InSight Crime destacó en un texto publicado este mes cómo la lucha dominicana contra la trata de personas que luego son forzadas a ejercer la prostitución encuentra en uniformados, empresas turísticas y en las redes sociales una tríada que logra frenar o al menos desacelerar su objetivo de acabar con esta lacra en el país.
Bajo el título "República Dominicana lucha contra explotación sexual desbordada", este centro de pensamiento y medio de comunicación sin ánimo de lucro -InSight Crime se identifica como ente que busca profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas-, se centra en la poderosa red recientemente neutralizada con la llamada "Operación Cattleya".
"La desarticulación de una gran red transnacional de trata de personas en República Dominicana reveló cómo docenas de mujeres de Colombia y Venezuela siguen llegando a la isla engañadas por ofertas laborales antes de ser obligadas a ejercer la prostitución", destaca.
Gracias a la detención de los involucrados en esta red, en lo que va de 2020 suman 82 las mujeres arrebatadas a estas redes, número que casi triplica las 29 víctimas del año 2021.
InSight Crime remarca que "más de 16 personas, incluidos agentes de policía activos y militares retirados, fueron imputados por el Ministerio Público por dirigir una red de explotación sexual que sometía a por lo menos 80 mujeres de nacionalidades venezolana y colombiana".
Detalla que las víctimas, de entre 18 y 23 años, eran reclutadas en sus países de origen para trabajar como meseras en Punta Cana, pero al llegar al país se les exigía el pago de deudas de entre US$3.000 y US$4.000 por los costos del viaje "y se las obligaba a trabajar en prostitución" para saldarlas.
La mitad del dinero por sexo "era para los traficantes y la otra mitad para saldar la deuda…, pero era difícil pagar la deuda en su totalidad pues se obligaba a las mujeres a consumir drogas y licor, cuyo costo se sumaba de manera arbitraria a la deuda existente".
Las amenazas con ser entregadas a las autoridades de migración se sumaban a las de dañar a sus familiares en caso de que boicotearan el negocio, se describe entre el listado de acusaciones de los fiscales.
Análisis de InSight Crime e informe TIP
"Si bien las autoridades dominicanas intentan intensificar la lucha contra la explotación sexual, estas iniciativas se ven socavadas por agentes corruptos que facilitan esas redes", reitera InSight Crime.
Recuerda que el informe de julio de 2022 sobre Trata de Personas (TIP, en inglés) del Departamento de Estado estadounidense, República Dominicana consta en el nivel 2 del escalafón de tres niveles.
Ahora mismo, añade, República Dominicana “no cumple los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos sustanciales para cumplirlos”,
“La corrupción y la complicidad de funcionarios públicos en los delitos de tráfico se mantuvieron como obstáculos importantes, pues inhibieron la acción de las autoridades a lo largo del año”, concluyó el informe sobre TIP.
La complicidad de la policía también tiene que ver con la explotación sexual de menores de edad, anotó el informe.
Este concluye con tres párrafos que aluden a las redes sociales y a empresas turísticas como parte del empeño delictivo de frustrar los objetivos de las autoridades sobre este flagelo.
La operación Cattleya además ilustra "cómo las empresas turísticas muchas veces facilitan las operaciones de trata de personas. Todas las mujeres fueron retenidas en varias residencias y hoteles en Punta Cana y Santo Domingo, según la PETT" (Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas).
Además, el hecho de que se ofreciera las mujeres a sus clientes en línea, por medio de redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp es otro factor que dificulta aún más la labor de las autoridades.
Antes de la pandemia, era común que se ofrecieran los servicios de las víctimas de trata en bares o en calles de la ciudad. Durante la pandemia, todo pasó a las redes, lo que las hizo menos visibles para las autoridades.
Aunque en el país ya no están vigentes las restricciones por la pandemia de COVID-19, la promoción a través de las redes permite a los traficantes llegar a una audiencia más amplia y reduce el riesgo de ser atrapados.