Mil doscientas pruebas demuestran las transacciones de lavado de activos y de contrataciones irregulares de Juan Alexis Medina y de sus empresas en instituciones públicas, aseguró este lunes el Ministerio Público en relación con el caso Antipulpo de presunta corrupción administrativa.
Tras la audiencia preliminar de hoy en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo a la prensa que el Ministerio Público continúa avanzando con la presentación de las pruebas que demuestran dichas acciones irregulares.
Añadió que se abordaron todas las contrataciones irregulares e ilegales que tuvieron en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y los informes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, contenidas en esas 1,200 pruebas, según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Fonper estaba vinculado con Suim Suplidores, General Supply, Wattmax y Dominical, varias de las firmas vinculadas a Alexis Medina, "todas -subrayó Ortiz- concursando de manera irregular en el Fonper, ganando las licitaciones de forma irregular, ya que eran ellas las únicas empresas que participaban en las comparaciones de precios y evidentemente que ganaban esas contrataciones”.
Explicó que esos procesos eran convocados de manera directa por instrucción de Magalys Medina, exvicepresidenta del Fonper y, como Alexis Medina, hermana del antiguo presidente dominicano Danilo Medina (2012-2016 y 2016-2020).
Una vez completada la agenda del día, el juez Deiby Timoteo Peguero fijó la continuación de la audiencia preliminar para el viernes 11 de noviembre.
En este caso, el Ministerio Público acusa a Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, junto a otras veintisiete personas físicas y veintiuna compañías, de corrupción y lavado de activos.
Según el expediente, con cerca de 3,500 páginas, el principal acusado, Juan Alexis Medina, creó un entramado societario y se valió del tráfico de influencias por ser hermano de Danilo Medina para llevar a cabo una serie de maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios.
Presuntamente, agregó, adjudicó a su nombre y al de terceros obras, bienes y servicios del Estado, falseando datos, haciendo uso de documentos falsos, estafando y dando apariencia de legitimidad a sus acciones, propias del lavado de activos.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Además de Alexis y Carmen Medina, la acusación también involucra en el caso al expresidente del Fonper Fernando Rosa, el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como a Francisco Pagán Rodríguez, antiguo director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
Asimismo incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
Entre las personas jurídicas sobre las que pesan cargos están General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.