Los Centros de Desarrollo Sostenible (Cedeso) y para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (Obmica) solicitan la intervención del Consejo Nacional de la Niñez (Conani) y el Ministerio de la Mujer ante el incremento de las deportaciones de migrantes embarazadas y menores de edad, detenidos en operativos migratorios que violan el debido proceso.
A pesar de que la normativa nacional prohíbe la deportación de migrantes embarazadas, lactantes, niños/as, adolescentes, adultos mayores y solicitantes de asilo, el monitoreo de derechos humanos que realizan Cedeso y Obmica en la zona fronteriza y la Región Enriquillo, en el marco del Proyecto Trato Digno, da cuenta de un alarmante incremento de incidentes migratorios que involucran a estos grupos protegidos por Ley.
De acuerdo a los reportes mensuales realizados por el Grupo de Apoyo para Retornados y Refugiados (GARR), que brinda asistencia en la zona fronteriza haitiana, desde noviembre de 2021, unas mil 50 migrantes embarazadas y 453 infantes, muchos de ellos sin la compañía de sus padres, han sido retornados de manera expedita hacia el vecino país por la Dirección General de Migraciones (DGM) y organismos de seguridad.
En los operativos arbitrarios, independientemente de su edad o estado de salud, la DGM recluye a las personas en centros de acogida o destacamentos en condiciones deplorables, con precariedad de agua y alimentación.
Asimismo, los migrantes suelen ser hacinados en vehículos para su traslado a la frontera, la mayoría de las veces sin verificar su estatus legal, arraigo ni permitirles informar a familiares y amigos.
Las organizaciones subrayan la situación de riesgo agravada que viven durante las detenciones los niños, niñas y adolescentes, como el caso de “Junior” (nombre ficticio para proteger su identidad), de 13 años, detenido en Monte Plata y trasladado a Elías Piña, sin la compañía de un adulto responsable. El menor fue abandonado en un punto de la provincia fronteriza, donde una señora le facilitó comunicación y transporte para reunirse con su familia, quienes luego de su repentina desaparición, lo buscaron desesperadamente durante 48 horas.
En septiembre de 2021, el Consejo Nacional de Migración (CNM-RD) emitió una serie de medidas restrictivas con un sesgo de género, con las que se limitó a casos de emergencia el acceso al servicios de salud y prohibió la entrada al país de extranjeras no regularizadas con embarazos notorios o a partir del sexto mes, lo que ha hecho de los centros de salud materno infantil espacios de redadas de mujeres que acuden a los hospitales en busca de asistencia para ellas y sus hijos, acción catalogada de violencia obstétrica a gran escala por grupos feministas en toda la región.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) han recomendado al Estado dominicano poner fin a las repatriaciones de mujeres en gestación y niños. En respuesta, el gobierno dominicano niega la deportación de menores sin compañía y alega contar con un protocolo de repatriaciones de mujeres embarazadas, documento que todavía no ha dado a conocer públicamente.
Cedeso y Obmica instan a las autoridades a implementar mecanismos que garanticen la protección a grupos vulnerables. Ambas organizaciones lideran el Proyecto Trato Digno, iniciativa a favor de los derechos de las personas migrantes, el cumplimiento del debido proceso en materia de deportaciones y el fortalecimiento de capacidades de actores clave para la prevención de atropellos y el monitoreo de incidentes migratorios.