El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a la supuesta cirujana plástica venezolana Karla María Moya Boada.
El tribunal ordenó que Moya Boada, quien ejercía la medicina sin tener títulos, cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
El juez Rigoberto Sena Ferreras adoptó la decisión atendiendo a un pedimento del Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Rolando Lima Tapia, quien advirtió lo oportuno de imponer la medida de coerción contra la imputada, en virtud de la gravedad de los hechos y porque la misma no cuenta con arraigo suficiente, por lo que representa peligro de fuga y podría sustraerse del proceso.
Su apresamiento fue ejecutado el lunes 25 de este mes por agentes de la Dirección General de Migración (DGM), atendiendo a una orden judicial en su contra cuando ésta intentó salir del país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, a pesar de que tenía orden de arresto y está en poder del Ministerio Público.
El Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, determinó que, con sus acciones, la extranjera habría violentando las disposiciones de los artículos 147, 148, 150, 151 y 258 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 92 y 156 de la Ley General de Salud 42-01.
Añade, que de igual forma se castigará a los infractores, “si los actos pasados o ejercidos por ellos tuvieren los caracteres de ese delito. Con las mismas penas se castigará el ejercicio abusivo de jurisdicción o funciones eclesiásticas”.
El caso de la falsa cirujana salió a la luz pública a través el programa N Investiga que produce la periodista Nuria Piera, que difundió varios reportajes revelando que la venezolana Moya Boada ejercía como cirujana sin títulos que la avalaran.
En ese orden, tras la denuncia pública de la periodista Nuria Piera, el Ministerio de Salud Pública realizó una investigación e intervino en el caso y dispuso el cierre del consultorio “Ki Centro Médico Integral del Caribe”, porque la propietaria, la hoy imputada Moya Boada, brindaba servicios médicos estéticos de manera irregular.
No obstante haber sido advertida por las autoridades, la venezolana desafió las autoridades de salud y dos meses más tarde, en una segunda investigación se determinó que la seudodoctora tenía abierto un consultorio en el Centro de Medicina Reproductiva Integral y de Atención a la Femenina (Cemeraf), donde retoma la realización de cirugías estéticas y empezó a recibir y dar consultas a pacientes en otro centro médico, razón por la que fue apresada y sometida a la justicia.