El Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de la provincia Independencia emitió el auto de apertura a juicio en contra de los acusados de integrar la red de tráfico de inmigrantes denominada por el Ministerio Público como Operación Iguana.
Asimismo, el juez Ernesto Cabral Gomera ratificó las medidas de coerción consistente en prisión preventiva, excepto a Deivy Nova Reyes, a quien impuso la presentación periódica ante la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) el último viernes de cada mes y una garantía económica de 10 mil pesos e impedimento de salida del país.
En el expediente acusatorio figuran Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y el inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Nova Reyes, quien era empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
En la acusación también figura Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados, quien facilitó su casa para el secuestro.
La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, desarrolló la Operación Iguana con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada esta red de tráfico y trata de personas.
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados en la red de tráfico de inmigrantes y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.