El llamado "Consejo de Defensa" del exprocurador Jean Alain Rodríguez negó rotundamente todas y cada una de las que llamó "falsas acusaciones" contenidas en el documento entregado en el día de hoy con el listado de acusaciones, "el cual carece de pruebas materiales" en contra de su defendido, aseguraron.
"La simple confesión o testimonio no es un medio de prueba, mucho menos cuando se trata de autores de delitos", subrayaron en relación a acusados que supuestamente han negociado con los fiscales a cambio de que pidan a los tribunales penas menores, entre ellos Rafael Steffano Cano Sacco, el ex jefe de Gabinete de la Procuraduría en tiempos de Rodríguez.
Cano Sacco es además presidente del movimiento político Renovación.
Resaltaron que de una lectura preliminar al voluminoso expediente de los cerca de 400 interrogatorios "no evidencian" que el exprocurador haya solicitado o aceptado sobornos, pagos irregulares en su beneficio, "lo que si sucede" con el ex jefe de Gabinete y dos empresarios que no identifican y que estiman que también han apuntado contra Rodríguez.
Muy por el contrario, dicen los abogados del exprocurador, "resulta insólito que en más de 100 interrogatorios, reales o no, el ex jefe de gabinete y presidente del movimiento político Renovación, Rafael Canó Sacco, sea directamente señalado de graves y serios crímenes contra el erario, y hasta la fecha no figure como imputado".
En un caso de alegada corrupción administrativa, la persona que revisaba y aprobaba absolutamente toda actuación y que coordinó absolutamente todo lo relativo al movimiento político Renovación, "incluyendo todas las contribuciones de campaña y pagos a presuntos asesores mexicanos, esté prófugo y con un simple “yo no fui”, “fue él”, sin ninguna prueba más que un burdo testimonio, sea el fundamento de una acusación", subrayan.
Los miembros del llamado "Consejo de Defensa" reiteraron que “es inverosímil que Rafael Canó Sacco no figure en la acusación cuando hay cientos de pruebas que lo comprometen".
Al respecto, el abogado defensor Carlos Balcácer recuerda que el Art. 65 del Código Penal "establece bien claro que los crímenes y delitos que se cometan no pueden ser excusados, ni la pena que la ley les impone puede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en que la misma ley declara admisible la excusa, o autorice la imposición de una pena menos grave”.
Los abogados defensores demandan que Canó Sacco, que al parecer se encuentra en España, sea traído al país a enfrentar la justicia como los demás señalados.
“Es evidente que el señor Canó Sacco fue excluido del expediente ante aparente negociación, de la cual no se tiene detalle alguno. Si el Ministerio Público acordó algún tipo de negociación que involucra una recuperación monetaria y aplicación de algún tipo de pena, debe ser explicada a la ciudadanía", reclamaron.
Insisten en que "sorprende que, convenientemente, el nombre de Canó Sacco ni se menciona en los medios cuando es el hombre que ha sido señalado como autor o cómplice de muchas de las imputaciones que contiene la acusación", añadió a su vez Gustavo Biaggi Pumarol, otro miembro del llamado "Consejo de Defensa" de Rodríguez.
"En ese expediente se evidencian graves imputaciones y un trabajo extenso de la PEPCA (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) con personas que dicen haber sido extorsionadas, que pagaron peajes, sobornos y que se utilizaron recursos de la institución para fines políticos y todas señalan a Rafael Canó Sacco de manera clara y puntual", recordó.
"De ser ciertas esos graves señalamientos -prosiguió-, como responsable ya es entendible, aún sea un acto de cobardía y criminal, que haya escapado del país y se haya escondido por meses; además de resistirse a una extradición para evadir sus responsabilidades".
Subrayan sobre Canó Sacco que el Ministerio Público y el país "no pueden creerle a un prófugo de la justicia, presunto autor de delitos y crímenes, darse el lujo de que estos hechos queden impunes y que sean acusadas las personas erróneas".
Si en la gestión del exprocurador "se cometieron errores no solo en la contratación de personas equivocadas u otros", aseguraron que Rodríguez "sería el primero en reconocerlo con la misma transparencia y valor que lo ha hecho desde el primer día, trabajando junto al Ministerio Público en la búsqueda de la verdad para lograr la justicia que tanto necesita y reclama nuestro país".
"Podemos asegurar que es totalmente falso el que se haya contratado o propiciado una campaña de difamación en contra de algunos destacados líderes de opinión como se ha dicho en la prensa”, afirmó a su vez el abogado defensor Francisco Franco.
Todos ellos subrayaron que "el ex procurador probará el origen lícito de todos y cada uno de sus bienes y que su declaración jurada corresponde con la realidad".
A modo de ejemplo, apuntaron a que la PEPCA "por error le está atribuyendo haber exagerado su patrimonio tomando como referencia el valor registrado en la DGII para inmuebles como prueba de falsedad en la declaración jurada, cuando todos sabemos que los valores oficiales de dicha institución son menores a los reales o del mercado que fueron presentados por nuestro cliente".