Para el 4 de abril se fijó la audiencia preliminar contra los imputados en el caso Antipulpo que involucra en hechos de corrupción a dos hermanos del expresidente Danilo Medina, anunció el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deyvi Timoteo Peguero, independientemente de que el 21 de febrero se celebre la sesión de revisión obligatoria de la medida de coerción.
Una vez que se cumpla la audiencia preliminar, todos los lunes subsiguientes proseguirá la misma hasta que culmine el proceso, que se estima se cierre el 30 de mayo de este mismo año.
Los acusados de este caso son los hermanos Alexis y Magalys Medina Sánchez, Wacal Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagán, María Isabel Torres, José Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista y Víctor Matías Encarnación Montero.
La fecha 4 de abril atiende la solicitud de los abogados defensores de disponer de mayor tiempo para analizar el expediente acusatorio, que tiene cerca de 4,000 páginas y que se facilitará mediante memorias USB a cada una de los acusados.
Juan Alexis Medina es señalado en el expediente como gerente operativo del entramado delictivo y como tal jefe de su hermana Carmen Magalys Medina y de varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros acusados de aprovecharse de sus vínculos con el poder político para sustraer 4 mil 796 millones de pesos de los fondos públicos.
El grupo habría obtenido contratos millonarios con diversas instituciones del Estado durante la gestión de Medina de dos períodos consecutivos (2012-2020) y con los beneficios, sostiene los fiscales, se habrían financiado ilegalmente campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo las del exmandatario y del excandidato presidencial Gonzalo Castillo.
Estas prácticas se llevaron a cabo, destaca la acusación, mediante la constitución de compañías en las que los testaferros de Alexis Medina figuraban como accionistas y cuyo objetivo era venderle al Estado cualquier producto que necesitara, o crear necesidades ficticias para poder efectuar operaciones de compraventa.