La Comandancia General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) dispuso examinar las cancelaciones de militares llevadas a cabo durante la pasada gestión, considerando que algunas pudieran estar en contradicción con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

La Fuerza Aérea reportó más de 3,000 cancelaciones de alistados y asimilados entre 2020 y 2022, después de realizar varias auditorías de personal con el objetivo de determinar, entre otros asuntos, quiénes ingresaron a la institución de manera irregular ( con edades superiores a las establecidas) y cuales cobran sin prestar servicios.

El Jefe de la institución militar, el mayor general Carlos Febrillet Rodríguez, ordenó la creación de una comisión evaluadora que se integra por el Inspector General, el director de Inteligencia (A-2) y el director de Sanidad Aérea, quienes tienen la responsabilidad de examinar cada una de las cancelaciones pedidas en revisión.

De acuerdo con la fuente de información, los interesados en retornar a las filas de la fuerza Aérea deben dirigir una solicitud al comandante general, solicitando la revisión de su desvinculación; para luego llevar a cabo un proceso de evaluación dirigido por la comisión de oficiales.

El Ministerio de Defensa ha dispuesto, en los últimos dos años, cuatro auditorías de personal en las tres instituciones (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), para detectar posibles anomalías como ingresos irregulares, personal que cobra sin trabajar, militares que viven fuera del país sin autorización, entre otras. Esto ha provocado la cancelación de al menos 7,000 soldados en las FF. AA, según cifras oficiales.

La Fuerza Aérea ha tomado la iniciativa de examinar las cancelaciones que se realizaron a lo largo de las auditorías, debido a que se registraron desvinculaciones de militares hasta con 15 y 16 años en las instituciones, que pudieran ser reconsideradas.

Los motivos principales de las cancelaciones fueron los ingresos irregulares (con más de 23 años los militares) y los asimilados nombrados con edades superiores a los 35 años. Ambos casos los prohíbe la Ley Orgánica de las FF. AA.

El segundo motivo fue la falta de relistamiento, seguido del personal que cobraban sin prestar servicios ( los llamados peluches); siempre y cuando no calificaran para pensión, de lo contrario siguen en las filas.

Entre los afectados por las desvinculaciones en la FARD se encuentran un grupo de enfermeras del Hospital Ramón de Lara, que prestaron servicios antes, durante y después la pandemia de COVID-19.

Es el caso, entre muchos, de la sargento mayor Belkys Santana, quien llevaba 14 años sirviendo en el Hospital Ramón de Lara, dos de ellos como voluntaria sin recibir incentivos, hasta que le llegó su nombramiento como raso.

Según ella, fue cancelada en el momento más difícil, precisamente cuando un hijo suyo sufrió un accidente que lo mantuvo en cama, con un trauma craneal cefálico. “Mi hijo dependía de mi empleo, me duele el alma al ver que mi hijo perdió la vida, no tuvieron compasión y sabían (los superiores) de la condición de mi hijo”, expresó Santana.

También se encuentra la enfermera y militar Onika Meléndez Ortiz, madre soltera, quien fue cancelada en noviembre pasado del Hospital Ramón de Lara, después de seis años de servicio, y señalan que nunca cometió una falta. Es estudiante y tienen un préstamo que pagar, solicita su reintegro a la institución.

De los militares y asimilados desvinculados en las tres instituciones, incluyendo médicos, ingenieros y otros profesionales, fueron notificados cuando se encontraban laborando en sus centros de servicios, según señalan.

En la Fuerza Aérea, la comisión lleva a cabo la evaluación de 30 exmilitares preseleccionados para su ingreso a la institución. Sin embargo, la decisión será determinada por los resultados y la opinión de los integrantes de la Junta militar, indicó un oficial relacionada con el proceso.