El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, correspondiente al año 2021, criticó las malas condiciones de las cárceles de República Dominicana y el sistema de privilegios que favorece a algunos reclusos en detrimento de los demás.
El Informe de EE.UU indica que las condiciones penitenciarias oscilaban entre el cumplimiento general de las normas internacionales en las prisiones del "nuevo modelo", también llamadas centros de rehabilitación penitenciaria (CRP), y las duras condiciones que ponen en peligro la vida en las prisiones del "viejo modelo".
"La sobrepoblación sigue siendo un grave problema en las prisiones del viejo modelo. La Dirección de Prisiones informó de que en octubre había 16.745 presos en las cárceles del modelo antiguo y 10.407 en los CRP. La Victoria, la más vieja de las prisiones, albergaba a 7.647 reclusos, aunque fue diseñada para una capacidad máxima de 2.011. La población reclusa en todas las prisiones del antiguo modelo superaba su capacidad, mientras que sólo uno de los 22 CRP estaba por encima de su capacidad", resalta.
Privilegios
Observa que en el sistema penitenciario del viejo modelo los reclusos que eran policías y militares recibían un trato preferencial y eran recluidos en instalaciones separadas, al igual que los reclusos con medios económicos para alquilar camas preferenciales y comprar lujos.
Según la Dirección de Prisiones, el personal militar y policial custodiaba las prisiones del viejo modelo, mientras que un cuerpo civil capacitado custodiaba los CRP.
"Las denuncias de malos tratos y violencia en las prisiones del antiguo modelo eran habituales, así como los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados a los visitantes de las prisiones", censura el Informe.
Sostiene que algunas prisiones del viejo modelo permanecían efectivamente fuera del control de las autoridades, ya que los guardias a menudo controlaban sólo el perímetro, mientras que los reclusos controlaban el interior con sus propias reglas y sistemas de justicia.
"Se informó sobre el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución y los abusos sexuales en esas prisiones. Aunque la ley obliga a separar a los presos según la gravedad del delito, las autoridades no siguieron estas normas en las prisiones del viejo modelo", subraya.
Detalla que en las prisiones del viejo modelo, las condiciones sanitarias y de salud eran generalmente inadecuadas, y que los presos a menudo duermen en el suelo porque no hay camas disponibles.
"Los funcionarios de prisiones no separaban a los reclusos enfermos, salvo en el caso de los que presentaban síntomas de COVID-19. Los retrasos en la atención médica eran habituales tanto en las prisiones del viejo modelo como en los CRP", indica.
Según el Informe, todas las prisiones contaban con enfermerías, pero la mayoría de ellas no satisfacían las necesidades de la población reclusa, y que en la mayoría de los casos los reclusos tenían que comprar sus propios medicamentos o depender de familiares o a personas externas para que se los proporcionaran.
En base a los datos de la Dirección de Prisiones, el docuemento afirma que la enfermedad era la principal causa de las muertes registradas en el sistema penitenciario.
"Según la Dirección de Prisiones, todas las prisiones proporcionaban tratamiento para el VIH y el sida, pero la CNDH afirmó que ninguna de las prisiones del viejo modelo estaba debidamente equipada para proporcionar dicho tratamiento. En octubre, más de 1.800 reclusos habían contraído COVID-19, lo que provocó 22 muertes", precisa.
Explica que en los centros del modelo reformado y en algunas prisiones del viejo modelo, un subconjunto de la población penitenciaria con discapacidades mentales recibía tratamiento, incluida la terapia, para sus afecciones.
Observa, sin embargo, en la mayoría de las prisiones del viejo modelo, el gobierno no proporcionaba servicios a los presos con discapacidades mentales. En general, los servicios de salud mental prestados a los reclusos eran inadecuados o no se ajustaban a sus necesidades.
Asimismo, se refiere a que el gobierno informó de que había instalado rampas para sillas de ruedas en algunas prisiones para los presos con discapacidades físicas, pero que las ONG afirmaron que la mayoría de las prisiones seguían sin proporcionar acceso a los reclusos con discapacidades.
Investigación de las denuncias de malos tratos
El Informe dice que el gobierno permitió las visitas y la supervisión de las prisiones por parte de observadores no gubernamentales financiados y operados de forma independiente, organizaciones internacionales y medios de comunicación.
Explica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), la Procuraduría General de la República y la administración penitenciaria de los CRP crearon conjuntamente comités de derechos humanos en cada uno de los CRP que estaban autorizados a realizar visitas sorpresa.
"Sin embargo, no se concedió sistemáticamente a las organizaciones de derechos humanos el acceso a los centros de detención de migrantes para su supervisión", censura el Informe de EE.UU.