La República Dominicana se encuentra atrapada en la destructiva interacción entre las bandas juveniles, los flujos ilícitos de droga, dinero y armas de países de la región, advirtió Evan Ellis, profesor investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos,
Bajo el título Retos de seguridad a los que se enfrenta la República Dominicana y la respuesta del Gobierno, el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú publicó este miércoles el diagnóstico de Ellis sobre ese tema tras una visita que efectuó a nuestro país a finales del mes pasado y expuso sobre la delincuencia y la violencia.
- Octubre 18, 2023
Identifica que la crisis en Haití se ha convertido para República Dominicana, "sin duda, en la principal preocupación política y de seguridad del país".
Sobre el narcotráfico, Ellis sostuvo que antes del año 2010 "los narcovuelos aterrizaban, a veces, en las carreteras dominicanas para dejar su mercancía o arrojaban paquetes de droga al mar para ser recuperados por cómplices que operaban desde tierra".
Las capturas se han multiplicado y "solo en el 2022 se interceptó más del doble de drogas que en el 2020 (31 toneladas métricas)", destaca y cifra en 17 las toneladas métricas de cocaína halladas en los primeros cinco meses del año 2023.
El an{alisis en cuestión:
Introducción
Del 24 al 28 de septiembre de 2023, se realizó un viaje a Santo Domingo, República Dominicana, para presentar una ponencia sobre la delincuencia y la violencia en el Caribe, en un foro organizado por Funglode,[2] uno de los principales Think Tank del país. Como parte de esta visita, se mantuvo un diálogo con un amplio abanico de antiguos y actuales miembros del personal de seguridad y con otros expertos sobre los retos de seguridad a los que se enfrenta la nación.
La economía de la República Dominicana, estrechamente vinculada a la de Estados Unidos (EEUU) a través de la geografía, los lazos familiares y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR),[3] es una de las de más rápido crecimiento en la región.[4] A pesar del devastador impacto de la pandemia de la COVID-19,[5] el turismo se ha recuperado notablemente.
El país posee una vibrante cultura política democrática y, a diferencia de muchos de sus vecinos del Caribe y Centroamérica con los que comparte estrechos vínculos lingüísticos y culturales, ha logrado mantener niveles de violencia y actividad de las bandas significativamente más bajos.
Sin embargo, estos indicadores positivos se complementan con un conjunto de retos significativos y multidimensionales que se refuerzan mutuamente, amenazando su seguridad y viabilidad política y económica.
En el contexto de las graves distorsiones económicas, fiscales y políticas provocadas por la pandemia de la COVID-19,[6] estos retos incluyen las tensiones económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania (que alcanzaron el 8 % en 2022, antes de caer al 4 % este año),[7] el cambio climático, entre otros factores, así como un flujo creciente de bienes y fondos ilícitos que alimentan la violencia y la criminalidad, socavando principalmente las instituciones de la nación. A estos desafíos se suma la creciente crisis de gobernanza y violencia en el vecino Haití, con múltiples efectos indirectos en la República Dominicana.
Contexto Estratégico
En su situación de seguridad, la República Dominicana se ve acosada por los mismos retos que afectan al Caribe y a la región en general,[8] los cuales se refuerzan mutuamente.
La pandemia de la COVID-19 no solo tuvo un efecto sin precedentes en términos de mortalidad, sino que también alteró la estructura económica del país y de sus vecinos, destruyendo pequeñas empresas y empujando a la población al sector informal.
A estas tensiones se sumaron los efectos inflacionistas ya señalados de la invasión rusa de Ucrania, que incrementó los precios de los alimentos básicos y el combustible, afectando a los segmentos más vulnerables de la población.
Se podría decir que esta combinación de presiones amplió el número de personas dispuestas a participar en empresas delictivas, incluido el blanqueo de capitales.
Además, la pandemia afectó a los subsiguientes equilibrios fiscales del Gobierno,[9] limitando así la capacidad de la nación para gastar en desarrollo, programas sociales para los necesitados, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial en respuesta a las cambiantes amenazas a la seguridad.
Al igual que el resto de la región, la República Dominicana también experimentó los efectos del cambio climático, evidenciados en un incremento en la cantidad de huracanes y tormentas tropicales.
El año 2020 marcó un récord para la región,[10] y los años subsiguientes trajeron importantes tormentas que afectaron al país, como el huracán Fiona, que causó daños significativos en la parte oriental de la isla, en septiembre de 2022. [11]
También se ha visto afectada por la crisis de la banca corresponsal, tras el colapso financiero de 2007,[12] aunque la elevada confianza en el sistema bancario de la República Dominicana hizo que la dinámica de reducción de riesgos de la banca corresponsal no haya sido tan grave como en otras partes de la región.
Del mismo modo, sufre las consecuencias por la salida de inmigrantes de Venezuela, sobre todo por su afinidad como la economía hispanohablante más importante del Caribe.
Se calcula que 121.000 venezolanos residen actualmente en el país.[13] No obstante, la marea de emigrantes venezolanos que se dirigen a la República Dominicana disminuyó en los últimos dos años y, según las personas consultadas para este trabajo, el impacto percibido en la sociedad dominicana se ha disipado, debido a las políticas del gobierno de Abinader que facilitan la regularización de la situación migratoria de los venezolanos. [14]
Debido a su situación geográfica, que lo ubica entre los mayores productores de droga de Sudamérica y los principales mercados de consumo de EE.UU. y Europa, se convirtió durante mucho tiempo en una nación de tránsito de estupefacientes,[15] lo que ha contribuido a la corrupción y a la actividad delictiva.
Antes de 2010, cuando el Gobierno adquirió aviones interceptores Super Tucano, los narcovuelos aterrizaban, a veces, en las carreteras dominicanas para dejar su mercancía o arrojaban paquetes de droga al mar para ser recuperados por cómplices que operaban desde tierra.[16]
La creciente producción de cocaína en Colombia, sobre todo, después de los acuerdos de paz de 2016[17] y con las políticas expansivas del gobierno de Gustavo Petro, aumentó del 24 % del potencial[18] de producción solo en el último año, según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).[19]
La amplia colaboración de los miembros del gobierno autoritario de Venezuela con el crimen organizado añadió otro desafío.[20] Venezuela pasó de ser un país de tránsito a convertirse en una región productora de cocaína con numerosos de laboratorios.[21]
La combinación del incremento en los envíos de cocaína, provenientes de los vecinos del sur de la República Dominicana, Venezuela y Colombia, junto con otros fondos ilícitos que ingresaron al país procedentes de actividades como la minería ilegal en la región del Orinoco,[22] ha puesto a prueba el tejido institucional dominicano, en particular sus organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Como reflejo del actual aumento en el tránsito de drogas, solo en el 2022 se interceptó más del doble de drogas que en el 2020 (31 toneladas métricas). [23] En los primeros cinco meses del año, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ya había incautado 17 toneladas métricas,[24] lo que sitúa a 2023 como otro año récord.
Solo en abril de 2023, las incautaciones superaron el total de 2018 y 2019 juntos.[25] Debido a su ubicación geográfica en el centro del Caribe, el aumento de los flujos de drogas a través de la República Dominicana también se agravó por el acrecentamiento de la demanda de cocaína desde Europa[26] y la participación concomitante de las organizaciones criminales europeas en el movimiento de drogas desde países de origen como Colombia y Venezuela hacia el Viejo Continente.
Delincuencia e Inseguridad en República Dominicana
La República Dominicana se encuentra atrapada en la destructiva interacción entre las bandas juveniles, los flujos ilícitos y las armas, lo cual afecta al Caribe en general,[27] aunque de forma diferente en comparación con sus vecinos caribeños.
La tasa de homicidios, que es de 11,9 % por cada 100.000 habitantes,[28] resulta modesta en comparación con otras zonas del Caribe,[29] incluyendo países vecinos como Jamaica, con una tasa de 52,9 % por cada 100.000 habitantes,[30] Trinidad y Tobago, con 39,4 % asesinatos por cada 100.000 habitantes,[31] y Haití, que está sumergida en la violencia y el caos.
Además, la percepción de inseguridad se debe, en parte, a que su tasa de homicidios aumentó en los últimos años, pasando de 9,2 asesinatos por cada 100.000 personas en 2020,[32] a 11,9 por cada 100.000 en 2022.[33]
Según expertos en seguridad, entrevistados para este trabajo, se prevé que esta alcance a 13,6 por 100.000 en 2023. Los crímenes de alto perfil y la cobertura mediática contribuyeron a una sensación de mayor inseguridad en la población dominicana.
En contraste con otras partes del Caribe, donde el papel de las armas de fuego en los asesinatos y otros delitos se ha convertido en un tema político importante,[34] la prevalencia de las armas de fuego en los delitos cometidos en la República Dominicana no ha recibido tanta atención. Esto es particularmente trye, en comparación con sus vecinos de alta violencia[35] como Jamaica[36] y Trinidad y Tobago.[37]
No obstante, las estadísticas sobre el uso de armas de fuego en los homicidios coinciden con las del resto de la región, donde la mitad de los asesinatos involucran el uso de un arma de fuego.[38]
En el caso de la República Dominicana, de los 1.632 homicidios registrados en 2022, 968, distribuidos en zonas conflictivas como Villa Mella, Los Guaricanos y Herrera, fueron cometidos con armas de fuego. [39]
Cabe señalar que las armas de fuego estaban estrictamente controladas durante la dictadura de Rafael Trujillo Molinas (1930-1961), aunque el régimen legal se suavizó con su caída y la tenencia de armas de fuego se extendió gradualmente en los años siguientes.
A finales de la década de 2010, el ejército y la policía realizaron esfuerzos para reducir el número de armas de fuego ilícitas, incluida una organización especial dentro de la Procuraduría General de la República Dominicana dedicada a combatir el tráfico de armas.[40]
Evolución del Reto del Narcotráfico
A pesar de su ubicación como nodo de tránsito de las drogas que circulan desde los países sudamericanos de la zona de origen hacia EE. UU. y Europa,[41] o quizá debido a ella, los grupos dominicanos han sido tradicionalmente intermediarios, más que actores relevantes, en el tráfico de drogas.
Importantes jefes criminales de nivel medio radicados en el país, como José Figueroa Agosta[42] en la década de 1990 y principios de la década de 2000 (en realidad puertorriqueño), y César Peralta[43] en la década de 2010, fueron la excepción.
Como se señaló anteriormente, la creciente producción de drogas en Colombia y Venezuela aumentaron el tráfico de cocaína y otros productos ilícitos. Estos flujos tuvieron un impacto corruptor en el país y en su sistema de aplicación de la ley que lidió, durante mucho tiempo, con la corrupción[44] y otros problemas institucionales.
Debido a su posición geográfica, el país ha sido escenario de luchas entre poderosos grupos colombianos y mexicanos. En los últimos años, al igual que en otras partes de la región, los representantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han establecido una fuerte posición.
El cártel de Sinaloa, en particular, comenzó a introducir fentanilo en el mercado dominicano,[45] en combinación con otros productos, aunque las autoridades afirman que todavía no hay indicios de un problema[46] significativo de fentanilo en el territorio.
Dado a la naturaleza altamente letal del fentanilo, y a sus efectos sobre la salud,[47] combinado con las limitadas capacidades de las autoridades dominicanas para hacerle frente, el impacto potencial sobre la dinámica criminal dominicana y la sociedad son graves.
A medida que la demanda de cocaína y otras drogas procedentes de Europa se fue acrecentando,[48] la República Dominicana, incluido el puerto de Caucedo, de gran volumen, se ha convertido en un centro estratégico para los envíos de droga con destino a Europa,[49] invitando en el proceso a operar a representantes de organizaciones delictivas europeas.
Con el tiempo, el enfoque del pago en especie, por parte de los narcotraficantes, alimentó un creciente problema[50] de consumo de drogas y economías ilícitas locales vinculadas a dicho microtráfico.
Las múltiples personas y dinero implicados en cada punto de venta local, dentro de las zonas específicas donde se compran, venden y consumen drogas, contribuyen a una comunidad de bandas y actores ilícitos más amplia.[51] En conjunto, estos puntos de venta de drogas han contribuido al deterioro de las comunidades dominicanas, las cuales enfrentaban problemas económicos y de otro tipo, como se ha explicado anteriormente.
Pandillas en la República Dominicana
En décadas anteriores, las bandas dominicanas radicadas en EE. UU., como los Latin Kings, los Trinitarios, los Bloods y los Crips, entre otras,[52] desempeñaron un papel fundamental en la distribución de las drogas que circulaban por la región hacia la costa este del territorio estadounidense.
En paralelo a la situación de bandas jamaicanas como los Shower Posse,[53] el poder y la riqueza de las bandas dominicanas, aprovechando conexiones similares con las diásporas étnicas en EE. UU.,[54] empezaron a crear un problema dentro de la propia República Dominicana.[55]
A mediados de la década de 2010, sin embargo, el Gobierno logró controlar el problema. [56] No obstante, en la actualidad, los funcionarios del sector de la seguridad consultados para este trabajo indican que las bandas están empezando a resurgir,[57] alimentadas por el fenómeno del microtráfico anteriormente señalado.
Haití
A pesar de los graves problemas que el narcotráfico plantea a la República Dominicana, la caída en la violencia y el caos de su vecino Haití, con el que comparte la isla de La Española, se ha convertido, sin duda, en la principal preocupación política y de seguridad del país.
En Haití, más de 200 bandas,[58] que operan en coalición, especialmente el G9 y el G-PEP,[59] han llegado a controlar el 80 % o más de la capital, Puerto Príncipe,[60] y una parte considerable del resto del territorio nacional. Las capacidades de estas superan las de la Policía Nacional de Haití,[61] desmoralizada y con escasos recursos.
El secuestro, la extorsión y su lucha interna por el control territorial han hecho casi imposible el traslado de alimentos y combustible[62] para generadores desde los puertos a las zonas donde se necesitan.
Los secuestros[63] y otros actos de violencia, desenfrenados y paralizantes, obligaron a retirarse a muchas organizaciones no gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras (MSF),[64] que atendían las necesidades básicas de los haitianos mientras la economía se hundía.
Se calcula que más de la mitad de la población haitiana sufre[65] algún nivel grave de desnutrición. Para agravar la violencia y la anarquía, organizaciones parapoliciales como Bwa Kale[66] han tratado de tomar el asunto en sus propias manos, lanzando una campaña de asesinatos y otras acciones punitivas[67] contra miembros reales y sospechosos de las bandas.
Para Haití, la próspera economía de la vecina República Dominicana fue, durante mucho tiempo, una fuente de empleo, alimentos y otros bienes necesarios. A medida que Haití se ha sumido en el caos, el aumento de la desesperación afectó a la parte dominicana de múltiples maneras.
Aunque las cada vez más poderosas bandas haitianas no suelen ejercer la violencia en el lado dominicano de la frontera, según las personas entrevistadas para este trabajo, muchas utilizan la República Dominicana como depósito de su dinero, base para planificar operaciones y zona segura para las familias de los líderes de estas agrupaciones.
A medida que la situación se agravaba en Haití, también se han producido algunos incidentes de secuestros y delitos[68] relacionados con estos grupos en la República Dominicana.
La frontera entre la República Dominicana y Haití se ha considerado tradicionalmente «porosa».[69] Actualmente, hay seis puestos de control oficiales, de Norte a Sur: Monte Cristi, Manzanillo, Dajabón, Elías Pina, Jimaní (el más cercano a Puerto Príncipe, la capital de Haití) y Pedernales.
Al igual que ocurre con otros pasos fronterizos similares entre EE.UU. y México, el elevado volumen de personas y mercancías[70] que atraviesan por el paso fronterizo oficial entre la República Dominicana y Haití dificulta el control.
Además, existen numerosos pasos fronterizos «informales» entre ambos países («pasos ciegos»).[71] Tanto en los pasos fronterizos formales como en los informales, las personas entrevistadas para este trabajo señalan que el soborno facilita la circulación de personas y mercancías incluso cuando existen controles.
En la República Dominicana, las personas consultadas consideran que la situación en Haití supone una grave amenaza para el país[72] por los efectos de la violencia, los refugiados y otras dinámicas.
La lente, a través de la cual muchos dominicanos ven a Haití, está teñida por una historia difícil en la isla compartida de La Española, que incluyó una brutal invasión de 22 años, de 1822 a 1844,[73] en la que los ocupantes haitianos efectivamente trataron de eliminar el idioma dominicano, las tradiciones culturales, religiosas, entre otras.
El legado histórico incluye repetidos intentos de invasión por parte de Haití en los años posteriores a que los dominicanos se independizaran de ellos.
Además, de una historia moderna en la que la inestabilidad en Haití y la delincuencia asociada y la propagación de enfermedades como el cólera han sido un problema continuo, a pesar de que la República Dominicana se ha beneficiado de la mano de obra y el comercio haitianos durante el mismo periodo.
Muchas personas en la República Dominicana consideran que la comunidad internacional es insensible a los numerosos problemas que la inestabilidad en Haití ha causado a la República Dominicana a lo largo de los años, lenta a la hora de actuar de forma[74] significativa para abordar la crisis de Haití y sus efectos perjudiciales en la región, pero rápida a la hora de juzgar las actitudes y políticas[75] dominicanas hacia Haití.
El impacto de la crisis haitiana en la República Dominicana se intensificó en septiembre de 2023, cuando los grupos haitianos que buscaban agua para riego comenzaron a construir un gran canal para desviarla del río Masacre,[76] que comienza y termina en la República Dominicana y define parte de la frontera del país, pero entra brevemente en territorio haitiano frente a Dajabón.
Aunque, inicialmente, el canal había sido objeto de algunas consultas por parte de los haitianos con sus homólogos dominicanos, el tamaño del canal que Haití pretendían construir amenazaba con desviar prácticamente toda el agua del río Masacre, lo que afectaría a la agricultura y la sostenibilidad río abajo en el lado dominicano, además de tener graves consecuencias medioambientales.[77]
El gobierno de Ariel Henry en Haití fue inicialmente incapaz de gestionar las actividades del canal en su lado, y finalmente, alineó su posición con jefes de bandas como el líder del G9 «Barbecue»,[78] quienes abogaban por el canal, incluso mientras Barbecue prometía una revuelta armada contra Henry.[79]
El gobierno de Abinader cerró completamente la frontera el 15 de septiembre de 2023.[80] Los efectos del cierre de la frontera en ambos lados fueron severos, debido a la interdependencia económica en la región fronteriza, sujeta a un intercambio[81] económico anual estimado en mil millones de dólares.
El impacto en la zona haitiana fue especialmente grave dada la crisis de su economía y la necesidad de depender de la República Dominicana para obtener bienes básicos e ingresos por servicios laborales.
Las acciones precipitaron disturbios y protestas en el lado haitiano.[82] La atención internacional al cierre se vio agravada porque, deliberadamente o no, se produjo mientras el presidente dominicano Abinader, el presidente haitiano Ariel Henry[83] y otros líderes internacionales se congregaban en Nueva York para la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la actividad se convirtió en foco de atención a nivel mundial.
La Respuesta del Gobierno Dominicano
En comparación con sus socios vecinos del Caribe, la República Dominicana cuenta con un aparato de seguridad relativamente grande y capaz, que incluye la policía nacional, el ejército, la dirección antinarcóticos (DNCD) y otros órganos.
La respuesta del gobierno a los desafíos de seguridad se ha visto obstaculizada por la corrupción y las debilidades institucionales, aunque los sucesivos gobiernos han trabajado en asociación con vecinos como Estados Unidos para remediar tales deficiencias.[84]
Con respecto a la corrupción, las personas entrevistadas para este trabajo coincidieron en general en que el gobierno de Abinader ha dado grandes pasos para limpiar las organizaciones gubernamentales en el sector de la seguridad y en otros sectores, aunque aún queda mucho trabajo por hacer.
En la actualidad, el gobierno de Abinader persigue múltiples casos de corrupción pública que implican 740 millones[85] de dólares en malversación y/o sobornos.
La Operación Calamar, [86] que arrestó a personas cercanas al anterior presidente Danilo Medina, y la Operación Anti-Pulpo, [87] que incluyó al hermano del ex presidente Medina,como objetivo clave, [88] ilustran tanto el alcance del desafío como el trabajo del gobierno actual para limpiar la corrupción institucional.
Policía Nacional Dominicana
La policía nacional dominicana[89] es una fuerza de aproximadamente 36,000 personas, incluyendo personal administrativo, actualmente bajo el mando del Mayor General de la Policía, Eduardo Alberto Thien.[90]
Aunque posee capacidades sustanciales, a lo largo de los años, la organización ha luchado por gestionar la corrupción[91] en su seno. En una encuesta, el 47 % de las personas que tuvieron contacto con la policía dominicana declararon haber sido presionados a pagar un soborno.[92]
La reforma de la policía fue una de las principales prioridades anunciadas[93] por el actual presidente, Luis Abinader, al tomar posesión.
Durante su gobierno, unos 5.000 agentes se han visto obligados a dejar sus puestos por medidas relacionadas con la corrupción. En este sentido, los militares han llegado a dirigir, apoyar o supervisar una amplia variedad de funciones policiales en el país.
Fuerzas Armadas de la República Dominicana
Las fuerzas armadas de la República Dominicana,[94] actualmente bajo el mando del ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa,[95] son una fuerza capaz y con un peso significativo en la política dominicana que data de la época de la dictadura de Trujillo (1930-1961).
Como se señaló en la sección anterior, los militares dominicanos están involucrados en una amplia gama de funciones de seguridad, desde las responsabilidades tradicionales de defensa de la soberanía de la nación contra las amenazas externas, hasta funciones de control fronterizo, antinarcóticos y seguridad interna, entre otras.
El artículo 252 de la Constitución de la República Dominicana de 2010[96] establece que los militares en garantes de la seguridad nacional y que pueden ser utilizados para la seguridad interna y otros asuntos cuando la capacidad de otras instituciones haya sido superada.
Además, crea un vehículo para el papel militar en la seguridad pública al autorizar la creación de «agencias especializadas» por parte del presidente.
Dentro de este marco constitucional y legal, los militares han asumido un papel en numerosas funciones de seguridad interna, duplicando aproximadamente sus efectivos en el proceso.
Las organizaciones militares especializadas en la República Dominicana incluyen el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFronT), el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo (CESMET), el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA); y un organismo especializado para la protección de los espacios públicos denominado Conjunto Ciudad Tranquila (CIUTRAN).
El gobierno dominicano también está creando un nuevo «cuerpo de seguridad pública» para la protección de infraestructuras públicas como edificios financieros y escuelas, en sustitución del antiguo «cuerpo mixto» policial-militar que desempeñaba esta función.
Además, otros organismos públicos importantes, como la Policía de Turismo (POLITUR) también están dirigidos por militares.
Desde el punto de vista de los militares dominicanos, la asignación a uno de los «cuerpos especializados» es atractiva porque los asignados reciben un «segundo salario» correspondiente a su participación.
El gobierno dominicano también cuenta con múltiples organizaciones de fuerzas especiales que apoyan sus misiones antinarcóticos y otras misiones de seguridad. Estas incluyen unidades de fuerzas especiales en la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, así como una Unidad Antiterrorista (UAT) de élite altamente capacitada que opera directamente bajo el mando del Ministerio de Defensa.
Para especificar con mayor claridad las misiones de las fuerzas armadas, incluida su estrategia general y su responsabilidad con respecto a otras partes del gobierno, el ejército dominicano ha completado recientemente un Libro Blanco de la Defensa,[97] en proceso de elaboración desde hace mucho tiempo, a través de un equipo dirigido por el general de brigada Justo del Orbe.
El trabajo incluye áreas de interés tradicionales, así como nuevas áreas importantes como la ciberdefensa.
En respuesta a los desafíos que plantean a la nación los flujos de narcóticos, la inseguridad y la crisis de Haití, entre otros, el gobierno de Abinader ha adquirido un número significativo de capacidades militares adicionales.
Estas incluyen una gama de vehículos, como la compra de 24 vehículos blindados españoles VAMTAC ST5 para movilidad[98] adicional a lo largo de la frontera, entregados en septiembre de 2023.
También incluye la adquisición de cuatro helicópteros bimotores británicos Leonardo AW169,[99] y planes para obtener 10 aeronaves de ala fija adicionales para vigilancia y otras misiones.[100]
Estos vehículos y aeronaves recientemente adquiridos complementan los 305 vehículos[101] obtenidos por el gobierno de Abinader en 2022, incluidos 7 autobuses, 70 minibuses, 49 camiones, 64 camionetas y todoterrenos, 104 motocicletas y un vehículo todoterreno.[102]
Los nuevos activos también complementan una base significativa de vehículos existentes, incluidos 8 jeeps CJ-8 proporcionados por EE. UU. en 2021,[103] así como otros vehículos, ocho aviones interceptores de ala fija Super Tucano adquiridos en 2009,[104] dos aviones Cessna 208 de ala fija[105] para detección y vigilancia, entre otros usos, 11 helicópteros[106] monomotor UH-1 Huey, una flota sustancial de lanchas patrulleras, muchas de ellas proporcionadas por EE. UU.
El ejército ha expandido sus capacidades en el sur del país, destino de gran parte de los flujos de droga que provienen del Caribe, principalmente desde Colombia y Venezuela.
La Fuerza Aérea Dominicana estableció una nueva base en la ciudad meridional de Barahona,[107] junto al aeropuerto internacional María Montes. Se espera que esta base militar aérea solucione los problemas de cobertura de radar en la región, debido a las «sombras» creadas por el terreno montañoso.
Adicionalmente, otros organismos dominicanos, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), han establecido un centro de operaciones conjuntas en el aeropuerto.
En reacción a la creciente inseguridad, el gobierno dominicano también recurrió a medidas electrónicas, como la instalación de cámaras[108] en red en espacios públicos y la modernización de su sistema de respuesta a emergencias 911, en parte con donaciones de equipos de la República Popular China (RPC).[109]
DNCD
La Organización Nacional Antidrogas (DNCD),[110] actualmente bajo el mando del Vicealmirante José Cabrera Ulloa,[111] es la principal agencia de la República Dominicana para combatir los narcóticos transregionales que se mueven a través del país y su espacio aéreo y aguas circundantes.
La DNCD trabaja en estrecha colaboración con su homóloga estadounidense, la Drug Enforcement Agency (DEA), y otras entidades federales de EE. UU. En particular, EE. UU. trabaja con unidades que han sido examinadas desde el punto de vista de los derechos humanos y la corrupción, incluso mediante pruebas poligráficas.
Asimismo, la DNCD cuenta con un número considerable de activos y capacidades, entre los que se incluyen aviones y barcos confiscados a delincuentes en virtud de leyes que permiten al Estado confiscar dichos activos tras el debido proceso.
También, en coordinación con otras autoridades dominicanas, opera escáneres aduaneros en los principales aeropuertos del país y en los puertos de mayor relevancia comercial, como Caucedo y Haina.[112]
Mientras que la DNCD se centra especialmente en los envíos de narcóticos, a través del país, la policía tiene la responsabilidad principal de combatir el microtráfico dentro de la nación.
Desafortunadamente, después de un escándalo en 2014 en el que el jefe de la dirección de narcóticos de la policía DICAN, Carlos Fernández Valerio, fue arrestado por complicidad con narcotraficantes,[113] incluyendo la liberación de un cargamento de 950 kg de cocaína previamente incautado por la policía,[114] la organización DICAN fue disuelta, dejando al país sin una capacidad efectiva contra el microtráfico.
Unidad de Análisis Financiero
A pesar de, o en respuesta a, la influencia corruptora de los sustanciales recursos del narcotráfico que fluyen a través del país, la República Dominicana tiene una Unidad de Análisis Financiero (UAF)[115] muy respetada, dirigida por Aileen Guzmán Coste.[116]
Tras satisfacer con éxito los requisitos del grupo Edgemont, fue admitida en la organización en febrero de 2019.[117]
La UAF trabaja en conjunto con otras múltiples entidades dominicanas en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros, entre ellas la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, el Ministerio Público y otras.
Se considera que la UAF y los vehículos del país para supervisar el sistema financiero contra las actividades ilícitas cumplen con las recomendaciones de su organización internacional homóloga, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La UAF dominicana realiza investigaciones, identificando delitos financieros y es técnicamente independiente de la Procuraduría General de la República que toma las decisiones y persigue las acciones de aplicación de la ley, una separación que, si bien es consistente con las prácticas en la región, ha creado retos y cuestiones de coordinación y de llevar los casos adelante.
Seguridad Fronteriza: CESFRONT, los Militares y el Muro Fronterizo
El CESFRONT, actualmente bajo el mando del Coronel Freddy Soto,[118] tiene la responsabilidad de controlar los seis puestos de control fronterizos formales a lo largo de la frontera dominico-haitiana.
Su papel se ha vuelto cada vez más importante a medida que la crisis haitiana y los problemas migratorios asociados han aumentado en importancia en los últimos años.
Al igual que ocurre con la DNCD, en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, la cantidad de tráfico ilícito y de personas que cruzan la frontera a diario genera constantes presiones corruptoras que CESFRONT debe esforzarse por controlar.
En la supervisión de la frontera, la labor de CESFRONT consiste en controlar los seis puestos de control oficiales del paso fronterizo.[119] El trabajo del CESFRONT en el manejo de estos pasos fronterizos se complementa con el despliegue del ejército para la defensa de la zona comprendida entre ellos, incluyendo los señalados pasos informales («pasos ciegos»).
El personal para estas operaciones proviene principalmente de batallones de las tres brigadas del ejército más cercanas a la frontera: la Tercera Brigada en San Juan, al Oeste de la República Dominicana; la Cuarta Brigada en Mao, al Noroeste del país; y la Quinta Brigada en Barahona, al Sur.
Los militares dominicanos también utilizan un contingente de fuerzas especiales del Ejército, ubicado cerca del cuartel general de la Primera Brigada en Santo Domingo, como fuerza de reacción rápida para apoyar el trabajo de los demás batallones asignados a la frontera.
Las personas consultadas para este estudio, indican, sin embargo, que la unidad de fuerzas especiales del Ejército de la República Dominicana, asignada a responsabilidades fronterizas, solo ha necesitado intervenir de forma ocasional.
A medida que la situación en Haití se ha ido deteriorando, el gobierno de Abinader ha utilizado los vehículos recién adquiridos mencionados anteriormente, incluidos sus camiones VAMTAC ST5, para reforzar la frontera con una mayor movilidad para los soldados que se encuentran allí.
Para complementar estos efectivos militares en el control de la frontera, desde febrero de 2022,[120] el gobierno de Abinader ha estado construyendo rápidamente un muro a lo largo de las 173 millas de frontera del país, cuya finalización está prevista para noviembre de 2023.
El muro es mucho más bajo que las estructuras correspondientes en la frontera entre EE. UU. y México, y se compone de un fondo de bloques de hormigón rematado por alambre de púas, complementado con cámaras y otros sensores,[121] así como torres de vigilancia tripuladas.
Según los expertos dominicanos consultados, hasta la fecha las obras iniciales del muro se han centrado en las zonas próximas a los puestos de control y en el norte y el sur del país, dejando para después la construcción de estructuras más difíciles en el centro montañoso de la región fronteriza.
Al parecer, la rapidez de la construcción se ha visto facilitada por la incidencia relativamente limitada de la propiedad privada de terrenos a lo largo de la frontera, lo que ha hecho que la adquisición y el uso del territorio necesario por parte del gobierno sea relativamente más rápida que con los correspondientes proyectos de obras públicas que atraviesan terrenos públicos.
Las autoridades dominicanas subrayan que el muro es un primer intento y una barrera tanto simbólica como física. De acuerdo a los funcionarios de seguridad, los haitianos empezaron a cortar el alambre a lo largo de algunas secciones del muro para cruzar.
Los analistas están preocupados respecto a que la construcción de bloques de hormigón pueda hacer que el muro sea vulnerable a la erosión con las fuertes lluvias, en ciertas zonas, durante la estación lluviosa dominicana.
CIUTRAN
La CIUTRAN fue creada bajo la Administración del presidente Leonel Fernández para complementar las fuerzas policiales y aumentar la sensación de seguridad ciudadana en las principales zonas urbanas, incluyendo Santo Domingo y, posteriormente, Santiago.[122]
En junio de 2022, el gobierno de Abinader lanzó el programa «Mi País Seguro»,[123] en el marco de la CIUTRAN, como una operación militar policial conjunta contra la inseguridad ciudadana. Cabe mencionar que el despliegue de la CIUTRAN suele ampliarse durante las vacaciones para acrecentar la seguridad percibida en los espacios públicos.
Aunque ha hecho importantes contribuciones a la seguridad pública en la República Dominicana, la CIUTRAN incluso tiene una serie de retos. El personal militar de la fuerza no tiene las mismas autoridades de detención que la policía civil. Además, varios gobiernos se han esforzado por garantizar que el equipo y la formación de que disponen los soldados desplegados sea coherente con el nivel de interacción con el público dominicano que tienen.
La rotación del mando de la organización entre las ramas de las Fuerzas Armadas cada tres meses crea, a su vez, algunas dificultades con respecto a la continuidad del mando.
El Sistema Penitenciario Dominicano
La gestión de la delincuencia y la inseguridad pública en la República Dominicana se ve complicada por un sistema penitenciario superpoblado en un 64 % y gestionado por múltiples organizaciones,[124] debido a la incompleta reforma integral del sistema penitenciario que comenzó durante la administración del presidente Leonel Fernández.
El país cuenta con un pequeño número de cárceles, bajo el régimen instaurado por Fernández, diseñados para promover la rehabilitación. Este sistema tiene su sede en Moka. Asimismo, las prisiones asociadas a él se hallan gestionadas por el Ministerio Público, sin policías ni militares en su interior.
La República Dominicana también cuenta con 12 grandes prisiones, bajo el antiguo sistema de orientación punitiva. Seis están controladas por la policía nacional: Victoria, Barahona, Santiago, Mao, Puerto Plata y El Quince.
Las otras seis, por el Ejército: Seibo, Iguey, Moca, La Vega, San Juan y Aqua. Por otro lado, las prisiones controladas por la policía tienden a ser más grandes y nuevas, mientras que las instalaciones controladas por el Ejército, construidas a partir de las fortificaciones de las ciudades amuralladas, durante la dictadura de Trujillo, tienden a ser más pequeñas y con tradiciones más duras.
Apoyo Estadounidense
EE. UU. es un socio de larga data de la República Dominicana en materia de desarrollo, seguridad y otros ámbitos. El programa en la República Dominicana fue uno de los primeros establecidos por la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), actualmente en curso desde hace más de 60 años.[125]
El apoyo estadounidense al sector de la seguridad se enmarca en la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) de 2010, aunque no se limita a ella.
Mediante la CBSI, los EE. UU. han proporcionado 953 millones de dólares en asistencia[126] a la región, a través de múltiples canales de programas, desde el inicio del programa hasta el final del año fiscal 2022. Se han solicitado 64,5 millones[127] de dólares adicionales para el año fiscal 2024.
El compromiso también está determinado por la Ley Pública 114-291,[128] aprobada por el Congreso en diciembre de 2016, la cual ordena, entre otras disposiciones, que el Departamento de Estado de los EE. UU. mantenga una estrategia hacia la región.[129]
Además del entrenamiento y el apoyo institucional, el Departamento de Estado y las fuerzas armadas norteamericanas ayudaron a las autoridades dominicanas en la adquisición de lanchas interceptoras, helicópteros y aeronaves de ala fija para misiones de vigilancia, intercepción u otros, para complementar las adquiridas por el gobierno dominicano por otros medios.
Los regalos recientes de EE. UU. incluyen doce botes inflables Zodiac Milpro FC470,[130] recibidos en marzo de 2023, dos helicópteros TH-67 Creek[131] y dos Bell UH1-H Super Huey II,[132] proporcionados en febrero de 2023 de excedentes militares estadounidenses.
Los EE. UU. también han estado en coordinación con el ejército dominicano para proporcionar otros seis helicópteros[133] bimotores Huey II para reemplazar algunos de los vehículos más antiguos de la flota, aunque la compra dominicana, previamente mencionada, de los cuatro helicópteros Leonardo británicos puede haber hecho que esas discusiones sean discutibles.
Además, EE. UU. ayudó a la Armada dominicana a adquirir 15 lanchas patrulleras Boston Whaler,[134] lanchas patrulleras Metal Shark, y estaba en conversaciones para proporcionarle hasta tres cruceros de la Guardia Costera de 87 pies procedentes de excedentes militares.
Aunque problemas con el mantenimiento de las embarcaciones impidieron, finalmente, que se consumara el acuerdo, EE. UU. está tratando actualmente de proporcionar a los dominicanos una patrullera de 110 pies y, posiblemente, una embarcación de 210 pies procedente de excedentes militares.
Los EE. UU. están actualmente trabajando para proporcionar a los militares dominicanos una mejor capacidad de comunicación y navegación/ localización, a través de sus activos, comenzando en la costa sureste y, finalmente, extendiéndose a la parte oriental de la isla y la frontera terrestre con Haití, que se completará en 2027.
EE. UU. también está ayudando a proporcionar al ejército dominicano equipos avanzados de comunicaciones para sus aviones interceptores Super Tucano y sus embarcaciones interceptoras.
En el horizonte de 2027, EE. UU. está trabajando para proporcionar al país un radar marítimo que apoye la detección e interceptación de vuelos de narcotraficantes, así como otras funciones de seguridad y rescate.
Más allá del equipamiento, se envía un número significativo de personal militar dominicano a cursos de formación en EE. UU., incluidos los del Instituto de Seguridad Nacional del Hemisferio Occidental (WHINSEC), además de proporcionar formación en el país, a través de instituciones como el Centro Williiam J. Perry (WJPC), equipos de formación y ejercicios.
EE. UU. además proporciona apoyo diario al ejército dominicano, incluyendo un asesor marítimo de alto nivel, que apoya el funcionamiento de la flota y la planificación e integración de nuevas capacidades.
Los EE. UU. están trabajando actualmente para ayudar a las Fuerzas Armadas Dominicanas a fortalecer su proceso de presupuestación a largo plazo, para evitar la necesidad de recurrir regularmente a asignaciones especiales de fondos de la Presidencia, así como para satisfacer las necesidades de adquisición y modernización de las fuerzas.
Los militares dominicanos también han desempeñado un papel regular en ejercicios para reforzar la seguridad regional y la coordinación humanitaria. En junio de 2023, fueron anfitriones de la competencia regional de fuerzas especiales Fuerzas Commandos,[135] que incluyó la visita de la Comandante General del Comando Sur de EE. UU., General Laura Richardson, quien se reunió con el ministro de Defensa dominicano, General Carlos Díaz Morfa.
Los militares dominicanos también participaron en el ejercicio regional Tradewinds del 15 al 27 de julio,[136] organizado por Guyana, así como en el ejercicio naval UNITAS en Colombia en julio de 2023.[137] En noviembre de 2022, los militares dominicanos acogieron en su país el ejercicio multinacional Continuing Promise, que incluyó la visita del buque hospital militar estadounidense USNS Comfort,[138] así como del USS Milwaukee, entre otros.[139]
Más allá del compromiso entre militares, los EE. UU. proporcionan apoyo adicional al sector de la seguridad, tanto a los militares como a otras agencias como la DNCD, a través de programas financiados por el Departamento de Estado en ámbitos que van desde la aplicación de la ley hasta la formación de pilotos.
El Camino a Seguir
La ubicación central de la República Dominicana en el Caribe la convierte en un objetivo lógico para las actividades de los narcotraficantes, así como de los rivales geopolíticos de los EE. UU., incluida la RPC.
La misma centralidad hace que la República Dominicana sea estratégica con respecto a su prosperidad y buen gobierno, y su voluntad de mantener su estrecha asociación con los EE. UU. y socios democráticos afines con respecto a la cooperación en materia de seguridad.
Es imperativo que EE. UU., en su trabajo con los gobiernos actuales y futuros, demuestre que la gobernanza democrática puede tener éxito a la hora de enfrentarse a los principales retos de seguridad y desarrollo, y que EE. UU. es un socio fiel en ese sentido.
La Administración Biden se ha comprometido a colaborar con el Congreso estadounidense para proporcionar 100 millones[140] de dólares en apoyo de una nueva fuerza multinacional de mantenimiento de la paz en Haití.
Dicha fuerza fue aceptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el dos de octubre.[141] Es de interés estratégico para EE. UU. desempeñar un papel de liderazgo, junto con la República Dominicana, y participar en la fuerza multinacional dirigida por Kenia a medida que se entrena y despliega.
Con respecto a la lucha contra el crimen organizado, es igualmente vital que EE. UU. continúe su estrecha colaboración con las autoridades dominicanas, proporcionándoles no solo capacidades físicas como aviones, embarcaciones, radares y paquetes de comunicaciones y sensores, sino asesoramiento y apoyo para garantizar que los dominicanos puedan mantener y hacer el mejor uso de los activos físicos que adquieren, y del personal que EE.UU. ayuda a entrenar.
También podría decirse que EE. UU. puede hacer más con respecto a ayudar a la República Dominicana en el fortalecimiento de sus instituciones, y en su lucha contra la corrupción, a través de continuar proporcionando tanto recursos como medios técnicos, apalancando la voluntad del gobierno de Abinader de tomar las difíciles medidas que requiere tal camino.
Para el gobierno dominicano, aprovechar al máximo la asociación con EE. UU. también requerirá un compromiso continuo con Norteamérica en temas difíciles como la racionalización de su sistema de planificación, adquisición y mantenimiento de capacidades en el ámbito de la seguridad.
La continuidad de los programas entre gobiernos, en la medida de lo posible, contribuirá, en gran medida, al progreso del gobierno dominicano.
Más allá de las cuestiones de seguridad, la República Dominicana, con su proximidad a EE. UU. y su acceso privilegiado al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-RD), es un centro lógico, junto con México, para beneficiarse de las reinversiones en » nearshoring «[142] por parte de empresas que buscan ubicarse más cerca del mercado estadounidense y reducir las vulnerabilidades de las empresas con sede en la RPC en sus cadenas de suministro.
El Caribe y América Latina, en general, atraviesan un momento de presiones sin precedentes en los ámbitos de la seguridad y la economía, que ponen en peligro la continuidad de su buen gobierno.
En la República Dominicana, EE. UU. tiene un socio estratégicamente crítico y dispuesto a colaborar. Es importante que EE. UU. ayude a su vecino a tener éxito y, en el proceso, envíe el mensaje de que la apuesta por su país como socio y por los procesos democráticos, a pesar de sus desafíos, está bien hecha.