En la República Dominicana residen 121.000 venezolanos, según cifras oficiales, lo que convierte al país en el principal destino de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela en el Caribe, la mayoría de ellos jóvenes solteros de entre 20 y 35 años con un alto nivel educativo y de participación laboral.

Las personas venezolanas residentes en República Dominicana viven en su mayoría en los principales centros urbanos, según un reciente estudio de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), cuyos resultados se divulgaron este miércoles en un comunicado de prensa.

De hecho, cuatro de cada diez vive en el Distrito Nacional, tres en Santo Domingo y uno en Santiago (norte), indica el estudio, enfocado en analizar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos llegados al país a partir de 2014, que en su mayoría, cerca de 90 %, lo hicieron entre 2016 y 2019.

Este estudio constituye la primera parte de un proyecto para analizar el impacto del Plan de Normalización de Venezolanos (PNV) implementado por el Estado dominicano en 2020 para dar a los ciudadanos de esa nacionalidad la oportunidad de normalizar su situación migratoria en el país.

El Plan permite que quienes ingresaron al país de manera legal entre enero de 2014 y marzo de 2020 obtengan un carné de identificación, así como el acceso a visas temporales de trabajo o estudio.

A pesar de los avances alcanzados, la población venezolana radicada en el país aún enfrenta retos para lograr su completa integración en el mundo laboral y de protección social dominicano.

La mayoría no tienen contratos formales, lo que dificulta su acceso a servicios públicos como prestaciones de salud y disminuye su salario mensual, en muchas ocasiones sin contrato, que apenas queda por encima del salario mínimo y ninguno contribuye a un fondo de pensiones.

Los ciudadanos venezolanos que afirman tener acceso a servicios básicos de salud hacen un uso bajo de los mismos, señaló Acnur, que puso como ejemplo que cerca del 33 % de los niños no tienen su esquema de vacunación completo y alrededor del 67 % de las embarazadas no han asistido a controles prenatales periódicos.

Asimismo, identifica algunos retos pendientes con este grupo, por la posibilidad de la exclusión de los más vulnerables y que el impacto del PNV se vea limitado.

Primero, el costo financiero, que es considerable debido a las tres tasas administrativas a pagar en el proceso de solicitud, sumado a los costos de los dos viajes necesarios para visitar las oficinas en Santo Domingo.

Segundo, el formato de inscripción es individual en vez de familiar, lo que eleva el costo total de una familia, dificultando así la inclusión de todos los miembros.

Por eso, Acnur recomienda al Estado dominicano aplicar modificaciones administrativas que reduzcan los obstáculos para normalizar el estatus migratorio, lo que puede traer beneficios importantes a los individuos que todavía no tienen un estatus regular.

Una mayor integración socioeconómica traerá beneficios adicionales a República Dominicana y reducirá el número de personas en situación de vulnerabilidad, apuntaron desde Acnur.