La acusación fue depositada en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal contra Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar y Mercedes Altagracia Vidal, propietarios de la empresa Vidal Plast SRL, donde se originó la fuerte explosión que ocasionó el siniestro.
"Torpeza, imprudencia, negligencia…"
El Ministerio Público indica que, "de su torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos previstos para las actividades comerciales de almacenamiento de plásticos, de salud y medioambientales", los imputados ocasionaron la explosión mortal en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, (Antiguo Mercadito), de la provincia San Cristóbal.
La acusación, recogida en un comunicado, agrega que la inobservancia de los reglamentos cometida por los imputados empezó a dar señales de alerta el día 18 de marzo del 2023, cinco meses antes del siniestro, cuando en horas de la mañana, Manuel Hernández, conjuntamente con sus trabajadores, se encontraban realizando trabajos de herrería en la que fuera su oficina.
Ese día saltó una chispa hacia el área donde se encontraba el almacenaje de plástico que allí tenía la empresa Vidal Plast, SRL, acción que desató una reacción química de denso humo irritante y calor que le ocasionó quemaduras a uno de los empleados.
Explica que al lugar del siniestro se presentaron los miembros del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, quienes después de identificar que no estaban ante un incendio provocado por la electricidad, sino por una sustancia desconocida, lograron determinar que el detonante de dicha explosión fue el químico de nombre Autofina-Luporox A 70S (peróxido orgánico 5.2).
Se trata de un producto utilizado en las industrias de plástico y caucho para la fabricación y modificación de polímeros, los cuales tienen diversos usos en el quehacer cotidiano.
Este químico, potencia el material a diluir convirtiéndolo en más provechoso para los fines a los que se dedicaba la empresa imputada, señala la acusación,
El Ministerio Pública asegura contar con 128 elementos de pruebas, testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales en contra de los acusados por la explosión, quienes cumplen distintas medidas de coerción.