Un total de 34 personas físicas y 12 personas jurídicas son señalados en el caso Calamar, por la presunta sustracción de más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativa, totalizan más de 19 mil millones.
En el expediente de la acusación, que consta de 3362 páginas, se detalla que fue creado "El programa" o "El proyecto" que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportiva y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda encabezada por el ministro de ese entonces Ángel Donald Guerrero Ortiz.
De acuerdo con la investigación participaron en el proyecto o programa los departamentos de fiscalización y operaciones de la dirección de Casino y juego de Azar, donde por instrucciones de los directores de Casino, colaboraron de manera activo en los cobros ilegales.
Detalla además que el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz autorizó y dirigió la estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña para obtener fondos ilícitos de procesos de cobros ilegales realizados a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, durante el periodo 2016-2020.
El acusado Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó (a) Neno, financió la puesta en marcha del proyecto o programa con la suma de 21 millones de pesos a cambio de tener una participación en las ganancias que se obtuvieran a través de las recaudaciones ilegales de las bancas de loterías y deportivas, así como de los colmados con tragamonedas, específicamente en ganar quinientos pesos por cada máquina incautada ilegalmente que se obtuviera.
Este caso salió a la luz el 18 de marzo del 2023, donde se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un equipo de apoyo administrativo.
Actualmente se encuentra a la espera de que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, inicie con la audiencia preliminar, la cual fue fijada para el 17 de junio.
En este proceso judicial son imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José, Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirilo Mccabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola y Emir José Fernández De Paola.
También Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Natividad Martínez Capellán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Figuran además las razones sociales Miqui Trade, S.R.L., Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial, BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Santa Bárbara, S.R.L., Desarrollos Rurales, S.R.L., Angel Lockward & Asociados, S.R.L. , Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc., Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.