En el marco del juicio de fondo del caso Antipulpo, el Ministerio Público ha sido cuestionado por la defensa del imputado Fernando Rosa, tras revelarse que se llevó a cabo un allanamiento en la residencia de la hija de Rosa, donde habitan personas no implicadas en el caso.

Durante el contra interrogatorio al fiscal Andrés Mena, realizado por la abogada Emery Rodríguez, se discutió la legalidad y pertinencia del operativo. Mena sostuvo que el allanamiento fue realizado bajo una orden judicial.

No obstante, la abogada Rodríguez insistió en que la orden estaba dirigida específicamente a la residencia de Fernando Rosa, no a la de su hija.

En el operativo, se confiscaron varios objetos, entre ellos dinero en efectivo, celulares, laptops, tabletas y un arma de fuego perteneciente al esposo de Fernanda Rosa.

Al ser cuestionado sobre la razón para confiscar estos bienes sin que sus propietarios fueran investigados o arrestados, el fiscal Mena se limitó a decir que se recolectaron "evidencias relevantes" para la investigación.

"La abogada Rodríguez subrayó que la orden de allanamiento no incluía la vivienda de la hija de Rosa, y criticó la falta de arrestos o investigaciones sobre los habitantes de la residencia allanada.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró receso de la audiencia hasta el próximo lunes, 26 de agosto a las 9:00 de la mañana.

Los implicados en el Caso Antipulpo enfrentan acusaciones que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos, y otros delitos relacionados con corrupción.

Además de Fernando Rosa y la empresa RyT, figuran como imputados Antonio Florentino Fulvio, Antonio Cabrera el exministro de Salud Pública, Lorenzo -Freddy- Hidalgo, actualmente se encuentran en juicio de fondo por este caso Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Rigoberto Alcántara Batista, José Idelfonso Correa y Libni Valenzuela.

También Francisco Brea, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa.

Asimismo, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao, la compañía Editorama y Juan Alexis Medina Sánchez (principal imputado), así como empresas de su propiedad.