Las personas que sufren quemaduras a causa del contacto con sustancias químicas, en su mayoría, son referidos a la Unidad de Quemados Pearl F. Ort, en el hospital Doctor Ney Arias Lora, de Santo Domingo, un centro especializado.
Esta unidad atiende un promedio de 1,700 emergencias térmicas promedio por año. De esos pacientes el 5% es asistido por quemaduras de sustancias químicas; de ese 5%, el 95 % es por agresión. Y en ese 95% la mayoría corresponde a pacientes femeninas, según explica el doctor Eddy Bruno, director Unidad de Quemados Pear F. Ort.
De acuerdo con los últimos datos para el cierre de este 2021, a nivel nacional se registraron 15 personas con quemaduras por ácido hasta el pasado 31 de diciembre, y 14 de ellas fueron mujeres.
“Luego de la recuperación de la vida del paciente, viene la cirugía reconstructiva para tratar de incorporarlo a la vida productiva y a la sociedad lo más estético y funcional posible. Estamos hablando de que, dependiendo del porcentaje de quemadura, sobre todo en el rostro que son las más frecuentes, ese paciente va a durar los próximos 4 o 5 años de su vida debajo de un bisturí”, explica el doctor Bruno.
A esto se le agrega, tal y como señala la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, encargada de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, quien denuncia que estos hechos constituyen un abuso económico en todos los sentidos. “Estas víctimas de violencia feminicida se ven obligadas a someterse a numerosas operaciones y buscar recursos económicos donde no los tienen”, indica.
Yocairi Amarante, con tan solo 19 años, fue víctima de un brutal ataque en septiembre del 2020, caso que conmovió a toda la sociedad. Se convirtió en el primer juicio por esta causa que terminó con los agresores condenados a la máxima pena, 30 años de prisión.
“El primer día que me dieron de alta, la niña estaba en una habitación, que era donde yo vivía y fue a la primera que vi. La niña, cuando me vio vendada, lo primero que me dijo fue ‘el cuco’, y yo me puse a llorar y a ella la metieron a la habitación. Y ya después de ahí ella no quería saber más de mí, no se me pegaba. Después, con el tiempo, mi mamá la fue adiestrando y explicándole: que sí, que yo soy su mamá, que lo que pasa es que estaba quemada”, así narra Yocairi el primer encuentro con su hija después de haber sido agredida con ácido del diablo. Precisamente, uno de los daños que sufren las víctimas de los ataques con ácido es que son rechazadas incluso por sus seres queridos más cercanos, debido a las secuelas que quedan en la cara y otras partes del cuerpo.
La frecuencia de estos ataques provocó la reacción de las autoridades, y en septiembre pasado el presidente Luis Abinader, cuando habló en el Primer Foro Nacional de los Actores de Protección de los Consumidores, dijo: “Quiero que el desgraciado ácido del diablo desaparezca de República Dominicana”.
“Con ProConsumidor a la cabeza y un equipo multi institucional no vamos a permitir que siga presente y que esté disponible ese derivado que tanto luto y desgracia ha llevado a las familias dominicanas”, expresó.
Y agregó el presidente Abinader: “nuestro gobierno se enfocará para que ese producto desaparezca, y que además caiga todo el peso de la Ley sobre quienes lo tengan disponible para su venta”.
Al unísono con las declaraciones del mandatario se anunciaron medidas tendentes a frenar la fácil adquisición de los componentes del letal ácido del diablo. Todo esto apenas una semana después que muriera la joven Yanelis Arias, rociada con ácido del diablo por un hombre que fingió ser mensajero que le entregaría un ramo de flores.
Eddy Alcántara, director ejecutivo ProConsumidor, dio a conocer la resolución 1060, del 16 de septiembre del 2021, que prohíbe la comercialización de destapadores de tuberías cuyos ingredientes activos sean productos ácidos inorgánicos.
Esta resolución también regula la comercialización de los químicos inorgánicos, destinándolos exclusivamente para procesos industriales, exigiendo un registro de quienes los adquieren.
“Eso hace que nadie se arriesgue a utilizar su cédula de identidad y electoral, dejando una fotocopia en el comercio, y pueda comercializarlo para el uso de la fabricación del ácido del diablo. Para un proceso de investigación es más fácil que se pueda determinar quién es responsable como autor intelectual o material del hecho”, explicó el director de ProConsumidor.
Esta medida es similar a la aplicada en países europeos, como España, donde existe un control estricto para la comercialización de químicos peligrosos, regulados con el REGLAMENTO (UE) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 2019 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y se deroga el Reglamento (UE) n.o 98/2013.
Este reglamento tiene como objetivo impedir la fabricación ilícita de explosivos. El 1 de febrero de 2021 entró en vigor la nueva normativa europea sobre la comercialización y utilización de precursores de explosivos, entre ellos el ácido sulfúrico.
No obstante, la magistrada de género Villa Camacho hace la siguiente advertencia “No podemos pensar que por una resolución este tipo muerte y asesinato se resolvió porque esta sustancia corrosiva se compone de muchas sustancias, y cada vez la mente perversa y criminal es más creativa y tendríamos que sacar del mercado absolutamente todas las sustancias, y son muchas la que conlleva la creación del ácido del diablo”.
Cinco meses después de haberse emitido la resolución, en un recorrido llevado a cabo por los autores de este reportaje por varias ferreterías, supermercados y distribuidores de pinturas, se pudo comprobar que se continúan vendiendo libremente los productos que contienen las sustancias químicas necesarias para "fabricar" ácido del diablo de manera artesanal. Estos negocios no exigen ningún tipo de autorizació ni identificación a los compradores de esas sustancias.
Pese a la falta de controles más estrictos, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, se muestra optimista:
“Las informaciones que nosotros tenemos, después de esa resolución, es que, en lugares de la parte alta del Distrito Nacional, sectores populares del Gran Santo Domingo, Santiago, provincias y municipios de la región del Cibao, eran agresiones 3 y 4 por día, pueden buscar las estadísticas. Ahora las informaciones que tenemos por los departamentos de inteligencia interno de ProConsumidor es que en la mayoría de los casos han disminuido prácticamente a cero las agresiones por este tipo de situación”.
El actual Código Penal dominicano no tipifica de manera específica el delito de agresión o intento de asesinato con el uso del ácido del diablo. No obstante, los juristas sostienen que se pueden lograr condenas severas, como de hecho ha ocurrido, con la actual legislación que condena cualquier tipo de agresión y el intento de asesinato.
El abogado Amadeo Peralta dice que “precisamente los artículos 3-03 y 3-04 del Código Penal dominicano castigan como tortura o acto de barbarie (agredir con) cualquier tipo de sustancia que le cause un daño o alguna lesión física a una persona, aun no le cause ningún sufrimiento. Y la pena a imponer, como ha pasado en algunos procesos, es de 30 años de prisión”.
Mientras, Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de justicia de la Cámara de Diputados, afirma: “estamos creando el tipo penal que se va a denominar Sustancias Químicas. No solamente va a entrar el ácido del diablo, sino también cualquier sustancia química corrosiva que pueda hacer daño a la persona, y que se va a juzgar como un hecho muy grave”.
Aseguró que con esta nueva figura penal se podrán imponer penas de 20 a 30 años, pero que en los casos que haya una lesión de por vida o muerte las penas serían de 30 a 40 años.
A esta lucha por evitar los ataques con ácido se suma la Procuraduría General de la República. La procuradora Miriam Germán Brito instruyó a todo el Ministerio Público para que todos estos casos tengan la calificación de “actos de tortura y barbarie", delito que puede conllevar condena de 30 años de prisión. La Procuraduría ha puesto empeño en judicializar a los autores materiales e intelectuales "de este acto perverso e inhumano”.
Por otro lado, la magistrada de género Villa Camacho advierte que la violencia que se ejerce contra las mujeres con los ataques con ácido es una forma de “muerte en vida, es una forma de violencia femenina”, con el fin de causar una lesión permanente de por vida, que no solo desfigura el cuerpo de la víctima, en muchos casos provoca la muerte.
Y agrega que es una acción intencional, una violación a la ley 2497 artículos 309-1 y si son pareja 309-2. Violación al artículo 303 al código penal, que describe los actos de tortura o barbarie.
“Cruel, inhumano, sádico, solo una mente criminal, solo el típico criminal es capaz de llegar a los extremos de esta forma tan perversa, porque es una forma perversa de asesinar a la mujer”, explica la magistrada.
Este trabajo de investigación periodística se hizo gracias al apoyo de la carrera en Comunicación Social y Medios Digitales de Intec (Instituto Tecnológico de Santo Domingo) y la embajada de Estados Unidos, como parte del proceso de formación periodística a través de la tercera ronda del “Diplomado Internacional en Investigación Periodística”.
Los periodistas Jeannette Fernández, Ronny Heredia, Raysa Feliz, Rosa Yris Castillo, Stephanie del Carmen Rodríguez Rodríguez y Patria Urbáez son autores de este reportaje.