La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) calificó como grave la supuesta violación a los procedimientos internos de la Cámara de Diputados y a la Constitución de la República en torno a la discusión sobre el nuevo Código Penal.

“Una garantía irremplazable del Estado social y democrático de derecho es el cumplimiento del texto constitucional, por lo que su vulneración resulta peligrosa para la institucionalidad nacional”, aseguró Finjus a través de un comunicado.

El documento señala que el Senado conformó una Comisión Bicameral para el estudio del proyecto de ley de Código Penal para procurar acuerdos sobre este tema entre ambas cámaras, sobre el cual se rindió informe.

En ese orden, conforme los trámites legislativos correspondientes, la Cámara de Diputados conoció posteriormente el proyecto e informe que fueron remitidos desde la Cámara Alta.

“A pesar de haberse generado ciertos consensos en determinados temas, el referido informe de la Comisión Bicameral fue rechazado en la Cámara Baja, por no alcanzar los votos necesarios para su aprobación, conforme su reglamento. No obstante, si bien se rechazó el informe –no así la pieza legislativa–, se designó otra Comisión Especial para el estudio de un nuevo Proyecto de Ley de Código Penal que fue depositado en esa misma sesión, indicando un plazo fijo de un día para que ésta rindiera informe”, indicó la entidad.

Consideró como confuso qué sucedió con el proyecto de ley estudiado por la Comisión Bicameral, el cual dijo fue sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, cuyo informe fue rechazado,“lo que pareciera que se dejaba sobre la mesa el anterior proyecto legislativo remitido desde la Cámara Alta. En un primer momento, resulta evidente la vulneración a los procedimientos legislativos indicados en nuestra Constitución, ya que se interpreta del rechazo del informe, el mismo destino del propio proyecto de ley; lo cual es una violación a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Leyes”.

Explicó que, conforme al texto constitucional, los proyectos de ley rechazados en una cámara no pueden presentarse en ninguna de las dos cámaras hasta la legislatura siguiente.“De igual modo, si bien se pretendiere presentar el Proyecto de Código Penal más reciente como un asunto nuevo para esta legislatura, es un hecho incontrovertible que su objeto no ha variado y, por tanto, la pieza normativa sobre la cual rindió informe una nueva Comisión Especial resulta tener los mismos fines que aquella que fue rechazada o, en cualquier caso, puesta sobre la mesa sin decisión definitiva”.

También cree peligroso para la institucionalidad democrática que el órgano encargado de legislar y fiscalizar alegadamente actúe de manera sorpresiva y confusa, lo cual entiende puede generar graves repercusiones para el fortalecimiento de los procedimientos legislativos establecidos en la Constitución y los reglamentos de cada cámara..

“El sano equilibrio del Estado de Derecho se fortalece con el sistema de control y frenos y contrapesos. Esta es una garantía institucional de la separación de poderes establecida desde hace décadas en nuestro ordenamiento constitucional. De manera que, si conforme los trámites legislativos correspondientes se envía finalmente el proyecto al Poder Ejecutivo, recomendamos que éste sea observado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución dominicana”, concluyó Finjus.

Exhortó a resguardar el respeto a los mandatos constitucionales y el fortalecimiento de los poderes públicos, al entender que la búsqueda de soluciones a las propuestas y normativas que inciden transversalmente en el ordenamiento jurídico debe descansar sobre la certeza y el respeto a los principios que dotan de equilibrio funcional al Estado.