La Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) ha presentado un "plan de acción correctivo" de las debilidades y observaciones detectadas en la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGE) y sus responsables mostraron documentaciones que, en su opinión, contradicen varios de los señalamientos de supuestas irregularidades detectadas.
La FARD dice que los desembolsos utilizados sin documentos y soportes por 48 millones, monto que indica la auditoría, corresponden al pago del personal de inteligencia de la institución.
"No se debe compartir sus identidades por razones de seguridad nacional y de los propios miembros que realizan la labor”, señala la fuerza en su defensa.
En relación con 568 vehículos de la entidad que no se encuentran registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), las autoridades de la institución castrenses informan que está en curso "un proceso de levantamiento de dichos vehículos para que sean incorporados".
Igualmente, las autoridades castrenses señalan que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental no le exige presentar o elaborar estados financieros, "porque el reglamento 526-9 de la ley 126-01 establece que la DIGECOG se encarga de llevar a cabo los estados financieros del Gobierno Central, dentro del cual se encuentra la FARD".
La auditoría muestra que en la FARD hay 260 vehículos sin placas ni matrículas. Sobre este punto, las autoridades militares responden que dichos vehículos están con una ficha numérica asignada por la institución, "debido a que personas desaprensivas se dedicaban a robar las placas oficiales para llevar a cabo actividades delictivas".
Pero dicen que igualmente están revisando los vehículos y que han recibido muchas placas, mientras que otras están en proceso de entrega.
La investigación de la Contraloría cuestiona que 23 lotes de terrenos ocupados por la FARD tengan títulos a nombre de terceros. Debido a esto, el mando militar indica que se está llevando a cabo un procedimiento para que dichos títulos sean transferidos a nombre de la institución militar.
Otra de las deficiencias detectadas en la auditoría es la presencia de 54 aeronaves sin control de registros. Las autoridades admiten la anomalía y señalan que se encuentran en un proceso de levantamiento de las aeronaves para proceder a registrarlas en el Sistema de Administración de Bienes.
Asimismo, la investigación financiera apunta que la Fuerza Aérea tiene cuentas pendientes por RD$ 70.8 millones acumulados de periodos anteriores, lo cual viola las normas del Sistema de Control Interno.
Las autoridades del área financiera de la FARD dicen que “el órgano competente para hacer el pago de deudas acumuladas en periodos anteriores es el Ministerio de Hacienda". Sin embargo, añaden que la institución realizada diligencias para el pago de las mismas.
Con respecto a la retención irregular del Impuesto Sobre las Rentas al personal contratado mencionado en la auditoría, la entidad señala que dicha medida fue eliminada a partir del 1 de septiembre del año en curso, "debido a su origen en relación con la dependencia y no bajo el régimen de servicios prestados, tal como se especifica en el Código Tributario".
Asimismo, se investiga los contratos de bienes y servicios en los que se comprobó que un integrante de la institución militar era socio mayoritario de una compañía que mantenía negocios con la FARD.
En virtud de este punto, las autoridades de la entidad informaron que se han adoptado medidas correctivas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones en el Estado.
Vehículos fueron sustraídos
De acuerdo con los auditores de la Contraloría, al menos 8 vehículos de la institución figuran extraviados; y la respuesta del mando militar fue la siguiente: "[…] fueron realizados los informes a los organismos correspondientes ya que la condición de extraviados de debe a que dichos vehículos fueron sustraídos (robados).”
La CGR hizo hincapié en su informe que 62 vehículos de la FARD hayan sido asignados a militares pensionados, contrario a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (FF. AA .) y la Norma General de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La Institución responde sobre la base de que, en agosto de 2021, las autoridades realizaron una inspección vehicular de control interno que "dio como resultado que a los oficiales pensionados con más de un vehículo asignado les fueron retirados, permitiendo dejarle uno para su uso, con la condición de presentarlos periódicamente a la institución".