República Dominicana realizó un cambio respecto a años anteriores en la forma en que se investigan los casos de corrupción cometidos por funcionarios, aplicando la ley "con eficacia" en lo que se refiere a las sanciones penales a los funcionarios que incurran en esas prácticas.
Así lo establece el reciente "Informe de Derechos Humanos en República Dominicana" del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que destaca que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas era tradicionalmente la falta de voluntad política para procesar a los individuos acusados de corrupción, particularmente a los individuos bien conectados o a los políticos de alto nivel.
"Sin embargo, durante el mandato del presidente – Luis – Abinader, la Procuraduría General de la República inició una serie de casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, en su mayoría de la administración anterior, pero también miembros de la administración actual", señala.
No obstante, el mismo informe señala que la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave.
Corrupción
Entre los casos de corrupción más importantes citados por el Departamento de Estado se señala el arresto por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) del exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent (Operación 13), el 15 de junio de 2021, acusado de orquestar un importante fraude por valor de más de 150 millones de pesos (2,5 millones de dólares).
También destaca el arresto el 29 de junio del exprocurador general Jean Alain Rodríguez (Caso Medusa) y a otras siete personas por cargos de fraude, corrupción pública y lavado de activos relacionados con la construcción del centro penitenciario de La Nueva Victoria.
En septiembre, la PEPCA realizó varias detenciones relacionadas con una trama de tráfico de drogas y lavado de activos en la que estaban implicados un funcionario actual y tres congresistas, uno de ellos del partido gobernante.
En noviembre, la PEPCA lanzó otra operación que implicaba a mandos militares activos. En particular, las autoridades detuvieron a Juan Carlos Torres Robiou (Coral 5G), general de la Fuerza Aérea y exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística bajo la actual administración.
A finales de año, todos estos casos estaban siendo investigados, y muchos de los acusados se encontraban en prisión preventiva.
Denuncias y sanciones
El documento de Derechos Humanos subraya que diversas ONG y ciudadanos particulares denunciaron periódicamente actos de corrupción por parte de diversos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como la policía, los funcionarios de inmigración y los funcionarios de prisiones.
En ocasiones, el gobierno recurrió a castigos no judiciales por corrupción, como el despido o el traslado de militares, policías, jueces y funcionarios menores.