El fenecido Emilio Rivas, quien fuera presidente del partido Movimiento Democrático Alternativo (MODA), está entre los involucrados en la supuesta trama de corrupción desmantelada con la Operación Calamar.

Rivas falleció en diciembre del 2021 a causa de problemas cardíacos, pero había sido director de Bienes Nacionales en el segundo gobierno de Danilo Medina.

Desde esa entidad, indica el expediente de solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso, Rivas era parte de una supuesta red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.

En el documento, el Ministerio Público asegura que Donald Guerrero, en su función de ministro de Hacienda, se coalicionó con funcionarios públicos de mando alto José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, así como de otros funcionarios de nivel medio, entre ellos Rivas; Luis Miguel Piccirillo M., ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Andrés Guerrero, ex Contralor del Banco de Reservas; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exasesor del Ministerio de Hacienda, entre otros.

En el expediente instrumentado por el Ministerio Público se afirma que hay pruebas de que Rivas recibió pagos de soborno de la supuesta estructura criminal.

“Probamos que antes del año 2017, los expedientes de pago por expropiación de terreno cuando eran completados se mandaban automático al Ministerio de Hacienda, pero a partir de esa fecha solo se mandaba al Ministerio de Hacienda lo que pedía el Ministro, Ángel Donald Guerrero Ortiz, y que a tales fines, el fenecido Emilio Rivas le instruyó a que todo lo que pedía desde el Ministerio de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, enviarlo sin demora, a que todo lo de Hacienda se le diera prioridad y que se despachara de una vez”, indica.

Precisa también: “dicha instrucción fue dada en una reunión donde se encontraba todo el staff, después de la cual le entregó una lista de expedientes de Fernando Crisóstomo, entre los que estaban los expedientes que son parte de esta investigación, para que les trabajaran los acuerdos transaccionales, indicándole que de esa lista los que tenían asterisco eran los que se iban a trabajar. También prueba que en su área y bajo su supervisión se elaboraron los acuerdos transaccionales para efectuar los pagos de los casos expropiación”.

El Ministerio Público agrega, además, que entre las irregularidades que presentaban los expedientes entregados por Rivas para que elaborara los acuerdos transaccionales porque eran de interés del Ministro de Hacienda Donald Guerrero, está que carecían de evaluación técnica para determinar si procedía el reclamo de pago.

Asegura que el interés de Rivas era que todo se hiciera el mismo día, que se sacaran esos expedientes inmediatamente, esto porque “era presionado por el ministro de Hacienda para que se diera rápido”.

El organismo precisa que tiene pruebas de que la mayoría de los acuerdos transaccionales se hicieron en época electoral y en un corto tiempo, desde finales del año 2019 hasta el mes de julio del año 2020.

“Que en los casos solicitados por el ministro de Hacienda nunca pidieron una opinión técnica ni informe, por eso los expedientes antes referidos presentan múltiples irregularidades, que van desde falsedades, pagos a personas que no tenían la calidad, ausencia de documentaciones indispensables para materializar los pagos”, dice.