El Gabinete de Coordinación Social del Gobierno, que dirige Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba, destinó el 55 % de los fondos disponibles en diciembre de 2020, para pagar contratos o ayudas económicas basadas en ilegalidades, que benefició a un grupo de artistas durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
La Cámara de Cuentas ha hecho público un informe sobre la entidad en el que se indica que durante el periodo fiscalizado recibió fondos del Gobierno por la suma de RD$ 103,217,000, de los cuales RD$ 55.400.000 fueron entregados a artistas para tocar fiestas gratis en diciembre de 2020.
El Gabinete Social contrató a 54 artistas criollos para hacer shows virtuales en plataformas digitales, canales televisivos y algunas presentaciones en vivo, con motivo de las festividades navideñas, y donde se llegó a parar 2 millones de pesos, por una fiesta virtual.
El documento indica que ninguno de los artistas beneficiados con los contratos estaban inscritos en el registro de proveedores del Estado, de acuerdo con la normativa mencionada.
Entre los artistas que recibieron contratos de 2.0 millones de pesos, están Sergio Vargas, Fernando Villalona, Aracelis Cuz Ramírez, Edith José Herrera De Los Río, Rafael Rosario Almonte, Roberto Pérez Herrera; Héctor Acosta y José María Veras Batista.
De conformidad con el informe de la CCRD, los desembolsos realizados por el Gabinete de Coordinación Social del Gobierno no exigieron a los artistas facturas ni certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, lo cual constituye una ilegalidad.
Los investigadores sostienen que al menos tres de los artistas contratados suministraron números de cédulas de identidad diferentes a los reales, estos son, Ferlyn José Cruz Oliva, Diomedes Nicolás Nuflez Guzmán y José Luís Peralta Guzmán, quienes recibieron en total la suma de RD$ 2,750,000.
Los investigadores han señalado que los contratos entre el Gabinete Social y los artistas no se publicaron en el portal transaccional del sistema informático para la gestión de las Compras y Contratación del Estado dominicano, y mucho menos en el portal institucional, como es de procedimiento.
La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones en el Estado dicen en el Articulo 3 numeral 3 los siguiente:
“Las compras y contrataciones públicas comprendidas en esta ley se ejecutarán en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones derivada de la aplicación de esta ley. Los procedimientos de contrataciones se darán a la publicidad por los medios correspondiente a los requerimientos de cada proceso[…]”.
Igualmente, el Decreto 350-17 establece que el Portal Transaccional será de uso obligatorio para todos los órganos y entes sujetos al ámbito de aplicación de la Ley 340-06, y su modificación contenida en la Ley núm. 449-06. según correspondan.