La ONG Finjus expresó hoy su solidaridad con las demandas de los fiscales de mejores condiciones laborales y profesionales y evaluó que existe "una constante" en el "desfase entre las expectativas sociales y la realidad del compromiso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para facilitar la profundizar del Ministerio Público en la creación de un régimen de consecuencias contra quienes delinquen y fomentan las prácticas de corrupción".
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llamó a los actores del Ministerio Público, desde la Procuraduría General hasta todas las instancias de este órgano a "que reflexionen sobre las condiciones sociales que prevalecen y la necesidad de que cualquier iniciativa (en su lucha por esas mejoras) sea encaminada en un marco de coordinación institucional".
Una acción en este sentido, añadió en un comunicado, ayudará al "fortalecimiento de la importantísima gestión que se despliega en la actualidad contra el crimen y la violencia en la sociedad".
Avanzar en ese sentido hace que se produzcan "resultados que nos ayuden a avanzar en la calidad de nuestro orden democrático", remarcó.
FINJUS hizo tal exhorto luego de evaluar que "en ninguna institución del Estado la sociedad dominicana ha concentrado tantas expectativas de cambio, renovación y cumplimiento de su misión, como las que rodean al Ministerio Público en la actualidad".
Reiteró que "no resultan fuera de lugar las recientes posiciones aparecidas en los medios de comunicación, que incluyen las demandas e iniciativas que pretenden desarrollar las asociaciones de fiscales para obtener mejorías en las condiciones de trabajo y profesionales", así como "las sabias advertencias" que la titular de la Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito, le formula a los miembros del Ministerio Público que adelantan acciones en demanda de sus reivindicaciones.
De acuerdo a sus palabras, una acción de poder y fuerza de los fiscales en sus demandas efectivamente "podrían paralizar la labor de ese órgano de persecución".
"FINJUS ha reiterado en innumerables ocasiones -destaca su comunicado- que el cumplimiento de la Ley de Autonomía Presupuestaria y administrativa del Ministerio Público es una condición sine que non para obtener resultados sostenibles en el afianzamiento del Estado de derecho y la lucha contra el crimen y la corrupción y tenemos altas esperanzas de que en este año los poderes Ejecutivo y Legislativo encontrarán las vías adecuadas para plasmar en el Presupuesto del 2023 los recursos que garanticen la implementación de los programas y planes diseñados en los últimos años".
En ese sentido, añade, en FINJUS se valoran las declaraciones de la magistrada Germán Brito "como la expresión de un llamado a no descuidar las tareas actuales" y que más bien "cada miembro del Ministerio Público redoble, con su responsabilidad y compromiso, el esfuerzo que se realiza para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio".
Esta es, subraya el texto suscrito por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, "la justificación más importante para que la sociedad se identifique y apoye sus justos reclamos profesionales y laborales".