Los abogados de la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez acusaron al Ministerio Público de haber filtrado a la prensa el informe emitido por la Cámara de Cuentas sobre la gestión en obras carcelarias de la Procuraduría General bajo el mando de su defendido y hacerlo, además, de forma parcial, "omitiendo las partes importantes donde se establece que no hubo ni sobreevaluación ni sobornos en la ejecución del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario".
"Esta omisión constituye una falta de objetividad del Ministerio Público", dicen los miembros de la defensa que en un escrito subrayan que “no deja de sorprender la manera irresponsable con la que actúa el Ministerio Público, que desde el inicio del proceso ha violentado y vulnerado el debido proceso de ley".
"Ahora tienen el descaro de no solo de mentir y manipular las informaciones, sino que filtran documentos e informes previos a ser notificados a las partes interesadas y, peor aún, antes de que en este caso el mismo órgano que lo emite, la Cámara de Cuentas, lo publique en su portal oficial como establece la ley", apunta.
El abogado Carlos Balcácer insistió en que los fiscales "omiten partes importantes del informe a su conveniencia", entre ellas que la Cámara de Cuentas apuntó al "enorme deterioro y abandono en el que se encuentran las edificaciones y la responsabilidad de la actual Procuraduría General de la República en su mantenimiento y conservación”.
La Cámara de Cuentas, además, añade, "desconoció la petición de Jean Alain Rodríguez sobre el acompañamiento de un perito que pudiera validar juntamente con los auditores de dicho órgano sobre los supuestos hallazgos e incumplimientos", exclusión que -denunció- "viola el debido proceso y desacata una resolución judicial" al respecto.
El abogado Balcácer agrega que la Cámara de Cuentas "ahora desconoce y no publica en su resolución que la documentación no suministrada fue por parte de la actual Procuradora General quien no las proporcionó, ya que al exprocurador, en contra de todos los procedimientos legales, nunca le han dejado formar parte de una investigación en su contra, a pesar de estar siempre dispuesto a colaborar".
El informe puesto en circulación "de manera ilícita en el día de hoy -prosigue la denuncia de la defensa- resalta hallazgos meramente administrativos que no son ilícitos penales, pero les sirven (a los fiscales) para justificar sus falsedades al estar carentes de pruebas que sostengan la imputación y privación de libertad de más de un año a la que ha estado expuesto el ex procurador Jean Alain Rodríguez".
El Ministerio Público estima que Jean Alain Rodríguez y los otros imputados en el llamado Caso Medusa integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Jean Alain "tiene cómo justificar cada peso"
“Nuestro cliente tiene cómo justificar cada peso que ha ingresado (en su bolsillo) en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos, ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie”, manifestó a su vez Francisco Franco, otro abogado defensor del exprocurador.
Uno y otro defensor de Rodríguez coincidieron en que la publicación de dicho informe "no solo viola los derechos y garantías procesales, sino que es nulo de pleno derecho de actos de acuerdo con el Art. 14 de la Ley Sobre los Derechos de las Personas y sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo No. 107-13″.
Lo que fue detectado
Entre las anomalías que la Cámara de Cuentas detectó y destacó en su informe figura la falta de planificación de las obras por un monto final contratado de 8 mil 535 millones 985 mil 106 pesos.
Asimismo, la inauguración y compra de equipamiento sin culminar obras de construcción por 1,526,048,964 pesos.
Además, el pago por más de 600 millones de pesos sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía y la adjudicación de un contrato por más de 103 millones de pesos a una empleada del Ministerio de la Presidencia.
Allanaron las instalaciones de la Cámara de Cuentas
Por último, los defensores del acusado exprocurador recuerdan que en enero del año pasado la Procuraduría General "allanó las instalaciones de la Cámara de Cuentas sustrayendo miles de documentos oficiales declarando haber encontrado pruebas de supuestos delitos de corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra sus actuales integrantes".
Sin embargo, rematan, "a la fecha no se conoce ningún tipo de investigación al respecto, ni se da cuenta de documentos faltantes resultado de dicho allanamiento".