La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) presentó la primera Política Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana (PNDA-RD) con la que se facilitará el acceso, uso, reutilización y redistribución de las informaciones públicas, con plena confianza en que tendrá un efecto transformador en la rendición de cuentas, el debate y la participación ciudadana.
Mediante el Decreto 103-22, la PNDA-RD fue concebida como una estrategia que establece los lineamientos para facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos de carácter público, con la finalidad de garantizar una cultura de apertura e innovación en beneficio de la ciudadanía.
Su aplicación es obligatoria para todos los organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo, ya sean centralizados o descentralizados, quienes están compelidos a realizar el levantamiento, estructuración y publicación de la información clasificada como prioritaria, en formato abierto y neutral.
“Estas políticas tendrán un efecto transformador en todos los sectores de la economía, potenciando la transparencia y la rendición de cuentas, así como el empleo inteligente de los datos del sector público”, expresó la directora general de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch.
Indicó que todos estos avances en materia de transparencia han dado paso a que la República Dominicana sea por primera vez sede de grandes eventos internacionales como la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe (Abrelatam y Condatos) y del Encuentro Regional de Gobierno Abierto de las Américas con la presentación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
En representación del presidente de la República estuvo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, además de ministros, alcaldes, directores institucionales y otros funcionarios. También estuvo la embajadora de la OEA en el país, Araceli Azuara.
La PNDA-RD tiene como antecedente un proceso de consulta pública a través de la realización de las mesas de diálogo “Co-Creación de la Política Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana”, con el apoyo de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las consultas iniciaron en marzo de 2021 con una vinculación directa entre la DIGEIG y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), en el marco de políticas de la Agenda Digital que coordina la Presidencia.
El mecanismo para la aplicación e implementación de la PNDA-RD estará integrado por diferentes actores de la sociedad (sector público, sector privado, academia, sociedad civil) que a su vez forman la Comisión Nacional de Datos Abiertos.
Este equipo interdisciplinario estará conformado por la Dirección General de Ética e Integridad, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), así como un representante de sociedad civil, de las mujeres en las TIC y de la academia.
Datos al alcance de todos
Con este adelanto, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental reafirma su principio de que los Datos Abiertos dan a los ciudadanos la materia prima que necesitan para interactuar con el Gobierno, supervisar el manejo de los fondos públicos y contribuir a la mejora de los servicios.
En ese sentido, Ortiz Bosch planteó que "no hay transparencia si no se colocan los datos en las manos del ciudadano: Los medios los analizan y las instituciones están obligadas a liberarlos. Es todo un ecosistema que se fortalece con la colaboración. No hay transparencia si no se colocan los datos en las manos del ciudadano”.
La afirmación de la directora de la DIGEIG coincide con los valores de la Carta Internacional de Datos Abiertos (2015), de que los gobiernos y otras organizaciones del sector público poseen grandes cantidades de datos de interés para los ciudadanos, y que estos a menudo son un recurso subutilizado.
La política de datos abiertos en el país se sustenta, entre otras normativas, en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante el Decreto 130-05.
Además de las normas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación – Nortic A2 y Nortic A3 sobre portales instituciones y sub-portales de transparencia y datos abiertos, respectivamente.