Paola Mercedes Molina Suazo y Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, incluidos en el caso Antipulpo, fueron declarados en rebeldía por no presentarse en la audiencia de juicio preliminar realizada este lunes.
El juez Deiby Peguero Jiménez, del Séptimo Juazgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tomó la decisión y emitió contra ellos orden de arresto e impedimento de salida del país, luego de que ambos fueran citados a la vista que se lleva a cabo hoy.
Así, el magistrado acogió la solicitud hecha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Los demás imputados de la supuesta red de corrupción administrativa, encabezada por Juan Alexis Medina Sánchez, cumplen prisión preventiva, pero como Molina Suazo y Montes de Oca fueron los últimos en ser incluidos en el expediente, estaban en libertad hasta ahora.
Se informó que una vez que se cumpla la audiencia preliminar, todos los lunes subsiguientes proseguirá la misma hasta que culmine el proceso, que se estima se cierre el 30 de mayo de este mismo año.
Junto a Alexis Medina, en el caso figuran como implicados Wacal Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagán, María Isabel Torres, José Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista y Víctor Matías Encarnación Montero.
Todos cumplen prisión preventiva como medida de coerción, acusados de corrupción durante la pasada gestión gubernamental.
El grupo habría obtenido contratos millonarios con diversas instituciones del Estado durante la gestión de Medina de dos períodos consecutivos (2012-2020) y con los beneficios, sostiene los fiscales, se habrían financiado ilegalmente campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo las del exmandatario y del excandidato presidencial Gonzalo Castillo.
Estas prácticas se llevaron a cabo, destaca la acusación, mediante la constitución de compañías en las que los testaferros de Alexis Medina figuraban como accionistas y cuyo objetivo era venderle al Estado cualquier producto que necesitara, o crear necesidades ficticias para poder efectuar operaciones de compraventa