El acuerdo suscrito entre el Ministerio de Defensa y Aurix ARL abrió las puertas a esta empresa para realizar compras de suministros de seguridad para suplir a los cuerpos militares a través de un procedimiento de excepción para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las agencias de seguridad del Estado.
El convenio de cooperación de inteligencia, firmado en junio de 2020, otorgó a la empresa Aurix, liderada por José Ángel Gómez Canaán, conocido como "Jochi Gómez", el estatus de entidad vinculada al Ministerio de Defensa, permitiéndole beneficiarse del decreto 725-20 emitido en diciembre de 2020.
La disposición presidencial autorizaba a las instituciones militares y policiales y a los organismos de seguridad del Estado a adquirir aeronaves, tanques de guerra, drones, cámaras de vigilancia, vehículos, videocámaras, tecnología y otros insumos para operaciones de defensa, mediante procesos de licitaciones cerradas.
Durante el estado de excepción (diciembre de 2020 a agosto de 2021), los ejecutivos de Aurix habrían adquirido drones, videocámaras, armas, satélites, pertrechos militares y tecnología, supuestamente para la seguridad nacional en la frontera terrestre, según reveló una fuente del Gobierno.
La semana pasada, el Ministerio Público llevó a cabo allanamientos en residencias y oficinas de Aurix, incautando una cantidad significativa de equipos y tecnología, incluidas seis armas: cuatro pistolas y dos escopetas, así como una gran cantidad de documentos físicos y digitales relacionado con las operaciones de la compañía.
En el marco de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre la polémica firma del contrato con Aurix, el exministro de Defensa Rubén Paulino Sem fue interrogado el pasado lunes, pero no trascendió lo tratado.
Han surgido contradicciones entre el Ministerio de Defensa y Aurix, SRL. Las autoridades militares afirman que el contrato nunca se ejecutó, mientras que los ejecutivos de la entidad privada sostienen lo contrario.
El contrato se firmó en junio de 2020, dos meses antes de la salida del gobierno de Danilo Medina, y otorgaba a la compañía Aurix acceso a información clasificada de inteligencia y de seguridad nacional recopilada por las Fuerzas Armadas.
La PEPCA afirma que el contrato, al no inscribirse en las Fuerzas Armadas ni en la Contraloría, constituye, según el Ministerio Público, un acto de mala fe.
Jochi Gómez está detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional, junto a Hogo Beras y seis implicados más, por presuntamente operar un esquema de corrupción a través de contratos irregulares con las compañías de Aurix RSL y Transcore Latan.