La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó que las compras y contrataciones que realiza el Estado para la tramitación de bienes, servicios y obras para el desarrollo estatal deben respaldarse de mejoras transparentes para que las entidades involucradas en estos procesos cumplan con sus funciones .
Abogó porque esos procesos se fortalezcan con una adecuación cónsona al ordenamiento legal y las demandas que exige el engranaje jurídico actual.
A través de un comunicado, la entidad precisó que las normas jurídicas establecen en la sociedad los modos de relacionamiento en torno a temas que atañen a la realidad colectiva e inclusive a la autonomía individual, razón por la cual es relevante que los principios jurídicos rectores del sistema sustenten un nuevo paradigma que pretenda institucionalizar en el ordenamiento jurídico dominicano una mejora en la regulación de los procesos de compras y contrataciones en el Estado.
Finjus consideró que debe existir un ambiente sano de contratación tanto para las empresas nacionales y extranjeras, como para las entidades públicas, las Mipymes y toda la ciudadanía.
La Ley Núm. 340-06 se ha tornado obsoleta en varios aspectos (lo que la ha convertido en la principal fuente de escándalos nacionales), disponiendo a su paso la imperante necesidad de que se brinde un escenario que simplifique los trámites y procesos, pero que cuente con herramientas significativas para el control y transparencia de los actos administrativos, señala en el documento.
Dice también que el conocimiento del Anteproyecto de Ley General de Contrataciones depositado por la Dirección General de Contrataciones Públicas ante el Senado de la República, mismo que fue objeto de consenso por parte de los diversos sectores que conforman el país, vigorizaría mejoras en aspectos como los derechos del proveedor, las especificidades de la administración de los contratos y su ejecución y modificación, así como posibles casuísticas de subcontratación.
Indicó que estos aspectos aportan una nueva gama de soluciones ante los conflictos de carácter administrativo que se encuentran huérfanos bajo el marco normativo vigente.
Enfatizó que es crucial que la nueva ley instruya programas de cumplimiento regulatorio, conforme lo indican las mejores prácticas anti-corrupción de la época moderna, “el régimen de investigación de la Ley No. 340-06 muestra que ya es incapaz, ineficaz e ineficiente para regular la acción del Estado para el uso óptimo de los recursos públicos, lo que, en consecuencia, significa que ya no da abasto para la crisis del sistema de justicia y las irregularidades que de ella se han derivado”.
La misiva finaliza, indicando que la actual reforma amerita un análisis preciso para impulsar un sistema de compras y contrataciones íntegro que, a su vez, estimule la seguridad jurídica y potencie el clima de inversión en el país.