La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), desarrolla un proyecto orientado a fortalecer las garantías de derechos y fomentar la reinserción de las personas privadas de libertad y los adolescentes en conflicto con la ley penal, cuya ejecución implica un presupuesto de 250 mil euros.
Caliope Malena, encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo de la DGSPC, expuso sobre los beneficios del proyecto en un discurso pronunciado durante la celebración del Premio a la Excelencia y Antigüedad del Servidor Penitenciario, realizado con ocasión del tercer aniversario de la Ley 113-21 sobre el Sistema Penitenciario.
En ese sentido, Malena destacó que “los beneficiarios directos de esta intervención no solo son las instituciones que integran el sistema penitenciario y los tutores de los menores privados de libertad, sino, también, toda la sociedad dominicana, al contribuir a consolidar un modelo penitenciario respetuoso de los derechos humanos y enfocado en la reinserción social”.
También, enumeró los resultados que ha tenido este proyecto desde que empezó a ejecutarse en el 2022, entre los que se encuentran: la reducción de la tasa de población privada de libertad de carácter preventivo y la mejora del tratamiento de las personas adultas (hombres y mujeres) privadas de libertad, enfocado a su reinserción social.
Asimismo, expuso que, para lograr estos resultados, se han enfocado en mejorar la atención integral de los internos, fortalecer la formación del personal penitenciario y promover políticas que garanticen el respeto a la ley y los derechos humanos.
La encargada de Planificación y Desarrollo de la DGSPC calificó este proyecto como un paso fundamental en el compromiso de garantizar la justicia, el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana en la República Dominicana.
El financiamiento de la Aecid permitirá que este proyecto se ejecute durante tres años sin requerir contrapartida del Gobierno dominicano, con el objetivo de favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad y los menores en conflicto con la ley, mejorando así la capacidad de respuesta del sistema penitenciario, destaca un comunicado de prensa divulgado por la Procuraduría General de la República.