Buenos días, señoras y señores:
Agradezco su presencia en esta rendición de cuentas del Ministerio Público. Como procuradora general, es un gran privilegio dirigir este órgano del sistema de justicia, ahora que atraviesa por cambios sustanciales: desde una autonomía reforzada hasta una persecución penal más estratégica frente a los grandes crímenes y delitos que afectan a la sociedad dominicana.
Me complace recorrer este trayecto profesional acompañada de innumerables servidores comprometidos con un Ministerio Público independiente. No es una tarea sencilla desarmar las malas prácticas para imponer el deber ser de la procuración de justicia sin distinciones, pero estoy convencida de que las condiciones están dadas para dar ese salto cualitativo que es esperado y demandado por toda la sociedad. Hoy podemos exhibir un Ministerio Público comprometido con avances institucionales que muestran una nueva manera de hacer las cosas.
Una meta importante de nuestro mandato al frente del Ministerio Público ha sido impulsar una gestión operativa que fortalezca la investigación y la persecución penal, con el respeto debido a los derechos de los imputados y, al mismo tiempo, que garantice el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y el ofrecimiento de cada servicio por el que respondemos a la ciudadanía. Todo esto en el contexto de un ejercicio institucional autónomo e independiente, como mandan la Constitución y la Ley Orgánica que nos rige.
El Ministerio Público juega un rol esencial en la arquitectura institucional de los poderes y órganos que reconoce la Constitución dominicana, ya que le corresponde formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la persecución de las infracciones penales y ejercer la acción pública que motoriza el poder punitivo del Estado. Sin embargo, es una institución expuesta a la constante crítica social, por la propia naturaleza de sus funciones. Así que el primer reto que hemos debido afrontar es la restauración de la confianza pública, cumpliendo nuestras funciones con objetividad y responsabilidad.
La atribución de dirigir la investigación penal, así como la de ejercer la acción pública en representación de la sociedad, imponen al Ministerio Público el deber de actuar de manera objetiva y apegado a principios que no se exigen a acusadores privados. La eficiencia en la persecución penal debe ser cónsona con la garantía de los derechos de las víctimas y de los imputados. Cada área operativa del Ministerio Público ha de materializar sus funciones tutelando el debido proceso. Ello ha permitido que el año pasado hayamos obtenido 7,286 autos de apertura a juicio y 4,458 condenas.
Aparte de los grandes casos de criminalidad organizada que han ocupado la atención de la sociedad, el Ministerio Público procesa cada año miles de casos ordinarios que, aunque no siempre adquieren notoriedad pública, afectan grandemente la convivencia colectiva. Sirva, pues, este escenario para reconocer el esfuerzo diario de las mujeres y los hombres que componen las distintas fiscalías, procuradurías regionales y especializadas, así como el de cada servidor en particular, que arriesga tanto sin recibir, muchas veces, el justo reconocimiento.
Autonomía e independencia del Ministerio Público
El estatus que corresponde en la actualidad al Ministerio Público de República Dominicana es el de un órgano constitucional autónomo o extrapoder, como bien anticipó el Tribunal Constitucional en una sentencia de principio. Pues cuenta, en efecto, con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, un sistema de carrera paralelo al de la judicatura y garantías institucionales que permiten su autogobierno de forma análoga al Poder Judicial.
La autonomía que la Constitución atribuye al Ministerio Público es complementada por una Ley Orgánica que no deja espacio para instrucciones o interferencias del Poder Ejecutivo en la dirección de la investigación penal y el ejercicio de la acción pública. Esto no significa que no deba mantener −en determinados ámbitos− relaciones de coordinación con otros órganos e instituciones del Estado, pues la efectividad de la persecución penal está interconectada a las funciones de investigación, análisis forense o control de las finanzas públicas y privadas que ejercen otras instituciones. De ahí que la independencia funcional del Ministerio Público no nos exime del deber de cooperación institucional para el logro de objetivos comunes en beneficio de la sociedad dominicana.
Sin embargo, constituye una inconsistencia lógica y formal que la persona que ocupe la Procuraduría General de la República, como máximo representante del Ministerio Público, carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo por un plazo determinado, contrario a lo que sucede en otros órganos constitucionales como el Banco Central, la Cámara de Cuentas o el Defensor del Pueblo. La permanencia en la dirección de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombra y puede removerle a discreción, sino es necesario institucionalizarlo a través de las normativas pertinentes.
Al margen de si se realiza o no una reforma constitucional, mientras estemos al frente del Ministerio Público, continuaremos impulsando su transformación institucional, comprometidos a cumplir con las normativas que aseguren la transparencia, la planificación y la coordinación institucional. Actuaremos siempre en el marco de la cooperación horizontal entre los poderes y los órganos del Estado, pero sin subordinación o control administrativo de ningún órgano infraconstitucional, ya que ello comprometería la autonomía que nos la Constitución.
Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la carrera
El Ministerio Público debe ser un referente de buenas prácticas de gestión administrativa. Así que uno de los principales retos que asumió la presente gestión ha sido impulsar la reorganización administrativa y operativa de la institución; fruto de lo cual hemos mejorado la calidad del gasto, los procesos de compras y contrataciones, así como los controles presupuestarios.
Estamos conscientes de la necesidad de abordar estas iniciativas en múltiples etapas, como lo requieren las características propias de una transformación institucional y de una distribución equitativa de los recursos. Por ello, el año pasado analizamos de manera pormenorizada todo aspecto realmente relevante de la gestión institucional, identificando puntos críticos para priorizar por esta administración.
El personal de carrera, técnico y administrativo, así como la adecuación de infraestructura física, la mejora tecnológica y la instauración de mejores prácticas constituyen nuestros ejes estratégicos de cara a la ejecución de proyectos internos que permitan mejorar progresivamente la calidad de cada servicio que prestamos a la ciudadanía y beneficie a los servidores de la institución.
A principios de este año, precisamente, gracias a la oportuna planificación y coordinación presupuestaria, el Consejo Superior del Ministerio Público dispuso el pago de la bonificación anual y vacacional de los servidores de la institución. Aprobó, además, un reajuste salarial para implementar la primera parte de una nueva política de compensación para los fiscales. Estos beneficios y reajustes representan un monto consolidado de más de novecientos millones de pesos (RD$900,000). Estamos trabajando para impulsar el próximo año un reajuste general para el personal técnico y administrativo, así como la revisión progresiva de las escalas salariales.
Somos conscientes, al mismo tiempo, de la importancia de fortalecer la carrera del Ministerio Público, por lo que trabajamos en la planificación de sus procesos medulares, así como en la definición de políticas de compensación y de movimientos internos, a fin de disminuir la discrecionalidad y procurar mayor transparencia. Actualmente, abordamos el desarrollo de los sistemas sustantivos que conformarían el escalafón de la carrera, como es el caso de la evaluación del desempeño. Nuestro compromiso es cumplir con los derechos adquiridos que la carrera adeuda a sus integrantes, siempre apegados a la institucionalidad y propiciando la igualdad de oportunidades.
Otra medida en favor de los servidores del Ministerio Público ha sido la reactivación de la compensación por fallecimiento, la cual se encontraba suspendida. Al 31 de diciembre de 2021 este capítulo apoyó a doscientos cuarenta y seis (246) familias que atravesaron un momento difícil. Trabajamos, igualmente, en la revisión de las pólizas de seguro de vida para poder fortalecer la protección de los fiscales, en atención a los riesgos propios de su función.
La transparencia constituye un principio fundamental para la correcta administración de los fondos públicos, razón por la cual el Ministerio Público ha unificado la nómina de empleados contratados y la de empleados fijos. Además, ha transparentado los ingresos percibidos por concepto de multas en la Cuenta Única del Tesoro; ha levantado inventario físico de activos fijos de cada fiscalía y dependencia de la institución, algo que no se realizaba desde 2018, y trabaja en la conformación de los estados financieros y patrimoniales, sin reportar desde 2018.
El pasado año, se realizó una importante labor de inventario de los bienes incautados, entre los que destacan inmuebles, vehículos de motor, embarcaciones y equipos acuáticos, maquinaria pesada y aeronaves, sumas de dinero, joyas y demás bienes muebles, así como proyectos agroindustriales y bienes semovientes. La presente gestión ha asumido el compromiso de transferir a favor del Estado dominicano los bienes decomisados. Contamos con un total de 180 expedientes de inmuebles decomisados, cuyo estatus es el siguiente: 20 títulos registrados a nombre del Estado; 122 en proceso de completar documentación y 38 en proceso de rectificación para transferir.
El Ministerio Público ha procurado eficientizar los servicios en tiempo oportuno a través de su Secretaría General, con procedimientos sencillos, accesibles y aplicando las herramientas tecnológicas disponibles. En el año 2021 se tramitaron novecientos veintidós mil novecientos veintinueve (922,929) solicitudes de certificaciones de “no” antecedentes penales y seiscientos cuarenta y ocho mil treinta y cinco (648,035) certificaciones de firmas de documentos, para un total de un millón quinientos setenta mil novecientos sesenta y cuatro (1,570,964). De este total, cuatrocientos noventa y un mil trescientos cincuenta y una (491,351) fueron canalizadas mediante el servicio en línea. Por otra parte, se procesaron cuatro mil seiscientas noventa y cinco (4,695) solicitudes de actualización y rectificación de información penal, de los cuales cuatro mil sesenta y cuatro (4,064) fueron concluidas y seiscientas treinta (630) fueron devueltas a los ciudadanos para completar documentación requerida.
Señoras y señores, ofrecer oportunamente estos servicios impacta positivamente en la vida de la gente, pues agiliza los trámites ante otras instituciones y permite la reinserción social y laboral de personas que han estado en conflicto con la ley penal.
Entendemos que la institución debe ajustarse a los nuevos tiempos y que siempre requerirá de herramientas tecnológicas adecuadas para garantizar el éxito de la persecución de la criminalidad, así como brindar un servicio a la ciudadanía con los más altos estándares de calidad. Para ello, se ha fortalecido la seguridad de los sistemas y la red del Ministerio Público, disminuyendo la ciber-exposición de nuestra infraestructura tecnológica; y se han mejorado los servicios de telefonía e internet en varias localidades a nivel nacional y la sede central.
El año pasado iniciamos acciones de mejora y mantenimiento en diversas instalaciones del Ministerio Público, aunque aún está pendiente el remozamiento de otras. Sabemos que el Ministerio Público requiere de nuevas infraestructuras físicas y tecnológicas en todo el país, para que los fiscales estén en condiciones de poder ejercer sus labores con mayor eficiencia y efectividad.
Políticas de persecución penal y protección de las víctimas
Uno de los principales retos del Ministerio Público es racionalizar la persecución penal y dar relevancia a soluciones no punitivas, en los casos que no ameriten la judicialización, tomando en cuenta el grado de afectación al bien jurídico protegido, y, al mismo tiempo, fortalecer la persecución estratégica del crimen organizado. Todo esto, manteniendo una especial atención a las víctimas y garantizando el debido proceso a los imputados.
El Ministerio Público tiene la responsabilidad de promover la paz social y de viabilizar la solución del conflicto entre los ciudadanos mediante la aplicación de medios alternos y la simplificación procesal, reservando la persecución penal para aquellos hechos punibles de mayor lesividad que afecten el interés público. Durante el año 2021 se aplicaron un total de diecinueve mil seiscientas sesenta y seis (19,666) soluciones alternativas, en su mayoría en torno a conflictividad social y diferencias por delitos monetarios, como la estafa y el abuso de confianza. En este aspecto, el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos (Sinarec) ha jugado un papel trascendental en el fomento de una cultura de paz a través de sus servicios de mediación.
Es nuestra mayor aspiración velar porque todo el Ministerio Público actúe como un solo cuerpo, único e indivisible, con criterios coherentes y objetivos, para procurar justicia para todas y todos: desde los casos que afectan a personas de a pie, hasta los grandes casos de crimen organizado.
El Ministerio Público se encuentra en una etapa muy avanzada de la elaboración de su política de persecución general, protocolos, matrices y términos de referencia que le permitan ser más estratégico y estandarizar la persecución del crimen a nivel nacional, sin otra distinción que las necesarias de conformidad a las características objetivas de cada manifestación delictuosa.
Una iniciativa imprescindible de fiscalización institucional para garantizar la unidad de trabajo en el Ministerio Público es el seguimiento y la correcta gestión de los procesos. Por ello, durante el año 2021, solicitamos a las fiscalías y procuradurías especializadas a nivel nacional hacer los levantamientos correspondientes para identificar los procesos que se encontraban próximo al vencimiento del plazo de investigación o duración máxima del proceso, evitando de esta manera las intimaciones y extinciones por dilaciones indebidas.
Como parte de la política criminal que procura unificar los criterios de actuación y procesamiento de los hechos punibles, hemos dictado varias instrucciones generales que incluyen la tipificación como acto de tortura y barbarie de las agresiones que involucren el uso de sustancias corrosivas, en materia de violencia de género, los protocolos respecto a la protección animal, los actos conclusivos, el otorgamiento de fuerza pública, el cumplimiento de decisiones jurisdiccionales y los procedimientos sobre donaciones. Todas ellas pensadas desde la necesidad de fortalecer la persecución, la unidad de actuaciones, los derechos de la víctima y la protección del Estado de derecho.
En este contexto, el tratamiento dado a las víctimas es fundamental, quienes son los rostros primarios de la sociedad en el proceso penal, y quienes han sido objeto de manera más directa del daño producto del delito que se pretende sancionar. Ello amerita que los funcionarios del Ministerio Público tengan la suficiente empatía al brindar sus servicios, para no generar mayores malestares de los que ya atraviesan el ofendido y sus familiares, quienes no escogieron ser víctimas.
El Ministerio Público debe tener una especial sensibilidad con las víctimas. Aspiramos a cumplir con nuestra obligación de garantizar de manera efectiva los derechos de la víctima, lo que supone escucharlas, suministrarle la información necesaria sobre los mecanismos que facilitan la reparación del daño que le fueron ocasionados y, en la medida de lo posible, determinar cuál es su interés en el proceso penal, para que puedan tomar decisiones informadas en el curso de los procesos.
Estamos trabajando en la actualidad, a través de la Dirección General de Persecución, en el reforzamiento de los mecanismos de protección de víctimas y testigos en situaciones de riesgo, manteniendo en la actualidad a decenas de personas en el sistema de protección especial. Sin embargo, es necesario una normativa que permita disponer de figuras procesales que en la actualidad no disponemos, como el cambio de identidad, un cuerpo de protección especial y los recursos económicos necesarios para la aplicación de estas herramientas procesales.
Persecución del crimen organizado
Una de las principales ejecutorias que hemos emprendido es una reestructuración interna y una visión de persecución penal estratégica en la que abandonamos el criterio tradicional de investigar el caso a caso, cuando estamos ante verdaderas manifestaciones de fenómenos criminales organizados, estructurales y, en muchas ocasiones, con ramificaciones internacionales. De ahí, que hemos desarrollado en la actualidad investigaciones que nos han llevado a ejecutar operaciones en contra del crimen organizado, mismas que se diferencian del caso por el alcance y la profundidad que tienen, que cada una de ella es a su vez múltiples casos que se conectan entre sí.
Fenómenos como la corrupción, el cibercrimen, las estafas a gran escala, el narcotráfico nacional e internacional, la trata de personas y el lavado de activos han sido ejes centrales de operaciones sin precedentes en contra el crimen organizado. Se han judicializado ya diez de estas operaciones: cinco son de hechos de corrupción, tres de narcotráfico internacional, una de trata y tráfico de personas y una de cibercrimen. Estas han sido precedidas de meses de investigación interagencial, varias de ellas con la cooperación de organismos de investigación de otros países.
Desde nuestra llegada a la institución, aumentamos los recursos que existían para la persecución de la corrupción administrativa, en materia de capital humano, espacio y herramientas. A pesar de no ser todo lo que se necesita, la realidad es que evidenciamos una clara voluntad para combatir la corrupción y la impunidad. Como parte de estos esfuerzos, se han judicializado varias operaciones, que han tocado diversos sectores considerados intocables en épocas pasadas. Nosotros no tenemos personas a las que consideramos fuera del radar de la ley, aunque sí garantizamos que las imputaciones sean sustentadas en evidencias, como se ha demostrado con los procesos judicializados.
Desde el Ministerio Público somos conscientes de la peligrosidad del cibercrimen y de la necesaria cooperación internacional que requiere su abordaje. Hoy podemos exhibir el resultado de una coordinación ejemplar entre República Dominicana y Estados Unidos, que luego de meses de trabajo dio lugar a una operación sin precedentes en Iberoamérica en contra del cibercrimen, colocándonos a la vanguardia en materia de persecución de esta manifestación criminal. También hemos realizado una alianza estratégica con Reino Unido, que ha permitido que el país sea tomado como sede para la capacitación regional en contra de la explotación sexual infantil y la donación de tecnología de última generación para la lucha en contra de esta manifestación del crimen.
La persecución del lavado de activos constituye una alta prioridad en la actual gestión, y se han desplegado una serie de acciones tendentes a materializar la ejecución eficiente de la ley, siempre en conformidad con las normas internacionales a las que se acoge República Dominicana. El año pasado, se desplegó una estrategia innovadora en materia de persecución del lavado de activos. En las diez (10) operaciones que el Ministerio Público ha desplegado se han presentado cargos principales de lavado de activos y se ha procedido solicitar las medidas cautelares necesarias para preservar los bienes producto de esta actividad delictiva, lo que ha significado el secuestro de cuantiosos bienes vinculados a actividades ilícitas.
En materia de trata y tráfico de personas se ha ejecutado recientemente, luego de una ardua investigación, una importante operación, poniendo una vez más de manifiesto nuestro compromiso de combatir todas las manifestaciones delictivas y de enfocar de manera estratégica la persecución del crimen organizado. Ya hemos autorizado la remodelación de lo que serán las nuevas instalaciones de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, a la vez de que hemos dispuesto el fortalecimiento de su equipo de investigación.
Durante el 2021, se montó una coordinación con diferentes agencias a los fines de combatir la producción y venta de licor adulterado, así como el contrabando y falsificación de medicamentos. En este ámbito, se realizaron más de 60 allanamientos en el territorio nacional y se imputaron decenas de personas por delitos contra la salud; así como por contrabando y falsificación, mala práctica, por alimentos y bebidas no alcohólicas adulteradas, piratería y falsificación de productos en los que hay violación a la propiedad industrial y se pone en riesgo la salud.
La protección de los recursos naturales es de alta prioridad para el Ministerio Público y, por esa razón, se mantiene en constante coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y otras instancias públicas y científicas que tienen como misión la protección del medio ambiente, para coordinar y ejecutar acciones tendentes a la prevención y persecución de los delitos en esta materia. A diario se procesan delitos de contaminación sónica, atmosférica, hídrica, visual, de suelo, la manipulación y comercio de fauna, pesca ilegal, caza ilegal, vertido de desecho tóxicos y peligrosos, extracción de agregados, violación de áreas protegidas, ocupación de espacio públicos, construcción en franja marítima, entre otros.
Asimismo, el Ministerio Público tiene entre sus objetivos de persecución penal estratégica los delitos que tipifica y sanciona la Ley de Armas; en todas las operaciones realizadas en contra del crimen organizado se han ocupado armas de fuego. Las armas tienen una alta incidencia en los homicidios y en general en los hechos criminales que se manifiestan en el país. En los últimos meses se han realizado decomisos sin precedentes de armas de fuego y municiones, en varios puntos del territorio nacional.
Derechos humanos, violencia de género y protección de la niñez
La violencia de género continúa siendo un flagelo social con impactos en todos los niveles. Solo en el año 2021, el Ministerio Público recibió veintidós mil cuatrocientos diez (22,410) denuncias por violencia de género; cincuenta y tres mil cien (53,100) por violencia intrafamiliar y siete mil trescientas dieciocho (7,318) por delitos sexuales, para un total de ochenta y dos mil ochocientos veintiocho (82,828) casos. Por ello, nos hemos impuesto la meta de establecer políticas uniformes y efectivas de atención y persecución, atendiendo a la no revictimización.
El año pasado, gracias a la cooperación internacional, se iniciaron acciones de mejora en los servicios de protección a las víctimas de violencia de género, la readecuación de unidades de atención integral a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, así como un programa de coordinación con la Policía Nacional, cuyo objetivo es contar con un personal policial de género para dar asistencia en la gestión y ejecución de las órdenes de arresto y protección.
Contamos con iniciativas enfocadas en incidir positivamente en favor de la niñez, adolescencia y las familias víctimas de violencia, mediante la intervención de un equipo multidisciplinario. Además, disponemos de un centro especializado para tratar la conducta violenta, donde hemos tratado más de 40 mil hombres. Sin embargo, se requieren mayores acciones de prevención a nivel nacional, incluyendo campañas estratégicas de sensibilización. Es necesario seguir aunando esfuerzos para generar una nueva cultura de masculinidad que deje de darle a la mujer una mirada de propiedad.
La protección de la niñez es un eje de primer orden en la atención especializada del Ministerio Público. La visión que tenemos es un enfoque integral en el que, en todo caso, el interés superior del niño tiene que ser debidamente tutelado. En ese sentido, hemos trabajado en un diseño de política de protección a los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, en la que nos hemos hecho acompañar del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para darle una visión más integral e inclusiva, distanciándonos de la visión punitiva como estrategia única.
Se ha fortalecido la Unidad de Derechos Humanos, trasladándola a unas nuevas instalaciones, ampliando el ámbito de su competencia, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de los grupos vulnerabilizados, como lo son: las personas que viven con VIH; la comunidad LGBTI; personas con alguna discapacidad; migrantes; usuarios de drogas; trabajadoras sexuales; niños en situación de calle; adultos mayores, personas retornadas al país, entre otros.
Capacitación los representantes y servidores del Ministerio Público
En el año 2021, la Escuela Nacional de Ministerio Público logró desarrollar 102 grupos de formación correspondientes a capacitaciones especializadas y continuas. Las herramientas tecnológicas han sido de gran utilidad para la impartición de las clases sincrónicas en modalidad virtual, con muy buenos resultados en cuanto a participación activa.
Estos programas van dirigidos, no solo a los fiscales y técnicos de la institución, sino también a otros operadores que ejercen funciones de colaboración con el Ministerio Público, como puede evidenciarse con la maestría con vocación a doctorado en Análisis e Investigación Criminal, que realizamos conjuntamente con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).
La Escuela Nacional del Ministerio Público ostento la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), por el período 2019-2021, impulsado extraordinariamente las relaciones académicas con la comunidad jurídica internacional y el establecimiento de estrategias comunes de formación para hacer frente a problemas criminales que involucran a la región.
Uno de los retos pendientes –a corto plazo y mediano plazo– es avanzar programas de capacitación continua directamente vinculados con las necesidades de fortalecimiento de las capacidades operativas de los fiscales y el personal técnico, así como tendentes al desarrollo de las habilidades requeridas para la movilidad dentro del régimen de la carrera del Ministerio Público.
A través de la Escuela Nacional Penitenciaria se logró impactar a mil ochocientos cinco (1,805) servidores penitenciarios; se incorporaron doscientos sesenta y nueve (269) agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) y se finalizó el programa de formación de 89 nuevos agentes, que serán incorporados en menos de un mes. De igual forma, se desarrollaron talleres para la elaboración del reglamento de aplicación de la Ley No. 133-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana.
Dictámenes, informes y aportes legislativos
La Procuraduría General de la República se encuentra al día en la presentación de los dictámenes ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Tribunal Constitucional, apoyando así la reducción de la mora judicial, en cumplimiento del debido proceso, lo cual permite a la ciudadanía obtener las decisiones de sus casos en un plazo razonable.
La Unidad de Gestión Inmobiliaria ha ofrecido apoyo técnico especializado en materia inmobiliaria a los demás departamentos del Ministerio Público, mediante decenas de opiniones técnicas que fortalecen la capacidad de respuesta a la ciudadanía en conflictos inmobiliarios de nuestra competencia, como los desalojos de inmuebles registrados, auxilio de fuerza pública, violaciones de propiedad e investigaciones penales en general.
La Unidad de Propiedad Intelectual ha implementado un sistema de atención para las víctimas de delitos de derecho de autor y propiedad industrial, mediante fiscales enlaces en cada una de las 36 fiscalías, quienes han sido especializados en la materia, y tienen a su cargo atender las denuncias y querellas por estas infracciones, que sumaron 468 casos en 2021.
El Ministerio Público socializó internamente la propuesta de modificación al Código Penal y, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Legislativo y Regulatorio, depositamos nuestras observaciones ante la Comisión Especial que tenía a su cargo el estudio de esta pieza legislativa.
El Ministerio Público elaboró una propuesta integral de reforma a la legislación de trata y tráfico de personas, con la integración de nuevas tipologías penales, agravantes, facultades investigativas, régimen procesal y sistema de protección integral a las víctimas. Esta ha sido remitida a la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes para el estudio correspondiente.
Otra iniciativa que estamos impulsando es la reforma de la Ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a fin de garantizar que sea acorde a la realidad de estos tiempos. La propuesta abarca la inclusión de tipos penales, el establecimiento del carácter de orden público de los delitos de alta tecnología, entre otros.
El Ministerio Público también ha estado inmerso en la elaboración del anteproyecto para modificación de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; así como de un anteproyecto de ley para protección de víctimas y testigos. Estas iniciativas serán oportunamente presentadas a las autoridades con iniciativa legislativa, para fines de discusión y posterior sometimiento del proyecto de ley ante el Congreso Nacional.
Sistemas penitenciario y ciencias forenses
En abril del año pasado, se adoptó la Ley No. 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana. Esta nueva legislación introduce cambios importantes con miras a fortalecer la gestión de los centros de corrección y rehabilitación para garantizar la reinserción social de la persona privada de libertad, conforme a sus derechos fundamentales, lo cual ha de propiciar una reducción en la reincidencia y erige al régimen penitenciario en un componente fundamental de la seguridad ciudadana y la paz social.
Acorde al nuevo marco legal, se ha trabajado progresivamente en la reestructuración de las áreas penitenciarias, creándose una dirección funcional integrada que permite fiscalizar los dos modelos que coexisten. Ello ha facilitado que se pueda iniciar la transferencia de experiencias institucionales desde el nuevo modelo penitenciario, para el continuo avance en la dignificación del cumplimiento de la pena privativa de libertad.
La gestión del régimen penitenciario es primordial en la agenda de la Procuraduría General de la República y consume una parte significativa del presupuesto de la institución.
A nuestra llegada al Ministerio Público suscribimos un acuerdo con Comedores Económicos para suplir la comida de los internos, en un momento en que se requería un aumento de las raciones, ante la prohibición de que los familiares ingresaran alimentos para evitar los riesgos del COVID-19. Ese contrato aumentó las partidas económicas que se disponían para la alimentación de los internos, al mejorarse la calidad de la comida y aumentarse la cantidad de las raciones en los centros tradicionales. Solo la Penitenciaria de la Victoria, por ejemplo, se aumentó de dos mil a ocho mil raciones de alimentos de mejor calidad.
La institución ha cumplido con el pago de ese contrato con Comedores Económicos, que asciende a un monto de mil cuatrocientos treinta y un mil millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos con veinte centavos (RD$1,431,758,519.20), pero hemos solicitado al Ministerio de hacienda que nos condonen una deuda de mil ciento treinta y seis millones trescientos quince mil cincuenta y cuatro pesos con sesenta centavos (RD$1,136,315,054.60) que encontramos de gestiones anteriores.
Reconocemos que la situación de sobrepoblación penitenciaria y los conflictos ocurridos en algunas cárceles del país ponen en evidencia que tenemos mucho camino por recorrer para dignificar el sistema penitenciario. Es imprescindible que las instituciones del sistema penal aunemos esfuerzos para abordar de forma urgente y prioritaria la sobrepoblación penitenciaria. Necesitamos conocer la situación particular de cada interno para evaluar las alternativas posibles, actuando responsablemente en el marco de nuestras respectivas competencias.
En cuanto al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), debemos destacar que en 2021 su Consejo Directivo se reunió por primera vez en seis años. Pretendemos impulsar las acciones correspondientes para que este pueda cumplir con la normativa legal vigente y se convierta en un órgano técnico independiente del Ministerio Público y al servicio general del Sistema de Justicia. Se trata de un reto que tiene más de una década de retraso, pero que aspiramos cumplir durante el ejercicio de nuestro mandato al frente de la institución.
Los esfuerzos institucionales que se requieren para controlar jerárquicamente la gestión del sistema penitenciario y fiscalizar la provisión de los servicios forenses, ameritan el establecimiento de un órgano distinto de la Procuraduría General de la República. Por ello, considero que debe ser abordado dentro de una agenda legislativa prioritaria la creación de un Ministerio de Justicia que asuma estas tareas y otras que trascienden el rol del Ministerio Público. La creación de este Ministerio no amerita una reforma constitucional, ya que los asuntos que proponemos traspasarle son de libre configuración legislativa, es decir, no han sido retenidos en la Constitución como competencias propias del Ministerio Público.
Damas y caballeros…
Queda así delineado de manera clara el camino que estamos dispuestos a recorrer con miras a robustecer el rol central de un órgano tan vital en el Sistema de Justicia, como lo es el Ministerio Público.
Los miembros de la institución debemos interiorizar y, por tanto, revelar en nuestro comportamiento una actitud de servicio, que garantice un trato humano a las personas involucradas en los conflictos penales, tanto a las víctimas como a los imputados. El fiscal está llamado a actuar con objetividad, para que la procuración de justicia no sea el reflejo de los prejuicios que podamos albergar, sino el resultado de las evidencias recabadas conforme al debido proceso.
Somos conscientes de los múltiples retos que afrontamos y trabajamos día a día para honrar la confianza depositada en nosotros para hacer realidad el sueño de un país en el que la justicia no sea letra muerta y en el que haya consecuencias más allá del escarnio público. La entrega y dedicación de los cientos de miembros y servidores del Ministerio Público a nivel nacional no serán en vano. Nuestra mayor responsabilidad es no defraudar a la sociedad, al cumplir con nuestra labor conforme a la Constitución y las leyes.
Conocemos las limitaciones financieras por las que atraviesan el país y el mundo, pero confiamos en que la institución continuará recibiendo el apoyo necesario para impulsar la transformación institucional que requiere la procuración de justicia conforme a las exigencias de la sociedad dominicana.
Espero que continuemos juntos transitando el camino de la institucionalización del Ministerio Público que, desde nuestra llegada, nos comprometimos a conectar con las aspiraciones de la ciudadanía.
Muchas gracias.