El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que tiene disponibles unos RD$ 300 millones a la Procuraduría General de la República, para que esta institución trabaje en la instalación de un sistema de bloqueadores de señal en las cárceles del país.
En su sesión 036-2025, realizada el pasado jueves, el Consejo Directivo de Indotel aprobó la asignación de los fondos necesarios para este proyecto.
A través de una misiva, el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, le informó a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito que, como consecuencia de estadísticas que llevan intranquilidad a la sociedad, se hace realidad esta disponibilidad de fondos para erradicar los actos delictivos cometidos desde las cárceles.
“El 90 por ciento de las llamadas fraudulentas que se cometen se hacen desde una cárcel. Además, garantizamos una campaña educativa con la intención de concienciar amplios segmentos de la población, previniéndoles de llamadas molestosas con una intencional carga fraudulenta”, escribió Gómez Mazara.
Para asegurar la correcta administración de los fondos, Indotel ha solicitado que la Dirección General de Presupuesto asuma el control y la vigilancia de los recursos destinados al proyecto.
En ese sentido, Gómez Mazara destacó que los RD$ 300 millones permitirán a la Procuraduría General de la República llevar a cabo la licitación para la adquisición de los bloqueadores de señal.
“Indotel proveerá los recursos, pero la licitación estará a cargo de la Procuraduría,” señaló Gómez Mazara.
El proyecto comenzará con la instalación de bloqueadores en cuatro centros penitenciarios estratégicos. Estos son El Pino, en La Vega; el Centro de Corrección y Rehabilitación, del 15 de Azua; Anamuya, en Higüey, y el recinto penitenciario de Santiago, los cuales fueron seleccionados debido a la alta incidencia de delitos cibernéticos cometidos a través de teléfonos móviles.
La instalación de los bloqueadores de señal impedirán que los internos utilicen tecnologías móviles dentro de los recintos para cometer delitos como fraudes electrónicos, extorsiones y otras actividades ilícitas que ponen en riesgo a ciudadanos y empresas en todo el país.
La institución indicó que el uso indebido de teléfonos móviles dentro de los centros penitenciarios se ha convertido en una herramienta de delitos cibernéticos. Más del 85 % de las llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos y empresas en República Dominicana provienen de estos recintos.