Empleados de la carrera administrativa del Programa Comunidad Segura, antigua Dirección de Comunidad Digna, denunciaron que fueron excluidos "arbitrariamente" de la nómina de la institución y que por ende no reciben sus salarios desde diciembre pasado, cuando se les despojó del seguro de salud debido a que no están cotizando al Sistema de Seguridad Social.

Los profesionales denunciantes, con 14 y 17 años de servicio en el Estado, explicaron a los periodistas que el encargado de Comunidad Segura, David Polanco, se rehúsa a incluirlos en la nómina de la nueva institución argumentando que "hay choque de funciones" con las posiciones existentes en el Ministerio de Interior y Policía, instancia de la que depende ahora la entidad.

Sin embargo, funcionarios de Interior y Policía contactados por los afectados les explicaron que no han tenido ningún contacto o intervención con relación a la nómina de los empleados de carrera enviada por David Polanco al Ministerio de Administración Pública, que es el órgano que la valida.

Los empleados de la carrera administrativa de Comunidad Segura excluidos de nómina lamentan que un reconocido dirigente comunitario y popular, como es el encargado de esa institución, David Polanco, incurra  en tamaña violación de la ley que protege a los trabajadores de la Administración Pública que, además, entraron mediante concurso y son sometidos a evaluaciones cada año.

Resaltan que siguen asistiendo diariamente a Comunidad Segura, pese a que David Polanco les informó que deben buscar solución a su situación en el Ministerio de Administración Pública ya que él, supuestamente, no puede incluirlos en nómina, aunque el artículo 64 de la Ley de Función Pública lo obliga a reubicarlos y compensarles el tiempo trabajado.

Los empleados de carrera de Comunidad Segura piden al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, gestionar que Polanco abandone su posición de espaldas a la ley y los incluya en la nómina y que, además, les paguen los salarios atrasados.

De lo contrario, advierten, se verán obligados a acudir a los tribunales a reclamar que se respete sus derechos, como a todo dominicano.