El coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), habría ordenado al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón gestionar el pago de dos nóminas: una para sus salarios y otra para combustibles.
Ese fue parte del testimonio de Girón suministrado este martes ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en su segundo día de asumir su defensa material en el juicio de fondo del caso Coral.
Según el el testigo clave del Ministerio Público en el caso Coral y Coral 5G, este habría recibido la orden por parte de Núñez de Aza y de Roberto Acevedo Tejada, entonces director de Inteligencia del Cuerpo de Seguridad Turística.
Como imputado y testigo del Ministerio Público, Girón también señaló que la analista de Contraloría recibía sobornos por parte del general Juan Carlos Torres Robiou.
Se le instruyó contactar a esta persona debido a dificultades en el pago de la nómina del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), ya que se cobraba en diferentes lugares.
Girón describió el modus operandi utilizado para desviar miles de millones de pesos del erario para uso personal y familiar del coronel Rafael Núñez de Aza, a quien identificó como "el cerebro financiero" del entramado, calificándolo como el mayor caso de corrupción.
Manifestó arrepentimiento y señaló que colaboró con el Ministerio Público, entregando pruebas que había guardado porque sabía que estaba mal. Las órdenes se daban vía WhatsApp, razón por la cual le permitió recopilar todas estas evidencias, mismas que se encuentran a disposición del órgano persecutor.
Terminó su testimonio pidiendo perdón al pueblo dominicano, afirmando que obedecía órdenes del coronel Núñez de Aza y que, de no haberlo hecho, "hoy no estaría aquí".
"Quizás las personas fuera del estamento militar no entiendan lo que hice. Aunque me beneficié, no tenía otra alternativa, porque era eso o no estar en este mundo", concluyó Girón.
En este proceso judicial están acusados funcionarios de la pasada gestión, quienes habrían estafado al Estado por alrededor de 4,500 millones de pesos, enfrentando cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, falseamiento y omisión en la declaración jurada, y lavado de activos.