El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó este martes la violación a los derechos humanos cometidos contra ciudadanos dominicanos por detenciones y encarcelamientos arbitrarios.
El más reciente "Informe de Derechos Humanos en República Dominicana", que se realiza anualmente y que este año recoge denuncias de hechos ocurridos en 2021, señala que en muchos casos, las autoridades detuvieron, tomaron las huellas dactilares, interrogaron y liberaron a los detenidos sin dar apenas explicaciones sobre la detención.
También existen informes de detenidos que permanecen en las comisarías durante largos periodos de tiempo, incluso semanas, antes de ser trasladados a una prisión. De igual manera, se señala que las comisarías no disponían de las condiciones físicas adecuadas ni de los recursos, incluyendo la alimentación, para atender a los detenidos durante un periodo prolongado.
Todo eso a pesar de que la ley establece que un acusado puede ser detenido hasta 48 horas sin orden judicial antes de ser presentado a las autoridades judiciales.
Asimismo, destaca que si bien la ley permite a la policía detener sin orden de arresto a cualquier persona sorprendida en el acto de cometer un delito o razonablemente vinculada a él, como en los casos de persecución en caliente o de presos fugados, la policía suele detener a todos los sospechosos y testigos de un delito.
Arresto o detención arbitraria
El informe del Departamento de Estado destaca la realización de redadas esporádicas en comunidades de bajos recursos y alta criminalidad, durante las cuales detuvo y encarceló a personas sin orden judicial.
"Durante estas operaciones, la policía detuvo a un gran número de residentes e incautó bienes personales supuestamente utilizados en actividades delictivas. Los grupos de la sociedad civil afirmaron que la policía a menudo era incapaz de mostrar pruebas o proporcionar razones para estas detenciones o arrestos".
Los ciudadanos haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana también fueron víctimas de detenciones arbitrarias: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de casos de migrantes haitianos y sus hijos, así como de dominicanos de ascendencia haitiana, detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron recuperar los documentos de inmigración o ciudadanía de sus residencias. También hubo informes de deportaciones de niños no acompañados y de mujeres que dejaron a sus hijos atrás.
Aunque la OIM informó de que, gracias a la formación impartida a los funcionarios de migración, el número de deportaciones erróneas de personas documentadas y vulnerables había disminuido en casi un 60 % en los últimos cuatro años.
Los datos de la OIM correspondientes a los meses de enero a julio mostraban una reducción continuada de las deportaciones erróneas, pero los funcionarios de la OIM advirtieron que las deportaciones erróneas habían aumentado desde julio, tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y el aumento de las medidas de seguridad fronteriza y las deportaciones por parte de la República Dominicana.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil dijeron que el gobierno deportaba informalmente a personas llevándolas al otro lado de la frontera sin documentación. La OIM informó de que la Dirección General de Migraciones se refería a estos casos como "devoluciones" o "no admisiones" y que no había un
proceso debido en estas operaciones. La OIM trabajó con el gobierno para establecer un sistema para las personas no admitidas.
Detención preventiva
Muchos sospechosos sufren una larga detención preventiva, subraya el informe del Departamento de Estado norteamericano. En República Dominicana, un juez puede ordenar una detención de entre tres y 18 meses.
Según la Dirección de Prisiones, en octubre, el 59 % de los reclusos de las prisiones del viejo modelo estaban en prisión preventiva, frente al 62 % de los presos de los CRP. La duración media de la prisión preventiva era de tres meses, pero se informó de casos de prisión preventiva de más de tres años, incluidos casos de ciudadanos extranjeros. El tiempo que se cumple en prisión preventiva cuenta para el cumplimiento de la condena.
El hecho de que las autoridades penitenciarias no presentaran a los detenidos a las audiencias judiciales provocó el aplazamiento de los juicios. A muchos reclusos se les aplazó la fecha del juicio por falta de transporte de la prisión al tribunal. En otros casos, los abogados, coacusados, intérpretes o testigos no comparecieron o no fueron llamados oficialmente por el tribunal para comparecer.
A pesar de que la ley protege a los acusados, en algunos casos las autoridades retuvieron a los reclusos más allá de los plazos legales, incluso cuando no había cargos formales contra ellos.
Aspectos positivos
Sobre los interrogatorios, el documento establece que los fiscales y los jueces se encargaron de los interrogatorios de los menores, ya que la ley prohíbe que los menores sean interrogados por la policía o en su presencia.
La ley exige que se proporcione un abogado a los acusados que no tengan recursos. La Oficina Nacional de Defensa Pública proporcionó asistencia jurídica gratuita a quienes no podían costearse un abogado, pero debido a la insuficiencia de personal, muchos detenidos y presos que no podían costearse un abogado privado no tuvieron acceso rápido a un abogado.
De igual manera, las audiencias de habeas corpus redujeron significativamente los abusos de la ley, además de existir un sistema de fianza que funciona y un sistema de arresto domiciliario.