El Departamento de Estado de los Estados Unidos criticó en su Informe anual de Derechos Humanos correspondiente al año 2021 el asesinato de un matrimonio evangélico (Joel Díaz y Elizabeth Muñoz) cometido por una patrulla de la Policía Nacional dominicana en Villa Altagracia.
Asimismo, denuncia la violencia que sufren las personas de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales).
El informe sostiene que, en general, las autoridades civiles mantienen un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, pero subraya que se recibieron informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.
Exprea que en uno de los casos más destacados del año 2021, en marzo la policía mató a Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en circunstancias poco claras.
Resalta que los hechos ocurrieron cuando Díaz y Muñoz regresaban a casa tras un acto religioso, y explica que según los medios de comunicación locales, los agentes "confundieron" el vehículo de la pareja con el de unos delincuentes buscados y dispararon contra el vehículo de la pareja mientras los perseguían.
Agrega que en abril, el Ministerio Público (responsable de la formulación y aplicación de la política del país contra la delincuencia, de la realización de investigaciones penales y de la fiscalía) ordenó que los siete policías implicados en el tiroteo fueran detenidos y puestos en prisión preventiva.
Para el gobierno de EE.UU, entre los problemas significativos de derechos humanos en la República Dominicana se incluyen informes creíbles sobre asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes del gobierno.
Asimismo, se refiere a las condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias; injerencia arbitraria a la privacidad; difamación criminal de periodistas particulares; corrupción gubernamental grave; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales.
"El gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar y castigar a los
funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley condujo en ocasiones a la impunidad", precisa.
Respeto a la integridad de la persona
E informe considera que en 2021 hubo casos de violación a la integridad de personas en República Dominicana, con la privación arbitraria de la vida y otros asesinatos ilegales o por motivos políticos.
"Se recibieron varios informes sobre asesinatos arbitrarios o ilegales cometidos por agentes del gobierno. Las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional fueron un problema. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una organización no gubernamental (ONG), más de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021″, subrayó.
Se refiere a datos de la Procuraduría General de la República, de que hasta octubre la policía había asesinado a un total de 41 personas, pero se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales.
Cita que los medios de comunicación y la sociedad civil reconocieron que muchos casos no se denunciaban debido a la falta de confianza en el sistema de justicia a la hora de presentar cargos.
Otros datos
El Departamento de Estado de los Estados Unidos en su Informe anual de Derechos Humanos correspondiente al año 2021 resalta que la República Dominicana es una democracia constitucional representativa.
Expone que en julio del 2020, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, fue elegido presidente para un mandato de cuatro años, el primer traspaso de poder de un partido a otro en 16 años. Sostiene que observadores externos imparciales evaluaron las elecciones en general como libres, justas y ordenadas.
Asimismo, explica que la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior y de la Policía, pero desde el punto de vista práctico depende directamente del Presidente. La Autoridad de Seguridad Aeroportuaria, la Autoridad de Seguridad Portuaria y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza tienen algunas responsabilidades de seguridad interna y dependen del Ministerio de Defensa y, a través de éste, del presidente.
Sobre la Dirección Nacional de Control de Drogas, indica que cuenta con personal tanto de la policía como de las fuerzas armadas, depende directamente del presidente, al igual que el Departamento Nacional de Inteligencia. "Tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como el Departamento Nacional de Inteligencia tienen importantes responsabilidades de seguridad interna", precisa el informe.