La Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 43, establece que el Fiscalizador es el nivel jerárquico básico del Ministerio Público y opera en la demarcación territorial de una fiscalía bajo la supervisión directa del Procurador Fiscal Titular.

Esta misma ley, en su artículo 44, detalla los requisitos que se deben cumplir para ser designado en el cargo de fiscalizador.

El fiscalizador entra al Ministerio Público a través de un concurso público de oposición, que comprende pruebas psicométricas, de conocimiento y entrevista. Después recibe una capacitación en la Escuela Nacional del Ministerio Público, cuya duración es de 15 meses. Si postulante aprueba, se incorporan a la carrera del Ministerio Público.

Este miembro del Ministerio Público actúa en representación del Estado dominicano defendiendo los intereses de la sociedad ante los juzgados de paz.

En la actualidad los fiscalizadores han mostrado oposición a un concurso interno convocado por el Consejo del Ministerio Público para fines de promociones y ascensos.

Luego de que el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) dio a conocer una propuesta sobre las “bases del concurso interno de ascenso de 90 fiscalizadores a procuradores fiscales”, para cubrir plazas vacantes en diferentes distritos judiciales del país, los fiscalizadores expresaron su descontento y su oposición a esa convocatoria.

La oposición se basa en que muchos fiscalizadores, en la práctica, hacen labores de fiscales, pese a que no han sido promovidos ni se les han aumentado sus salarios.

Entiende que no es justo que se les quiera examinar para demostrar lo que en su ejercicio profesional han demostrado sin que se les haya compensando por ese trabajo que abarca más de lo que les corresponde.

Más del 90 % de los fiscalizadores se encuentran realizando funciones de procuradores fiscales. Alrededor de 350 de estos a nivel nacional investigan delitos de homicidios, asesinatos, violencia de género, entre otros.

Para Merlin Mateo, fiscalizador de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, esta función debe ser mejor remunerada, ya que un fiscalizador gana un salario bruto de RD$ 90,000 y RD$ 9,000 de combustible, mientras que un procurador fiscal gana RD$125,000 y RD$10,000 de combustible.

Merlin Mateo, explica que los reclamos que se han visto en los últimos días de estos miembros del nivel básico de la carrera del Ministerio Público, es para que se les pague por ese trabajo de mayor jerarquía, como sucede en el Poder Judicial cuando los jueces de paz suplente en los tribunales de primera instancia a los jueces de primera instancia.

"La institución tiene una deuda histórica con los fiscalizadores por disponer de ellos para trabajos de mayor jerarquía por la misma paga, pues hoy en día los llama a concursar para ocupar la posición que, en los hechos, hace más de 4 años realiza".

El fiscalizador de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, dice que el mayor problema es que se quiere llevar a cabo un concurso para ascensos y al mismo tiempo de aprobar un reglamento de escalafón, escenario que sugiere que los fiscalizadores que no aprueben en el concurso, tendrán que permanecer como fiscalizadores por muchos años más.

Añade que esto tiene su génesis en la propuesta de matrícula de los miembros del Ministerio Público, realizada por la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, que se señala que solo se necesitan 90 procuradores fiscales a nivel nacional, cuestión que contrasta con la realidad.

Aclara que no se opone a que se asciendan 90 fiscales, y espera que la institución no debe de desentenderse de los demás.

El 26 de abril 310 fiscalizadores del Ministerio Público firmaron un "recurso de reconsideración" para que el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) anule la decisión que adoptó sobre que se requiere llamar a un concurso a la hora de decidir ascensos a la posición de procurador fiscal.