La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura, el proyecto de ley que regula las acciones de instituciones y funcionarios públicos durante el período de transición gubernamental.
La iniciativa del congresista de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, busca que se castigue con penas de hasta diez años de prisión el extravío, desaparición u ocultación de cualquier información por algún servidor público.
Según el artículo 4 del proyecto, el proceso de transición inicia al cuarto día de la proclama de ganadores por la Junta Central Electoral, y concluye el 16 de agosto con los actos oficiales de traspaso.
La iniciativa aprobada en la Cámara Baja establece que durante el traspaso de mando, las autoridades salientes no podrán ascender ni contratar nueva empleomanía, salvo docentes y personal médico, y estará prohibido donar o ceder bienes del Estado.
Para la transición se debe formar una comisión compuesta por los representantes del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Sistema de Monitoreo y Medición de la Administración Pública, Procuraduría General de la República, Ministerio de Administración Pública (MAP), y la contraparte de los posibles homólogos o posiciones afines.