Carlos Balcácer, declaró esta tarde la prensa que el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo podría ser desconectado a causa de la suspensión contrato de su cliente con el Intrant, dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
El representante legal de Padovani Báez, Carlos Balcácer, dijo que el recurso fue sometido luego de la reciente suspensión del contrato por más de 1,300 millones de pesos para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, con la finalidad de impedir que su defendido sea sometido a la justicia en caso de que"la red semafórica sea apagada".
Según Balcácer, la empresa y su cliente se verían en la obligación de apagar la red semafórica debido a la investigación iniciada por Contrataciones Públicas, ya que al detener el proyecto mientras se realiza la pesquisa, Padovani Báez se ve imposibilitado para cumplir con sus obligaciones financieras y a sus empleados.