Un juez de EEUU despojó de la ciudadanía estadounidense al exteniente chileno Pedro Barrientos, quien en 2016 fue hallado "responsable" en una corte de Florida de la tortura y el asesinato extrajudicial en 1973 del cantautor y director de teatro Víctor Jara en un caso civil.

Según los documentos judiciales, el juez Roy Dalton, del Distrito Central de Florida, despojó de la ciudadanía a Barrientos por su papel en la muerte del cantante folclórico.

"Se revoca la naturalización del demandado Pedro Pablo Barrientos y se cancela el Certificado de Naturalización (…) emitido al demandado, con vigencia a partir de la fecha original de su naturalización, 17 de diciembre de 2010″, escribió el juez Dalton.

Barrientos adquirió de forma ilegal la ciudadanía porque, al haber cometido actos ilegales, prestado falso testimonio y participado en ejecuciones extrajudiciales, estaba invalidado para hacerlo, según el expediente judicial.

En 2016, un jurado de un tribunal federal en Orlando responsabilizó al exmilitar de la muerte de Jara tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.

El jurado pidió en 2016 al exmilitar chileno el pago de una compensación millonaria por daños y perjuicios para la familia Jara.

Los hechos sucedieron en el Estadio Chile, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Según los documentos judiciales, el exmilitar ingresó a Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante y siete años después se casó con una ciudadana estadounidense.

Barrientos contestó en los trámites migratorias, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar, ocultando ser teniente del Ejército de Pinochet.

Igualmente negó que había participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.

La demanda civil fue presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU), bajo la ley de protección de víctimas de tortura de 1991.

Desde entonces, la familia ha presionado también para que Barrientos sea extraditado a Chile.

El caso de Víctor Jara entra en su etapa final, 50 años después del crimen

Hoy mismo, el diario español ElPaís dio cuenta de la causa judicial adicional abierta en Chile dos décadas después de que el cantautor chileno fue detenido el 12 de septiembre de 1973, transcurrido un día del golpe de Estado de Pinochet.

El reporte del diario español:

Ha sido una coincidencia que el caso judicial del crimen del cantautor y director de teatro chileno, Víctor Jara, haya llegado a su fase final, a la Corte Suprema, en la víspera de que Chile conmemore, el próximo 11 de septiembre, los 50 años del golpe de Estado.

Víctor Jara fue detenido el 12 de septiembre, un día después del golpe que lideró el general de Ejército Augusto Pinochet (1973-1990), junto a las Fuerzas Armadas, que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) y arrancó con una dictadura de 17 años. Había ido a la Universidad Técnica del Estado (UTE), donde trabajaba, tras escuchar un llamado del mandatario a defender el gobierno de la Unidad Popular (UP).

Por el crimen hay siete exmilitares condenados en segunda instancia tras una larga investigación del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vásquez. Sus sentencias han sido confirmadas, e incluso elevadas, por los tribunales chilenos. Y esta semana, el martes 18, la Sala Penal de la Suprema chilena revisará la causa luego que los imputados, que niegan haber participado los asesinatos de Jara y de Quiroga, presentaran recursos de casación.

Es una causa judicial que partió en 1978 cuando su viuda presentó la primera querella por el homicidio del cantautor en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, patrocinada por el penalista Luis Ortiz Quiroga. Ocurrió en plena dictadura, con todo en contra, “en una época en que no se investigaba nada de nada”, dice a EL PAÍS Nelson Caucoto, el abogado que retomó el caso hace 24 años y quien alegará ante la Suprema. Pero, agrega, que aún así, hubo algunos avances.

Por ejemplo, a partir de 1979 la justicia chilena envío decenas de exhortos internacionales para interrogar a chilenos en el exilio que estuvieron detenidos en el Estado Chile, hoy Estadio Víctor Jara. Era una búsqueda compleja, pues en ese lugar, del centro de Santiago, hubo miles de personas apresadas por orden de la dictadura. El abogado recuerda que fue Joan Jara quien consiguió ubicar a los testigos.

Nelson Caucoto ha dedicado toda su carrera, desde 1973 hasta hoy, a representar a víctimas de violaciones a los derechos humanos de la dictadura y a sus familias. Y fue en 1999, un año después de que Pinochet fue detenido en Londres por orden del exjuez español Baltasar Garzón y acusado por crímenes de lesa humanidad, que Joan Jara y su hija Amanda llegaron hasta su oficina -un lugar pequeño en el centro de Santiago repleto de antiguos expedientes- para plantearle que se reactivara el caso. Entonces llevaba más de dos décadas cerrado y sin ningún procesado.

Con el reimpulso judicial que vivía Chile por la detención de Pinochet, el abogado pidió el desarchivo del proceso. Sin pausa, presentó decenas de escritos. “La gran interrogante era saber cuál era la estructura de mando del Estadio Chile, pero estuve más de cinco años sin saberlo”, rememora. “Le preguntamos al Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y nadie sabía…Era manifiesto el interés de que no se investigara”.

El proceso, nuevamente, se lentificó. Frustrado a ratos, pero con audacia, Caucoto pensó en otra estrategia. Ocurrió en 2004, cuando pidió que declarara la Junta Militar que encabezó la dictadura. No todos sus miembros estaban vivos, pero sí Pinochet. “Ese fue un punto de inflexión”, dice el abogado. Aunque el dictador no testificó -su defensa lo excusó pues había sido sobreseído en otro caso, los crímenes de la caravana de la muerte, por una demencia subcortical-, su solicitud puso en la agenda pública el caso de Víctor Jara. Entonces vino una nueva fase: aparecieron los testigos en Chile, entre ellos un exconscripto que entregó información clave. “Debemos tener más de 200 declaraciones”, apunta el abogado.

La historia judicial es mucho más larga y compleja. Pero, finalmente, ha llegado el momento crucial, a 50 años del asesinato de Víctor Jara, y que tiene al abogado a punto de dar el último alegato del caso.

Para Caucoto, que representa también a la familia de Littré Quiroga, que la fase final coincida con la conmemoración de los 50 años el golpe de Estado en Chile, tiene “de agraz y de dulce”.

Parte por lo agraz: “Me da vergüenza que tuviéramos que esperar 50 años para conocer el resultado de un juicio de un crimen atroz. Pero uno también tiene que conjugar una serie de factores, porque los juicios en Chile comenzaron recién el año 2000, cuando se designaron los jueces de derechos humanos con dedicación exclusiva. Antes no hubo justicia. No hubo nada”.

Termina con lo dulce: “El de Víctor era un crimen que estaba construido para que no se resolviera jamás, para quedar archivado en el cajón de algún tribunal. Por eso es tan valioso que se haya llegado hasta dónde se llegó. Porque, con todas las dificultades, si hay compromiso de los jueces, tú puedes aclarar todos los crímenes”.