La Fundación René del Risco Bermúdez expresó en un comunicado su solidaridad con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, “amigo y colaborador" de esa instancia, destacó, que ha sido víctima del "despojo de su nacionalidad por el gobierno dictatorial” de Daniel Ortega.
Además, externa su apoyo a la esposa del escritor y exvicepresidente nicaragüense, Gertrudis Guerrero, y a cada uno del casi centenar de otros nicaragüenses asimismo víctimas de "una violación grosera de un derecho humano fundamental que merece el repudio de todos los amantes de la libertad y del respeto de los derechos de las personas”, expresó la fundación.
El comunicado revela que en mayo de este año recibirán a Ramírez en Santo Domingo como parte del festival cultural “Centro América Cuenta” que se celebrará con el auspicio de la Fundación René del Risco Bermúdez.
“Aquí lo recibiremos con los brazos abiertos no solo como gran escritor y titular del Premio Cervantes sino también como un gran amigo de la República Dominicana y un luchador infatigable por la democracia y la libertad”, dijo la entidad sin fines de lucro.
Las autoridades de Nicaragua también despojaron este miércoles de la nacionalidad nicaragüense al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, al excomandante de la revolución Luis Carrión, a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez y al excanciller Norman Caldera.
Asimismo, al exmagistrado sandinista Rafael Solís, al exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, al periodista Carlos Fernando Chamorro y a otros 85 nicaragüenses acusados por delitos considerados "traición a la patria", según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
La Unión Europea dijo este jueves en Bruselas que es "injustificable" la decisión de Nicaragua de retirar la nacionalidad a otros 94 individuos, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
"Estas acciones son injustificables y corren el riesgo de profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua", dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
El portavoz añadió que la decisión del Gobierno de Daniel Ortega "constituye una violación de los derechos fundamentales (de los afectados) y es contraria al derecho internacional".
Además, se ordenó la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios.
En la última semana, por tanto, se ha retirado la nacionalidad a 317 personas, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno a territorio estadounidense.
Los otros son los 222 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado.