En marzo del 2020, en plena pandemia del COVID-19, los empleados de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, fueron obligados a trabajar de manera presencial pese a que mediante resolución se instruyó a varios órganos del Estado a cerrar y reducir personal para evitar contagios.
La finalidad de que se quedaran a trabajar, fue hacer posible la erogación de 17 mil 440 millones 381 mil 730 pesos con 11 centavos, “debido a que había una presión para que se hieran esos pagos”.
Así lo establece el documento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, contra los imputados en la operación Calamar, donde están implicados el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro de Obras Publicas y excandidato presidencial, Gonzalo Castillo y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, entre otros.
Indica, además, que para poder lograr la conversión en efectivo de esa cantidad de valores en un breve período, sin activar los mecanismos de alarma del sistema de control del banco, “la organización criminal” contó con el conocimiento, autorización y complicidad de Andrés Guerrero, contralor del Banco de Reservas.
“Es importante destacar que, a pesar de que se estaba en pleno apogeo de la pandemia por COVID-19, y que el Ministerio de Administración Pública mediante la resolución núm. 059-2020, de fecha veintidós (22) de marzo del año 2020, incluyó al Ministerio de Hacienda entre los entes y órganos de la Administración Pública que debían cerrar o reducir las actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del Coronavirus, todo el personal de la Dirección General de Crédito Público (Deuda Administrativa) del Ministerio de Hacienda continuó trabajando de manera presencial y permanente, para hacer posible la erogación de los diecisiete mil cuatrocientos cuarenta millones trescientos ochenta y un mil setecientos treinta pesos con 11/100 (DOP 17,440,381,730.11), debido a que había una presión para que se hieran esos pagos”.
La solicitud de medida de coerción tiene más de mil elementos de pruebas que se encuentran en las tres mil páginas, este proceso que involucra a 20 implicados son acusados de sustraer dinero del Estado por un monto de 19.7 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 360 millones de dólares.