El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy por una unanimidad una resolución que abre las puertas a una acción internacional más frontal para ayudar a Haití a superar la inseguridad generalizada que la afecta por el accionar de las pandillas y, por ejemplo exhortó a todos los países a impedir el suministro de armas a las bandas criminales.

Los quince países del Consejo de Seguridad, permanentes y temporales advierte que la prioridad apunta a romper los nexos "entre los actores políticos y económicos" con los miembros de las bandas armadas.

Además, extiende por un año más el mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh), instancia creada tras la retirada de las fuerzas de paz de Haití .

El texto pide al secretario general de la ONU, António Guterres, que discuta con el Gobierno haitiano y otros países fórmulas adicionales para dar apoyo externo a las autoridades en su lucha contra las pandillas.

Sobre las elecciones

El Consejo de Seguridad pide a los haitianos que lleguen a un "acuerdo urgente sobre un marco sostenible, con plazos y comúnmente aceptado para un proceso político" dirigido por ellos y que permita organizar elecciones legislativas y presidenciales "inclusivas, pacíficas, libres, justas y transparentes tan pronto como lo permitan las condiciones de seguridad y los preparativos logísticos".

Ello, destaca, "con la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres y la implicación de la juventud, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes a través de un diálogo nacional inclusivo entre los haitianos".

Al respecto, solicita al Gobierno de Haití que presente una actualización" de los planes electorales"antes del 17 de octubre de 2022″.

Resolución íntegra

El Consejo de Seguridad,

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre Haití, incluida la resolución 2600 (2021),

Reafirmando su inquebrantable compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Haití,

Recordando en particular su resolución 2476 (2019), por la que se estableció la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) a partir del 16 de octubre de 2019 sobre la base del informe del Secretario General de 1 de marzo de 2019 (documento S/2019/198),

Reafirmando que condena en los términos más enérgicos el asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moïse, perpetrado el 7 de julio de 2021, e instando al Gobierno de Haití a que obligue a rendir cuentas a los autores sin demora,

Reconociendo la carta del Secretario General de 29 de abril de 2022 (documento S/2022/369), en la que se recomiendan ajustes en el mandato y los recursos de la BINUH para aumentar su eficacia, incluidos sus esfuerzos para apoyar y facilitar la interacción entre las autoridades nacionales de Haití, la sociedad civil y otras partes interesadas para fortalecer el estado de derecho y promover el respeto de los derechos humanos,

Poniendo de relieve la importancia de empoderar a la BINUH para que desempeñe su función de buenos oficios, a fin de implicar a todos los sectores de la sociedad haitiana, en particular a los actores políticos, la sociedad civil, las mujeres y los líderes religiosos, incluidas las comunidades que viven en zonas controladas por bandas, en apoyo del consenso político, así como en las reformas necesarias para ampliar el apoyo de asesoramiento policial a la Policía Nacional de Haití (PNH) y reabrir las comisarías de policía en respuesta a la violencia de las bandas armadas,

Observando con profunda preocupación las prolongadas crisis política, económica, de seguridad, de derechos humanos, humanitaria y alimentaria que atraviesa Haití, que siguen empeorando, y reafirmando el compromiso de la comunidad internacional de seguir apoyando al pueblo de Haití,

Expresando grave preocupación por los niveles extremadamente altos de violencia de las bandas y otras actividades delictivas, incluidos los secuestros y los homicidios, y la violencia sexual y de género, así como por la continua impunidad de los autores, y por las implicaciones de la situación de Haití para la región,

Destacando que encarar las causas profundas de la inestabilidad en Haití requiere soluciones políticas,

Instando a las autoridades haitianas a que encaren esa violencia y sus causas profundas de manera integral y urgente, en particular mediante el fortalecimiento del estado de derecho, medidas socioeconómicas, programas de reducción de la violencia, incluidos programas específicos centrados en la violencia sexual y de género y en la gestión de armas y municiones, y mediante el refuerzo de los mecanismos nacionales de rendición de cuentas y protección, así como mediante cualquier iniciativa encaminada a ayudar al funcionamiento del poder judicial,

Preocupado porque el tráfico y el desvío ilícitos de armas y material conexo de todo tipo socavan el estado de derecho y los derechos humanos y pueden impedir la prestación de asistencia humanitaria y tener consecuencias humanitarias y socioeconómicas negativas de gran alcance,

Reconociendo la urgente necesidad de encarar el reto de los flujos financieros ilícitos hacia Haití, que permiten operar a las bandas armadas y que plantean una amenaza creciente para la estabilidad del país, en particular dando prioridad a la ruptura de los vínculos entre los actores políticos y económicos y las bandas,

Acogiendo con beneplácito la creación del fondo colectivo para la asistencia a Haití en materia de seguridad, desarrollado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la BINUH, reconociendo el apoyo consultivo de la BINUH a la PNH, y alentando a la BINUH a desempeñar un papel de coordinación con respecto a la ayuda externa a la seguridad de Haití a través de ese fondo,

Acogiendo con beneplácito también la puesta en marcha por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de programas técnicos para ayudar a las autoridades nacionales a promover el control de las fronteras y los puertos, rastrear los flujos financieros ilícitos, colaborar a través de las fronteras para combatir la delincuencia transnacional, la corrupción y el tráfico de drogas y armas, en particular a través del Programa de Control de Contenedores de la UNODC y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en Haití y los programas de gestión de fronteras, y acogiendo con beneplácito además la hoja de ruta regional de la CARICOM para combatir el tráfico de armas de fuego,

Reconociendo que la BINUH requiere una movilidad y seguridad adecuadas, tanto dentro de Puerto Príncipe como fuera de la capital, incluso mediante una capacidad adecuada de conciencia de la situación y de vigilancia,

Reconociendo el importante papel de los países vecinos, de las organizaciones regionales y subregionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM) y de otros asociados internacionales, e instando a la comunidad internacional a que siga comprometida con los esfuerzos de Haití para superar el actual estancamiento político y la situación de la seguridad, acogiendo con satisfacción los nuevos esfuerzos de Estados Miembros para aumentar la formación y la mentoría y mejorar la capacidad operacional de la PNH, y alentando el apoyo y la financiación de actividades para encarar los retos humanitarios, de estabilización, de reconstrucción, de reducción del riesgo de desastres y de resiliencia y desarrollo sostenible de Haití, en particular en los sectores agrícola, industrial y educativo,

Acogiendo con beneplácito el acuerdo de los Jefes de Gobierno de la CARICOM sobre una misión política de alto nivel a Haití y su disposición a prestar asistencia,

Destacando que el Gobierno de Haití tiene la responsabilidad primordial de abordar los factores que desde hace tiempo fomentan la inestabilidad y la desigualdad, y de colaborar con otras partes interesadas, como la sociedad civil, la juventud y el sector privado, y participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres, para aportar soluciones duraderas a los retos inmediatos y a largo plazo de Haití,

Poniendo de relieve la necesidad de encarar la pérdida de medios de subsistencia, seguridad alimentaria y nutrición, y seguridad sanitaria, al desplazamiento de los residentes y el acceso a la infraestructura social, así como las consecuencias del terremoto que asoló Haití el 14 de agosto de 2021 y del paso de la tormenta tropical Grace el 16 de agosto de 2021, y poniendo de relieve también que el avance de la recuperación, la reconstrucción y el fomento de la resiliencia de Haití es crucial para lograr una estabilidad, seguridad y desarrollo socioeconómico duraderos, y reconociendo a ese respecto la colaboración multiinstitucional con ese fin,

1. Decide prorrogar hasta el 15 de julio de 2023 el mandato de la BINUH conforme a su resolución 2476 (2019), bajo la dirección de un Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, y ajustando los requisitos de presentación de informes especificados en la resolución 2476 (2019) a 90 días;
2. Decide también que la dependencia policial y de asuntos penitenciarios de la BINUH constará de hasta 42 civiles y personal adscrito que presten asesoramiento en asuntos policiales y penitenciarios, bajo la dirección de un Comisionado de Policía de las Naciones Unidas, y que la dependencia de derechos humanos de la BINUH tendrá una capacidad específica para encarar la violencia sexual y de género, para lo que se designarán asesores de protección de la mujer, según proceda;
3. Reitera la necesidad de que todas las partes interesadas de Haití, en particular con el apoyo de la BINUH, lleguen a un acuerdo urgente sobre un marco sostenible, con plazos y comúnmente aceptado para un proceso político dirigido por los haitianos que permita organizar elecciones legislativas y presidenciales inclusivas, pacíficas, libres, justas y transparentes tan pronto como lo permitan las condiciones de seguridad y los preparativos logísticos, y con la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres y la implicación de la juventud, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes a través de un diálogo nacional inclusivo entre los haitianos, y, a ese respecto, solicita al Gobierno de Haití que presente una actualización al Consejo de Seguridad antes del 17 de octubre de 2022;
4. Exhorta a los Estados Miembros a que prohíban la transferencia de armas pequeñas, armas ligeras y municiones a agentes no estatales que participen en la violencia de bandas, actividades delictivas o violaciones de los derechos humanos en Haití o las apoyen, así como a que impidan el tráfico ilícito y el desvío de esas armas y municiones, y alienta la cooperación entre los Estados Miembros para prevenir el tráfico ilícito y el desvío de armas, entre otras cosas facilitando e intercambiando información oportuna y actualizada para detectar y combatir las fuentes y las cadenas de suministro del tráfico ilícito;
5. Exige el cese inmediato de la violencia de las bandas y de las actividades delictivas y, a ese respecto, expresa su disposición a adoptar las medidas apropiadas, según sea necesario, las cuales podrían incluir la congelación de activos o la prohibición de viajar, contra quienes participen en la violencia de las bandas, actividades delictivas o violaciones de los derechos humanos o las apoyen, o que actúen de cualquier otro modo que socave la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y de la región, en un plazo de 90 días a partir de la aprobación de la presente resolución;
6. Alienta a la BINUH, al equipo de las Naciones Unidas en Haití, a las organizaciones regionales y a las instituciones financieras internacionales a que sigan colaborando y coordinándose en mayor medida con miras a ayudar al Gobierno de Haití a asumir la responsabilidad de hacer realidad la estabilidad, el desarrollo sostenible y la autonomía económica del país a largo plazo, y alienta además a que se mejore la comunicación estratégica pública sobre el mandato y la función específica de la BINUH;
7. Alienta a los Estados Miembros, a las instituciones financieras internacionales y a otras entidades a que contribuyan al fondo colectivo para la asistencia a Haití en materia de seguridad con miras a apoyar la asistencia internacional coordinada, y alienta también a los Estados Miembros, así como a las organizaciones internacionales pertinentes que estén en condiciones de hacerlo, a que sigan proporcionando a Haití la creación de capacidades, el apoyo técnico y la formación de las autoridades nacionales de aduanas y control de fronteras y otras autoridades pertinentes;
8. Solicita a la BINUH que colabore con la UNODC y otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas para ayudar a las autoridades haitianas a combatir los flujos financieros ilícitos, así como el tráfico y el desvío de armas y material conexo, y a mejorar la gestión y el control de fronteras y puertos;
9. Reitera la importancia de la implicación de la UNODC y de otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas en apoyo de los esfuerzos dirigidos contra las bandas armadas, así como a aumentar la seguridad de los puertos, mejorar la recaudación de ingresos aduaneros y reducir los flujos financieros ilícitos, y reitera también la importancia de asegurar la financiación voluntaria en apoyo de esos esfuerzos;
10. Solicita al Secretario General que consulte al Gobierno de Haití, a los países pertinentes y a las organizaciones regionales sobre las posibles opciones para mejorar el apoyo en materia de seguridad a los esfuerzos de la PNH para combatir los altos niveles de violencia de bandas, y que presente un informe por escrito al Consejo de Seguridad sobre esas consultas antes del 15 de octubre de 2022;

              11.         Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.