Las reformas "se presentan como inevitables y, hasta cierto punto, saludables", aunque "es conveniente que se produzca una amplia discusión, análisis y producción de las mejores propuestas para alcanzar los objetivos señalados con la reforma planteada" por el presidente Luis Abinader, apuntó hoy FINJUS.
En esencia, sintetizó un texto de esta instancia, se trata de "una propuesta limitada, con objetivos puntuales", dirigidos estos a garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, robustecer la autonomía constitucional del Ministerio Público, adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados y la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales.
La reforma se concentra en únicamente 4 puntos que Abinader entiende que son "pertinentes para lograr una justicia independiente y cercana a la gente, y fortalecer el sistema democrático de la nación".
"Cuando tocamos el terreno de la Constitución, por tratarse de la Ley fundamental de la nación –sustento y cuerpo del que se desprende la organización del Estado- nos enfrentamos a una labor que requiere, a priori, un amplio consenso de la sociedad", insistió el texto, firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.
Se trata, añade, de garantizar la armonía y el equilibrio de los poderes, promover reglas de representación equitativas y efectivas, y ofrecer soluciones que preserven los derechos fundamentales de los ciudadanos sin alterar la estabilidad jurídica del país.
Titular de la Procuraduría General de la República
Resalta positivamente "la necesaria consolidación" de la figura del procurador general de la República y la meta de "asegurar su imparcialidad y alejarlo de la arbitrariedad, mediante su separación del proselitismo político y su exclusión del Consejo Nacional de la Magistratura, representan pasos significativos para el buen funcionamiento del sistema judicial".
El texto de Castaños Guzmán prosigue textualmente:
Para nadie es un secreto la naturaleza política de la persecución penal, por lo que todas las medidas que conduzcan a mantener su independencia y objetividad se convierten en un objetivo permanente de toda sociedad democrática moderna, acosada por las garras del crimen transnacional y la tendencia secular a la falta de transparencia.
No obstante, en la propuesta de reforma constitucional presentada se advierten detalles que merecen ser consensuados para establecer una figura mejor delimitada.
Así, el carácter de inamovilidad debe analizarse con mucha cautela para evitar resultados contraproducentes. Si bien ponderamos positivamente una estructura que le desvincule de la práctica política y aumente su imparcialidad, debe tomarse en consideración que se precisa la inclusión de mecanismos suficientes que aseguren su debida rendición de cuentas y el buen ejercicio de sus funciones.
Otro aspecto relevante que debe ser estudiado es la reducción de la nómina de diputados en la Cámara legislativa. Sin lugar a dudas, la permanencia del bicameralismo en un Estado unitario y descentralizado representa un tema prioritario de discusión.
Sin embargo, debe repensarse la reducción para evitar desaciertos de representatividad y garantizar la proporcionalidad que debe mantenerse en la relación votante-demarcación-representante.
Es decir, estamos de acuerdo con el objetivo de hacer eficiente la representatividad mediante la disminución de los diputados en proporción a la densidad poblacional, sin embargo, la alternativa de aumentar el número de diputados nacionales terminaría generando una desproporción en la representación de las demarcaciones.
En el mismo orden, es oportuno aprovechar el espacio de esta discusión constitucional para reflexionar sobre la estructuración, beneficios y representatividad del país en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
En definitiva, la reforma constitucional debe plantearse en términos claros sobre los probables resultados que de ella se derivarían, porque para la sociedad dominicana solo tendría pertinencia y valor si con ella logramos que en nuestro ordenamiento jurídico se afiancen las vías para evitar los abusos de poder, las potestades muy discrecionales y la consolidación del Estado de derecho.
Este es el momento idóneo para reforzar la acción de discusión, análisis e identificación de las mejores vías para que la reforma constitucional sirva para aumentar la transparencia, la calidad de la democracia y la eficacia de nuestras instituciones.