Tras la reciente revelación que hizo la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) de que el Gobierno de EEUU estudia a más de 60 dominicanos (políticos, jueces, militares y empresarios) que próximamente sancionará por corruptos al amparo de la ley Magnitsky, se conoció que en junio pasado salió a la luz un estudio sobre algunas de las consecuencias de ello.
El estudio se centró en la identificación de algunos de los impactos que ya han padecido los 20 primeros sancionados por esa ley, entre ellos dos dominicanos: el senador Félix Ramón Bautista Rosario y el empresario Ángel Rondón implicados en los sobornos que pagó la brasileña Odebrech.
La empresa Odebrecht reconoció que pagó en la República Dominicana 92 millones de dólares en coimas, la mayor suma pagada por la empresa fuera de su país de origen.
Al margen de los procesos judiciales y de la exposición ante la opinión pública dominicana, Bautista Rosario y Ángel Rondón, sus familiares, allegados y sus empresas se han visto afectados no solo con el visado para entrar en EEUU al haberse aplicado la Ley Global Magnitsky en sus casos.
Sin entrar en la médula de los delitos que se les imputa, que si los cometieron o no, o que si ello fue justo o injusto, el estudio de junio pasado de International Lawyers Projets (ILP, Proyecto de Abogados Internacionales) destaca, por ejemplo, que el senador Félix Ramón Bautista Rosario sufrió que sus activos fueran congelados y también cómo el asunto ha perjudicado a su familia.
"Su esposa era propietaria y operaba al menos dos empresas dedicadas a servicios de arquitectura y diseño de interiores, además de poseer bienes raíces en el estado Florida. Administrar estos negocios y mantener la propiedad se volvió efectivamente imposible como resultado de la decisión de EEUU", se lee en el informe de International Lawyers Projets.
"Como propietaria de una firma de arquitectura y diseño de interiores -prosigue-, ella requiere asistir a varias ferias comerciales internacionales, como parte de sus servicios y para permitirse permanecer competitiva en el mercado", posibilidad que ha visto vedada.
Además, añade, "las relaciones bancarias son esenciales para el negocio" de la cónyuge del senador, pero los castigos de EEUU a su esposo la alcanzaron y "han interferido con la conducción de su negocio, en detrimento de algo que ella no se merece, como es el manejo adecuado de las propiedades en Florida, incluido el pago de impuestos y otros cargos y costos, imposibles de asumir sin acceso" al sistema bancario estadounidense.
Además, las visas estadounidenses de los dos hijos adultos de Bautista "fueron supuestamente canceladas o no renovadas", sostiene.
"Vale la pena señalar -prosigue el informe tras sostener que Bautista fue acusado de malversación de más de 100 millones de dólares de las arcas públicas dominicanas- que el impacto que las sanciones han tenido en su esposa e hijos ha sido presentado en litigios judiciales dirigidos a intentar invalidar las sanciones, lo que demuestra "de la manera más cruda posible" el impacto adicional de las medidas punitivas.
En el caso de Ángel Rondón, la visa estadounidense revocada y congelada una cuenta bancaria en EEUU "para pagar su crédito cargos en dólares estadounidenses" fue otra de las secuelas apuntadas por International Lawyers Projets.
Esta es una organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales y con certificado de equivalencia de caridad pública certificada de EEUU.
Un viaje de 20: un estudio empírico del impacto de las sanciones por corrupción de Magnitsky
El Proyecto de Abogados Internacionales (ILP), en asociación con Anton Moiseienko de la Universidad Nacional de Australia, realizó un estudio empírico del impacto de las sanciones anticorrupción de EEUU.
Esta investigación del impacto de las sanciones es la primera de su tipo en proporcionar hallazgos y recomendaciones que se sumarán a la comprensión de quienes formulan políticas sobre lo que las sanciones contra la corrupción al estilo de Magnitsky pueden lograr y logran en función de la evidencia empírica.
El informe de ILP destaca las siguientes recomendaciones:
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Los gobiernos no deben evaluar la eficacia de las sanciones únicamente en términos de resultados medibles, como la cantidad de activos congelados. Deben realizar revisiones periódicas del impacto de tales sanciones, aunque dicha revisión implique necesariamente evaluaciones imprecisas y subjetivas.
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Los gobiernos deben tratar de identificar y publicitar las redes corporativas asociadas con las personas sancionadas.
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Al determinar los objetivos apropiados para las sanciones de Global Magnitsky, los gobiernos deben priorizar a las personas que dependen del sistema financiero internacional y, por lo tanto, es más probable que así se vean afectadas.
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Al imponer sanciones de Global Magnitsky a aquellos cuyas irregularidades han sido abordadas por los sistemas de justicia nacionales, los gobiernos deben desarrollar una comprensión clara del valor agregado que ello implica.
EEUU, Reino Unido, Canadá y Australia se coordinan contra la corrupción al estilo Magnitsky, y así, geográficamente, las sanciones abarcan varias jurisdicciones a escala global.
¿En qué consiste la Ley Global Magnitsky?
Esta legislación data del año 2012 y penaliza con sanciones a personas que hayan cometido o hayan estado involucradas en asesinatos extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves de derechos humanos, incluido el robo de dinero público.
Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una legislación que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones.
La ley fue aprobada en 2012 y en un principio se aplicó a funcionarios rusos y otras personas implicadas en la muerte bajo custodia del abogado ruso Serguéi Magnitsky, en noviembre de 2009.
Magnitsky había denunciado la corrupción en Rusia y estuvo detenido por más de un año en una prisión, donde finalmente falleció a consecuencia de varias dolencias tras recibir una atención médica deficiente y golpizas.
Desde abril de 2016 la ley se aplica globalmente y autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a los infractores congelando sus activos, prohibirles acceso a la banca y la entrada al país.
Además de ir contra corruptos y cómplices en el lavado de activos y otras modalidades para encubrir delitos, esta ley incluye la protección de otros derechos, por lo que también castiga a quienes, según EEUU, impiden elecciones libres y democráticas, libertad de expresión, de religión, de asociación y reunión, y desconocen el derecho a un juicio justo.