El Centro de Privación de Libertad El Pinito, en La Vega, se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalado como un escenario de abusos, tratos crueles y crímenes sistemáticos desde 2018.
Ante esta situación, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, ha demandado la remoción inmediata de todo el personal penitenciario y sanciones ejemplares contra los responsables de los múltiples casos de violencia institucional registrados en el recinto.
El más reciente caso que ha consternado a la sociedad es la muerte de Wilber Nicolás Vargas, quien perdió la vida tras un trauma cráneo encefálico ocasionado por golpes propinados por agentes penitenciarios. Este hecho está siendo investigado por la procuradora fiscal de La Vega, Aura Luz García, y se suma a una larga lista de episodios de violencia.
Entre los casos que resaltan en el historial del centro se encuentra la muerte por envenenamiento de un interno en enero de 2024, que resultó en la prisión preventiva del supervisor Delvis Johnson Minaya Rodríguez y del interno José Francisco Hiciano Moya.
Asimismo, Defensa Pública ha denunciado un patrón de abuso sistemático, como el incidente de julio de 2018, donde varios internos del pabellón B-3 fueron brutalmente golpeados por agentes identificados como Montas, Aquilino y Tapia, entre otros.
Otros hechos incluyen la muerte de Jorge Miguel Villafaña, alias Bombo, en abril de 2022, y el secuestro de un agente penitenciario en junio del mismo año. Más recientemente, en 2024, internos como Omar de Jesús Vélez y Alexander José Hernández Burgos denunciaron golpizas brutales a manos de agentes penitenciarios, señalando a Agramonte y Beltre como principales agresores.
La situación en El Pinito no solo evidencia fallas en la gestión penitenciaria, sino también graves violaciones a los derechos humanos. En agosto de 2024, se reportó que Carlos Daniel Henríquez Guerrero estuvo dos meses en aislamiento sin acceso a agua potable ni condiciones mínimas de dignidad, en un acto carente de justificación disciplinaria.
Rodolfo Valentín Santos ha solicitado formalmente al Director de Servicios Penitenciarios y a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, la desvinculación de los agentes implicados, así como una investigación exhaustiva para garantizar justicia y evitar futuros abusos. Además, ha instado al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, a intervenir de manera decisiva y priorizar la defensa de los internos por encima de agendas políticas.
La impunidad no puede ser la norma en El Pinito. Es hora de devolver la dignidad y el respeto a quienes cumplen condena en este centro. La reinserción social debe ser el objetivo de la pena, tal como establece la Constitución y la Ley 113-21, concluyó Valentín Santos.