El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, y su homólogo del IPPP, Olivo De León, emitieron un documento que recoge detalles de una rueda de prensa, en el que califican de "insólitas" las publicaciones relativas a supuestas acciones de desalojo contra el local del colegio "y otras desinformaciones" cuya autoría se la endosaron a Malvin Joel Soriano Robles.
"Todo se trata de una treta armada por un violador consuetudinario de las leyes del país para tratar de chantajear a los directivos del CDP, con el objetivo de que le permitan entrar a operar desde las instalaciones del gremio para continuar cometiendo sus fechorías", expresaron.
Aseguraron que Soriano Robles fue condenado a seis años de prisión por estafa y falsificación de documentos; que en 2016 fue apresado como cabeza de una banda que se dedicaba a vender visas falsas a Estados Unidos y países de Europa y despojado de 71 pasaportes con visas falsas.
En noviembre de 2023, añadieron ambos gremios, este personaje "fue encarcelado por estafar a cientos de personas, de las cuales 117 se querellaron en su contra por estafa, extorsión y chantaje".
Sostuvieron que al salir de la cárcel se ha dedicado a chantajear en procura de entrar al CDP, que le rentó el tercer nivel de su local a principios del año 2013 para que operara una escuela de turismo.
No obstante, revelaron, los directivos del CDP se vieron precisados a rescindir el contrato debido a su incumplimiento, a la falta de pago del alquiler, consumo de energía eléctrica, consumo de agua, uso de los espacios del edificio, el subarrendamiento de áreas y el uso del CDP para actividades políticas.
Henríquez y De León afirmaron que Soriano Robles acumuló una deuda de más de un 1 millón 600 mil pesos, además de hacer modificaciones en la estructura del edificio sin autorización.
Narraron que, a partir de ese momento, Soriano Robles sometió al CDP y a sus autoridades en ocho tribunales diferentes, perdiendo en siete de ellos.
En el octavo fallo, el Juzgado de Paz del Distrito Nacional sentenció que fuera reintegrado a ocupar la tercera planta de CDP, sentencia que determinaba que para ello Soriano Robles debía previamente depositar 700 mil pesos en el tribunal, "lo cual nunca hizo".
"Como éste se negaba a pagar, nunca se ejecutó esa sentencia; pasaron más de 10 años y el CDP nunca fue notificado de la misma, quedando esa situación en un limbo jurídico".