Las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos, de Ministerio Público, de Desarrollo Humano y de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, recibieron la presentación del primer estudio de trata de personas realizado en el país.
La presentación del estudio, encargado por Participación Ciudadana, estuvo a cargo de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas.
El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Dionicio Rodríguez Restituyo, tuvo a su cargo la dirección de la reunión donde se presentó dicho informe.
En la presentación del estudio sobre trata de personas se informó que el mismo fue realizado en once municipios de la geografía nacional.
La presentación del informe estuvo a cargo de Tahira Vargas y Sonia Hernández, ambas de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas.
El estudio fue realizado con el objetivo hacer un levantamiento que permita identificar la zona de mayor vulnerabilidad en caso de trata de personas de los territorios de impacto del proyecto.
Los municipios donde se realizó el estudio son Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís.
Sobre el informe
El informe señala que la trata de personas ha estado presente en el país desde antes de la pandemia por causa del COVID-19.
Sin embargo, destaca que durante la crisis varios factores aumentaron la vulnerabilidad de algunas personas, principalmente de las mujeres y niñas, debido a las limitantes para el acceso a servicios públicos, la pérdida de trabajo y o reducción del horario laboral.
El estudio muestra muchas coincidencias entre los distintos municipios con respecto a la trata de personas presentándose en todos los municipios las distintas modalidades de trata de personas (explotación sexual, trabajo forzoso, mendicidad forzada, servidumbre doméstica) y casos de trata interna, trata externa y de personas migrantes.
El documento explica que la trata de personas cuenta con un soporte de entramado social que fluye entre municipios, entre provincias y trasciende los territorios.
Según contempla el estudio la modalidad más aguda es la trata de personas con fines de explotación sexual comercial en los municipios de las zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica.
Explica que tanto en municipios ubicados en zonas turísticas como en aquellos no ubicados en estas zonas se encuentra una población migrante haitiana, venezolana, colombiana y en menor grado ecuatoriana que han sido y son víctima de trata de explotación sexual, trabajo forzoso, explotación sexual comercial de niñez y adolescencia, mendicidad forzada, matrimonio servil y servidumbre doméstica.
En el informe se recomienda al Congreso Nacional la actualización de la Ley 137-03 que castiga la trata de personas en la República Dominicana, por considerar que la misma está desfasada por lo que hay que adaptarla a los nuevos tiempos.
Indican que la débil judicialización de los casos de trata de personas en los municipios afecta notablemente la prevención y detección porque acrecienta el miedo a la denuncia y la desconfianza en la persecución del delito.
También se recomienda, en el estudio, promover la capacitación de los actores gubernamentales responsables de combatir el delito en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Incidir en favor de una mayor disposición de cantidad de recursos para el abordaje de la trata de personas desde el Estado y lograr que sea efectiva la judicialización y el establecimiento de sentencias condenatorias contra los tratantes entre otras recomendación.
En la presentación del informe llevado a cabo en el Salón Hugo Tolentino Dipp estuvieron los diputados que integran las comisiones de Derechos Humanos, del Ministerio Público, de Desarrollo Humanos, de Interior y Policía y de medios de comunicación.
De igual forma también estuvieron presentes representantes de la Coalición de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas.