El Consejo de Defensa del Parque Nacional Mirador Norte hace un llamado al presidente Luis Abinader para que derogue el decreto 1130-03, el cual cedió 70 hectáreas del Parque Nacional Mirador Norte para el desarrollo de un Parque Jardín Cementerio (cementerio Jardín Memorial).
El referido decreto fue emitido en el 2003, por el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, quien cedió el terreno al empresario venezolano Carlos Termini Bellone, según los miembros del consejo, violando el artículo 1 de la Ley 389, el cual establece que los bienes inmuebles otorgados en donación por el Estado dominicano a los organismos autónomos de su dependencia no podrán ser transferidos en ninguna forma a menos que cuenten con la aprobación del Congreso Nacional.
“Ese decreto fue hecho por una persona muy errática… que hace ese tipo de chiste, pero lamentablemente eso es y será siempre parte de un área protegida, en la cual se ha hecho ese crimen ecológico”, manifestó Perla Pérez, miembro del Consejo de Defensa del Parque Nacional Mirador Norte.
En ese mismo orden, el decreto también viola la 202-04 conocida como Ley Sectorial de Áreas Protegidas, la cual establece en su artículo 14, categoría II que en los Parques Nacionales están permitidos los usos para investigación científica, educación, recreación, turismo de naturaleza o ecoturismo, infraestructuras de protección y para investigación, infraestructuras para uso público y ecoturismo en las zonas y con las características específicas definidas por el plan de manejo y autorizadas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, en los referidos usos no está incluido la utilización del terreno para la construcción de un cementerio.
La parcela cedida está dentro de los límites del cinturón verde en la Zona D, de Santo Domingo Norte, indicó el Consejo de Defensa.
El presidente de la entidad, Juan José García y el ecologista Orestes Salvador, exigieron que se declare público el cementerio Jardín Memorial y que se detenga el proyecto de ampliación del campo santo en los terrenos del Parque Nacional Mirador Norte.
Además, sugirieron la supervisión estatal en la administración de los nichos existentes, considerando que los mismos están en territorio de dominio estatal.
De igual forma, en las áreas donde no hay personas sepultadas, así como los espacios donde han talado árboles, los ambientalistas requieren la remediación ambiental del terreno, indicando que en estos se puedan sembrar árboles propios de la zona.
Añadieron que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe dejar sin efecto la licencia ambiental otorgada en favor del Jardín Memorial.
Entienden que el Gobierno debería implementar medidas para preservar el medio ambiente, tales como no permitir que continúen sepultando más personas en esos terrenos, limitándose solamente a las áreas ya construidas.