Rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditorías, asignarse de manera ilegal fondos públicos, alterar actas y usurpar funciones, son parte de las imputaciones que les atribuyen a la miembro de la Cámara de Cuentas, Elsa Peña Peña, de acuerdo con el informe de la Comisión Especial que investiga las “faltas graves” cometidas por este organismo.
En total son 14 las imputaciones que la atribuye la Comisión Especial a Peña, en el informe de 291 páginas.
Según el informe Peña rechazó y archivó de forma ilegal informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban los mismos, y haber votado en bloques los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes.
La Comisión Especial le imputa, además la asignación ilegal de los fondos públicos por haber propuesto y favorecido con su voto el pago de una indemnización en ocasión de la “solicitud de desvinculación” del señor Alfredo Antonio Peralta Rivas.
El expediente detalla que Peña alteró actas al firmar el acta y la resolución ADM-2022-12, sin que el Pleno la haya conocido, leído y aprobado, en razón de que fue elaborada con posterioridad e introducida irregularmente en el acta del Pleno anterior con fechas alteradas y sin que el tema estuviere contenido en agenda, ya que el tema en agenda era la modificación de la resolución ADM-2022-004 y el tema decidido fue la resolución ADM-2002-005, violando los procedimientos legales y reglamentarios, conducta que en principio podría reñir con las disposiciones de los artículos 145, 146 y 147 del Código Penal de la República Dominicano.
También la acusan de alteración de actas, por haber favorecido con su voto la inclusión de forma irregular de un “artículo tercero” al dispositivo de la decisión DEC-X-2023-007, que originalmente había sido aprobada en la sesión del Pleno PL-X-2023-005, del 27 de abril de 2023, con el fin de agregar en el acta la exclusión de los votos disidentes de los señores Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente, Mario Arturo Fernández Burgos, miembro, del informe del Congreso Nacional, sin que esto haya sido discutido ni votado en el Pleno.
De acuerdo con el informe especial, Peña participó en la celebración de una sesión del Pleno de la Cámara de Cuentas constituido ilegalmente y haber votado en la adopción de decisiones relativas al nombramiento y revocación de desvinculación del personal de la institución.
Además, le imputan usurpar las funciones del presidente de la Cámara de Cuentas, al disponer el traslado de una unidad administrativa a otra dentro de la institución a la señora Endry Mel Calderón Paulino.
Según el documento, Peña incumplió sus funciones por ejecución presupuestaria deficiente, al ejecutar del presupuesto aprobado para el año 2021, ascendente a la suma de RD$ 1,674,250,000.00, solo se ejecutó un (54%), o sea, la suma de RD$ 910,700,000.00, con un sobrante de RD$ 763,550,000.00.
Mientras que para el año 2022, le fue aprobado un presupuesto de RD$ 1,474,248,087.00, y solo se ejecutó un (68%), o sea, RD$ 999,629,511.00, con un sobrante de RD$ 474,618,576.00, lo que implica que al 31 de diciembre de 2022 acumularon la suma de RD$ 1,296,007,207.00, de los cuales RD$ 500,000,000.00 están en un certificado financiero, que ha generado aproximadamente la suma de RD$ 30,000,000.00, por concepto de intereses.
La Comisión Especial le imputa a Peña de incumplir sus funciones por incumplimiento del Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente al año 2021, en el cual se aprobaron 79 auditorías, de las cuales se ejecutaron 10, lo que representó un 13%; y para el año 2022, se aprobaron 88, de las cuales se ejecutaron 2, lo que representó un 2% de lo aprobado, incumplimiento generado por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros.
El documento señala que la miembro votó en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin dichos informes contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020 y 2021, lo cual se comprueba en la comunicación 004974/2021, del 26 de abril de 2021, firmada por todos los miembros de la Cámara de Cuentas y en la remisión de los informes al Congreso Nacional, lo que constituye una violación del numeral 3) del artículo 250 de la Constitución de la República, en cuanto a las atribuciones de la Cámara de Cuentas.
Otra imputación contra Peña es haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, sin dichos informes haber contado con la verificación de si la ejecución presupuestaria de los órganos y entes del Estado se ajustó a la Ley de Presupuesto General del Estado de los años indicados, y sin verificar el cumplimiento de la normativa constitucional y legal.
También, le imputan haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional de los años 2020, 2021 y 2022, sin dichos informes estar acompañados de los resultados de las auditorías practicadas durante dichos periodos. Además de no contar con los estudios e investigaciones especiales, así como la forma en que estas han cumplido sus objetivos y metas institucionales a través de los indicadores de gestión, lo cual se comprueba en la remisión de los informes al Congreso Nacional, lo que constituye violación al artículo 43 y párrafo de la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Que la Comisión Especial le imputa a Elsa Peña Peña la elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023, sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
El informe destaca el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones de Peña, al exhibir un comportamiento que afectó la buena administración de la Cámara de Cuentas, lo cual ha provocado una crisis institucional, debido a las diferencias que sostienen los miembros del ente constitucional.
Otra imputación de Peña fue haber usurpado las atribuciones del presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas por haber remitido información al Congreso Nacional, actas y videos parciales clasificados, no certificados y no solicitadas, lo cual se comprueba en la comunicación remitida al Congreso Nacional en fechas 4 y 5 de mayo de 2023.