Quien ostente un cargo público debe obligatoriamente atender el llamado que le haga el Congreso Nacional y quien no lo haga deberá afrontar su "responsabilidad penal, civil y administrativa", recordó FINJUS en alusión a la inasistencia ante los diputados del jefe de la Policía Nacional, general Eduardo Alberto Then, quien para el efecto fue representado por el ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vázquez.
La disposición constitucional respectiva refiere sanción de índole penal a la inasistencia injustificada a la invitación que realicen las cámaras estableciendo que “la renuencia de las personas citadas a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas será sancionada por los tribunales de la República con la pena que señalen las disposiciones legales vigentes para los casos de desacato a la autoridad pública”, expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.
Castaños Guzmán añade en un texto sobre el caso que "la potestad fiscalizadora del Congreso Nacional constituye una condición fundamental para el funcionamiento de un régimen democrático en tanto refiere al ejercicio de un sistema de control efectivo que erige mecanismos de equilibrio entre los poderes públicos".
La Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados convocó a Eduardo Alberto Then a raíz de las recientes muertes de detenidos registradas en destacamentos policiales, entre otros hechos tipificados al menos como aparente abuso policial.
"La facultad del Poder Legislativo respecto al escrutinio del ejercicio público de las autoridades resulta esencial para asegurar la calidad de la democracia, permitiendo el efectivo ejercicio de los frenos y contrapesos institucionales", insistió el directivo de FINJUS.
"Desde FINJUS -prosiguió- apostamos al ejercicio diáfano del rol de cualquier titular de la administración pública, así como al respeto y colaboración con los mecanismos de fiscalización y control que se orientan a una rendición de cuentas horizontal. La garantía de un sistema de frenos y contrapesos se erige como una de las armas más efectiva para lograr la materialización de un Estado Social y Democrático de Derecho, que es, en última instancia, el objetivo hacia el cual debemos orientarnos".