El Ministerio de Agricultura, en la administración del ingeniero Luis Ramón Rodríguez Peña otorgó contratos irregulares de obras por RD$ 88,992,605, amparado en una declaración de emergencia que no corresponden a las provincias donde se ejecutaron los trabajos.
Además, y según la auditoria de la Cámara de Cuentas, las obras fueron adjudicadas sin licitación pública, en violación al decreto 543-12 que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.
Conforme a la investigación financiera, al menos una de las cuatro compañías beneficiadas con los contratos grado a grado está representada por un familiar directo del entonces ministro de Agricultura.
Los contratos fueron firmados para la construcción de 18 viviendas y la rehabilitación de caminos vecinales en las provincias Duarte, La Vega y Samaná.
Sin embargo, la declaración de emergencia decretada por el Poder Ejecutivo en 2012, por los daños ocasionados por tormenta tropical Sandy, solo incluyó las provincias de San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Barahona, así como San Juan de la Maguana, Elías piña y otras.
“Los decretos de emergencia nacional 618-12 y 619-12, no incluyen la provincia donde se realizó la construcción de las 18 viviendas ni aquellas donde se realizaron la rehabilitación de los caminos rurales,” subraya el informe de la Cámara de Cuentas.
A la compañía Mar de Andaman, SRL, cuyo presidente es el señor Henry Enmanuel Rodríguez Peña, pariente del entonces ministro Luis Ramón Rodríguez Peña, le fue adjudicado la rehabilitación de 70 kilómetros de camino vecinal por un monto de 24,998,439, en la provincia de Samaná.
Igualmente fue beneficiada con un contrato grado a grado de RD$ 24,249,213, la compañía Turinges Solutions Corp, SRL , representada por Heriberto Marcial Reyes Aquino, para la reparación de un lote de caminos vecinales de 70 kilómetros, en el municipio de Sánchez, provincia Samaná.
En ese orden, y según la CCRD, la compañía Constructora Ziter. SRL, representada por Alejandro José Ziter Bati, se alzó con otro de los contratos irregulares para la reparación de 29 kilómetros de caminos en la comunidad de Jima Abajo, en la provincia La Vega, por un monto de RD $28,449,146.
Los auditores cuestionan en su informe, el contrato de RD$ 11,295,807 adjudicado en la mismas condiciones, a la ingeniera Fátima Fajar Grullón para la construcción de 18 vivienda que fueron donadas a desalojados de la margen del río Yuna, en la comunidad de la Colé.
La Cámara de Cuentas reitera en su informe que los decretos de emergencia nacional emitidos en 2012, no incluyen las provincias en donde se ejecutaron las obras del Ministerio de Agricultura.
El informe de fiscalización precisa que el decreto 613-12, en su artículo 1 expresa bien claro las provincias declaradas en emergencia por el paso de la tormenta Sandy en 2012.
“Se declara de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios por parte de las instituciones que se indican en el artículo 2 del presente Decreto, para ser utilizados en las labores de ayuda humanitaria, rescate, construcción y reconstrucción de los diversos daños ocasionados por los torrenciales aguaceros, por el paso de la tormenta tropical Sandy, que ha afectado diversas comunidades de las provincias San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, Bahoruco, San Juan de la Maguana, Independencia, Elias Piña, Dajabón, Monte Cristi, Distrito Nacional, Santo Domingo y Monte Plata".